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Inauguración del año judicial 2015

El Mercurio

jose fco garciaEste lunes inaugurará un nuevo año judicial el Presidente de la Corte Suprema. Lo hará en un contexto de cambios profundos que viene experimentando nuestro sistema jurídico en los últimos años y en donde la Corte Suprema está jugando un rol fundamental, el que muchas veces, más que ser uno de contrapeso institucional, se transforma en protagonismo respecto de definiciones centrales de marcos regulatorios relevantes de nuestro país.

En los últimos años, la Corte Suprema ha tenido un papel decisivo en la evolución del Derecho Chileno. Alejándose de su tradicional rol de aplicador del derecho vigente, ha comenzado a ser un cada vez más activo protagonista del proceso de definición (y reforma) de marcos regulatorios, lo que es extraño a la tradición judicial chilena. Es lo que ha ocurrido en el campo de la salud con la Ley de Isapres o en materia medioambiental, donde la Corte Suprema, en algunas ocasiones ha suplantando las decisiones que en estos ámbitos han tomado el legislador y el regulador experto. En materia de salud privada hoy tiene la última palabra en materia de fijación de precios de los planes de las Isapres. En materia ambiental, la sentencia del proyecto Castilla llevó al clímax su protagonismo: contra texto expreso de la ley utilizó el principio de precaución. Y si bien más adelante dio un pie atrás ante los excesos de Castilla, sosteniendo que son los nuevos tribunales ambientales los competentes para resolver las controversias en esta materia (por ejemplo, la solicitud de invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental), ha formulado recientemente una doctrina de excepción para de igual forma entrar a conocer del fondo del asunto.

Es cierto que existen adicionalmente una serie de condicionantes que juegan un rol en este fenómeno, por ejemplo, la constitucionalización del derecho en general, la importancia que está teniendo el recurso de protección de derechos fundamentales en la vida cotidiana de los chilenos en particular, o el hecho de que en países de una rígida tradición legalista como la nuestra, la ley está perdiendo el monopolio de antaño dando paso a una mayor presencia de otras fuentes: aplicación directa de la Constitución, tratados internacionales, principios generales del derecho, la costumbre, en fin, la propia jurisprudencia –operando como precedentes horizontales de facto–. Pero no explican la totalidad del fenómeno.

A lo anterior se suma el que el Presidente de la Corte está desarrollando muy activamente un discurso público desde el lenguaje de los derechos, discurso que, conectando con una serie de demandas de grupos organizados de ciudadanos, invita al resto de los jueces a jugar su rol en la construcción de un país más justo e igualitario, como planteara en la última ENADE. Más adelante, en enero, sostuvo a un medio que “somos partidarios de un desarrollo igualitario e inclusivo” y que “se producirá cada vez un incremento de las diferencias sociales y de la riqueza de nuestro país. Y así siempre serán menos los que tienen más y siempre van a ser más los que tienen menos. Y eso como sociedad, en mirada de política de Estado, no puede ser a lo que aspiremos. Tiene que haber una justicia en sentido sustantivo, de mayor distribución de los bienes, provechos y recursos que nos entrega en general la sociedad”.

Más allá de que el Presidente de la Corte, comulgue o no con las ideas de Picketty o simpatice con el ethos del discurso del actual gobierno, lo relevante es que las convicciones políticas de los jueces no se transformen en una agenda deliberada de reforma social a través de sus sentencias. Ello no sólo es activismo judicial, sino que debilita nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia.

 Columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, en El Mercurio.-

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