El objetivo central del gobierno para la modificación de los derechos colectivos es el de “emparejar la cancha” entre trabajadores y empleadores. Si analizamos los instrumentos que utiliza la reforma, efectivamente el resultado será un aumento considerable del poder negociador del sindicato, lográndose a la vez mayor igualdad salarial, pero forzada. En sus efectos, la reforma laboral parece inspirada por el mismo espíritu que la educacional; busca “bajar de los patines”, en vez de dar un impulso a los trabajadores más vulnerables.

¿Es errado el objetivo de mayor igualdad salarial? Por supuesto que no, por el contrario, es una meta deseable si se busca a través de incrementar la productividad de los trabajadores con menos ventajas. Esto se logra con mejores políticas de educación y capacitación para el trabajo, junto con resolver las dificultades de jóvenes y mujeres para acceder al mercado laboral formal. La agenda laboral del gobierno relega a un lugar muy secundario, a veces ausente, los nudos prioritarios en materia de política laboral. Esta mayor igualdad salarial por decreto es contraproducente si es a expensas de la productividad, porque rompe con una de las condiciones claves del desarrollo económico; el premio al esfuerzo, desincentivando además la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes, requisito clave para una mejoría sostenible de las condiciones laborales.

¿Por qué se puede afirmar que esta reforma busca forzar la igualdad de los salarios? Varios artículos del proyecto de ley se conjugan para este resultado. Primero, a través de la titularidad sindical y la no extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados, que persigue el objetivo evidente de una sindicalización forzada. Junto con los incentivos puestos hacia un sindicato único, se fuerza al empleador a remunerar a todos de acuerdo a productividad promedio, sin poder destacar a trabajadores o áreas de la empresa más productivos, ya que ese comportamiento corre el serio riesgo de ser sancionado como práctica antisindical. Se tiende así a mayor igualdad salarial, afectando los incentivos a la eficiencia y la correcta asignación de recursos. La absoluta precariedad en que el proyecto deja a los grupos negociadores, apunta en la misma dirección, ya que lleva a que sea el sindicato la única instancia válida de negociación.

Segundo, se establece también en el proyecto la negociación con el sindicato inter empresa, cuyo resultado esperado es que tiendan a igualarse los salarios dentro de un mismo rubro. En este contexto, es evidente que  las empresas del sector tienen un incentivo a “cartelizarse”, afectando la libre competencia. El mayor costo salarial y la pérdida de eficiencia es finalmente pagado por los consumidores en el caso de bienes no transables, y por menor competitividad en los rubros transables. Al mismo tiempo, se termina por desalentar la introducción de nuevas formas de producción.

Un tercer aspecto que apunta a esta mayor igualdad salarial forzada se refiere al deber de información del empleador. En la mayoría de los casos el sindicato contará con la planilla completa de remuneraciones de la empresa, no sólo afectando la privacidad individual de los trabajadores, sino también dificultando la decisión del empleador de premiar habilidades que muchas veces van más allá del cargo o de la educación formal recibida, ya que este tipo de políticas serán cuestionadas por la dirigencia sindical. El empleador pierde de esta forma la autonomía en la política de remuneraciones y premio al esfuerzo.

Por último, el establecer como mediador omnipresente y omnipotente a la Dirección del Trabajo, institución cuyo objetivo central es la defensa de los trabajadores, también dificulta los espacios del empleador de premiar la productividad.

Todo lo anterior se conjuga además con un importante aumento del poder negociador del sindicato a través de prohibir el reemplazo durante la huelga e impedir el descuelgue  de la misma, junto con asegurar como mínimo las condiciones del contrato colectivo anterior. Especialmente para las empresas pequeñas y medianas, la huelga pasa a ser un instrumento de presión incontrarrestable.

En definitiva, esta reforma lleva a que los emprendedores perciban que si su negocio resulta exitoso, serán los dirigentes sindicales quienes definan la distribución de las ganancias, y si fracasa, el costo será asumido por él en su totalidad. Sin duda se afecta entonces el surgimiento de nuevas empresas, clave en el desarrollo económico.

¿Son los cambios propuestos la única vía para lograr que los trabajadores sean partícipes del éxito de la empresa? Por cierto que no. Es posible “emparejar la cancha” y lograr ese objetivo modificando el actual esquema de gratificaciones, que en la práctica son un componente fijo de las remuneraciones. Un esquema de remuneraciones participativo permitiría mayor motivación, mejores ingresos, y por ende, posibilitaría simultáneamente eficiencia y equidad. La reforma del gobierno seguramente logrará mayor igualdad salarial, pero al costo de menor productividad y eficiencia, menor desarrollo productivo y finalmente, emparejando hacia abajo, sacando ahora los patines a los trabajadores.

Columna de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD, publicada en Pulso.-