Hace dos semanas se firmó el proyecto de ley que busca introducir cambios en la normativa relativa a la formación y carrera docente. Este es un proyecto complejo que hace varias modificaciones, pero a continuación me referiré a una de ellas: la creación del nuevo sistema de certificación obligatorio para quienes deseen ejercer como profesores en el sector subvencionado (municipal y particular).

Esta se basa en una medición centralizada del desempeño docente, que se compone de una prueba de conocimientos y de un portafolio como el que contiene la actual evaluación docente (que consiste en el video de una clase y material preparado por el profesor para evidenciar sus buenas prácticas pedagógicas). Los resultados de esta evaluación, así como los años de experiencia del profesor, permitirán ubicarlo en alguno de los cinco tramos de desarrollo profesional que define el proyecto de ley, cada uno de los cuales irá ligado a una asignación extra para aumentar su remuneración. Asimismo, constituirá un motivo de desvinculación para docentes principiantes que no logren certificarse en el nivel mínimo luego de tres años y para quienes no logren avanzar al segundo nivel de desempeño después de nueve años en el tramo Inicial.

La implementación y la ejecución de esta certificación estarán en manos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Docentes (CPEIP), entidad que forma parte del Ministerio de Educación, y cuyo director es un cargo de confianza del gobierno de turno.

En el caso del sector municipal, hoy la gestión docente se encuentra altamente centralizada debido al Estatuto Docente; en el sector particular subvencionado, en tanto, debido a que los contratos se rigen por el Código del Trabajo, existe una mayor autonomía en este sentido. En aquel contexto, consideramos que este intento por vincular desempeño y remuneraciones constituye un avance en el caso de los establecimientos municipales, mientras que para los particulares constituye un retroceso: la extensión de una evaluación docente centralizada en desmedro de los mecanismos ya existentes significa que se le quita a la escuela (para entregarle al Estado) una parte importante de la gestión de sus profesores.

Así, si bien celebramos la búsqueda de un mecanismo para aumentar la relevancia del desempeño del docente a la hora de determinar su remuneración en el sector municipal, y que además lo considere de alguna forma como causal de desvinculación, estimamos que la evaluación propuesta es demasiado centralizada y que se está delegando en el CPEIP funciones que debieran entregarse a las escuelas, específicamente al director. No contamos con antecedentes para pensar que una evaluación como la propuesta -y como la actual- podrá recoger correctamente las condiciones del entorno en que se desenvuelven los docentes en cada rincón del país, de manera de poder discriminar adecuadamente las diferencias en su desempeño en la sala de clases. ¿Podrá el CPEIP -a través de una evaluación como ésta- identificar el buen desempeño de un profesor de un liceo de la comuna de Providencia, y a la vez del de una escuela rural en Colchane? Difícilmente.

En cambio, somos partidarios de que se incluya una medición descentralizada del desempeño docente, que tome en cuenta la realidad de cada establecimiento, de sus alumnos y de su entorno. Para esto, creemos que se debiera fortalecer el rol del director -que queda fuera de este proyecto, a pesar de ser el llamado a liderar el proceso educativo-, entregándole más poder en las decisiones concernientes a la evaluación y gestión de sus profesores. Actualmente, más de la mitad de los alumnos del sector municipal asiste a un establecimiento cuyo director fue seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y para el 2016 se espera llegar al 100%. La Ley de Calidad y Equidad (2012) determinó este mecanismo justamente pensando en la necesidad de contar con mejores directores, a quien se pudiera delegar la gestión de los docentes, y sin embargo, el proyecto en discusión los relega completamente.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-