A la espera de los resultados de la audiencias de formalización en el Caso Penta, permítanme algunas reflexiones acerca del caso Caval. Como se sabe, las actuaciones del hijo de la Presidenta de la República y su esposa en la obtención de un crédito para la empresa Caval y la compra de terrenos en la comuna de Machalí con millonarias ganancias han sido fuertemente cuestionadas por la opinión pública.

Vale la pena, no obstante, entrar a un análisis más detallado de los fundamentos de esas objeciones para determinar qué actuaciones son, o serían, verdaderamente cuestionables y cuáles, en cambio, son habituales en este tipo de negocios y no merecen reproche.

Es muy válido este ejercicio porque algunos hay quienes objetan el negocio por las razones incorrectas y ello lleva, inevitablemente, a plantear soluciones también equivocadas a la hora de las propuestas.

Por ejemplo, se ha cuestionado el hecho de que la ganancia se haya obtenido a partir de especulación acerca del valor de los terrenos. La verdad es que esto no tiene nada de malo cuando quien compra tiene un juicio o convicción acerca del valor futuro de esos terrenos que se basa en un análisis personal sobre el potencial uso de ellos, que por original o imaginativo el vendedor del terreno no puede adivinar. Hay allí un valor agregado por el comprador que fue capaz de prever, con la información disponible públicamente, algo que otros no fueron capaces de visualizar.

Distinto es si quien compra el terreno tiene una información adicional que quien vende no posee, porque el comprador está en una posición privilegiada para obtener esa información; a partir, por ejemplo, de su cercanía o influencia sobre  alguna autoridad que tiene el poder o la potestad de tomar decisiones que cambiarán el valor del terreno. Es el caso del cambio en el uso de suelo que permite mayor constructibilidad o incluso la utilización del terreno para fines distintos (habitacionales, comerciales, industriales) al que tenía hasta la fecha. Cualquiera de esas circunstancias hace subir abruptamente el valor del sitio, y quien se aprovecha de esa situación está haciendo uso indebido e ilegítimo de información privilegiada.

Más grave aún sería que el comprador del terreno tuviera la capacidad de influir sobre autoridades públicas que con sus decisiones acerca del uso del suelo o de su constructibilidad cambien sustancialmente el valor de sus terrenos. Allí no solamente estaríamos frente al uso de información privilegiada, sino derechamente ante tráfico de influencias.

Tratándose de conductas de esta gravedad, hay que ser extraordinariamente cautos y precisos en la imputación y la prueba de ellas. No pueden hacerse, en este caso así como en otros, acusaciones al voleo que después no se demuestran.

Ganar dinero, como ocurrió con la empresa Caval, no es ilegítimo ni reprobable moralmente si se hace en buena lid. La desazón de algunos personeros de la izquierda por el solo hecho que en este negocio se haya obtenido ganancia a partir de especulación inmobiliaria es beatería, que sólo tiene explicación si alguien auténticamente creyó esa insensatez de que no es bueno el afán de lucro en las actividades humanas.

Ganar mucho dinero, como también sucedió en este caso a criterio de la mayoría, tampoco es ilegítimo ni reprobable, y el reproche sólo se explica si alguien, verdaderamente, comulga con esa rueda de carreta que nos dice que la igualdad es un valor absoluto que hay que perseguir en toda circunstancia.

Con esas concepciones acerca de la desigualdad y el lucro, una sociedad no puede progresar y no habría ni negocios ni ganancias que muevan a las personas a esforzarse para obtener mejores condiciones de vida o desarrollar su creatividad con una legítima recompensa.

Distinto es el caso de ganancias que se obtienen a partir del abuso de una posición; más aún si esa posición no ha sido labrada a partir de méritos propios sino de una relación de parentesco o de amistad. Pero eso es harina de otro costal y debe ser probado.

Hay, en consecuencia, diferencia entre una actitud basada en una sólida moral y una derivada de simple y ramplona moralina.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-