Bastante inadvertida pasó la entrega de un bono trimestral de $240 mil por todo 2015 a cerca de 7.800 funcionarios públicos de la Región de Atacama. Los funcionarios del sector público de la región, como buen grupo de presión, lograron imponer la lógica del chantaje político haciendo caer sus demandas con todo el peso con cargo a rentas generales de todos los chilenos.

Pero el caso del denominado “Bono Atacama” no es excepcional en esta especie de afinidad electiva que el gobierno de la Nueva Mayoría ha establecido con la región. Conocido fue el hecho de que en la trastienda de la discusión por el cambio al sistema electoral, el Partido Comunista ejerció particulares presiones a efectos de que se asignaran escaños adicionales al nuevo distrito de Atacama. Distrito que con sólo 221 mil electores, se convirtió en uno de los más sobre-representados del nuevo mapa electoral con cinco escaños a asignar, mientras que en otros distritos como el de Iquique -y tantos otros más- con más electores (222 mil), sólo quedaron con 3 cupos por repartir. ¿Es que acaso los trabajadores del sector público de Atacama, y también sus ciudadanos, poseen un estatus de privilegio a la hora de la elaboración de políticas públicas que amerita su especial bonificación y sobre-representación?

Cuando hablamos de Atacama, tampoco se trata de una zona que posea características particularmente sensibles de pobreza a partir del cual se subentienda un especial énfasis de focalización. Es más, Atacama no es ni por lejos la región más pobre del país. Los datos de la recién publicada Casen 2013 demuestran que mientras la desatendida Región de la Araucanía posee un 27,9% de pobreza, la cifra de pobreza de Atacama es de un 7,3% (la mitad del 14,4% de pobreza a nivel nacional). En la misma línea, el ingreso autónomo mensual del hogar promedio de Atacama está por sobre el promedio nacional.

¿Qué justifica entonces el trato especial? El fundamento de éste es esencialmente político, y obedece única y exclusivamente a la capacidad negociadora de los grupos de presión de la región, que ejercen un a ratos desmedido poder de veto y chantaje en sus respectivos representantes y el Gobierno. También por cierto, está la complicidad de políticos (la poderosa bancada Atacameña liderada por Lautaro Carmona, Yasna Provoste y Daniela Cicardini) y autoridades del Ejecutivo que sucumben ante la captura de estos grupos, haciéndose parte de la sinergia negativa del intercambio de favores y lealtades políticas locales, por legislación.

El anterior escenario resulta particularmente preocupante en el contexto de la reforma electoral, donde el día de mañana pequeñas agrupaciones con sólo el 0,25% de las firmas de los electores que hubieran sufragado en la anterior elección podrán constituirse como partido político. Esto bien podría desatar prácticas de legislación en clave de interés local y privilegios particulares, soslayando todo diseño de política pública que imponga criterios de responsabilidad y mirada nacional. Entonces, en el futuro, quizás más y nuevos grupos se unan al club de los privilegiados de Atacama.

Columna del Coordinador del Programa Sociedad y Política, Jorge Ramírez, en El Líbero.-