Desde hace varios años que las legislaciones y los organismos internacionales han venido preocupándose de la inserción de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Las soluciones han pasado desde meras normas antidiscriminación, llegando incluso a la necesidad de que los Estados adopten medidas positivas en la materia. Es así como muchos países, considerando la alta tasa de desocupación de este tipo de trabajadores, han optado por introducir un sistema de cuotas obligatorias para empresas y Estado de trabajadores con discapacidad con los que se deben contar del total de contratados.

Nuestro país, siguiendo políticas adoptadas en países como España y Alemania, ha comenzado a impulsar tres proyectos de ley en el Senado que pretenden fijar una cuota mínima de trabajadores con discapacidad en el sector público y privado.

Si bien se comparte el diagnóstico generalizado de que las políticas públicas en la materia han tenido un resultado deficiente, existen claras diferencias en el modo de enfrentar el problema. El sistema de cuotas no parece ser un mecanismo eficiente para incentivar la inserción laboral, pues genera una estigmatización del trabajador con discapacidad, toda vez que su contratación implica una imposición por parte del Estado y no una libre elección, relegando en muchos casos a estas personas a trabajos poco calificados o rutinarios con mínimas posibilidades de promoción.

Una buena medida en la materia sería la creación de un estatuto laboral especial para las personas con discapacidad, de modo de convertirlos en trabajadores que cuenten con ventajas comparativas en relación con los demás, favoreciendo el hecho que los empleadores opten libremente por su contratación. Para esto es necesario adaptar ciertas normas laborales generales a condiciones particulares, por ejemplo, estableciendo contratos polifuncionales, flexibilidad en materia de jornadas de modo de conciliar tratamientos, descansos y trabajo, y favorecer el teletrabajo o trabajo a distancias de modo de acercar el trabajo a las personas y así evitar deserción.

Finalmente, es necesario potenciar el trabajo por cuenta propia a través de medidas que, por una parte, apunten a la formación y capacitación y, por otro, el incentivo de fondos concursables para financiar microemprendimientos, potenciándolos como futuros empleadores.

Es preciso generar buenos incentivos para la contratación de trabajadores y la formación de nuevos emprendedores y así mejorar las condiciones de vida de personas discapacitadas y sus posibilidades de trabajo y desarrollo.

Columna de Sergio Morales C., Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.-