El proyecto de ley que quita la subvención a alumnos de colegios con fines de lucro, prohíbe la obligatoriedad del financiamiento compartido y crea un nuevo sistema de admisión escolar centralizado en el Ministerio de Educación (MINEDUC) se vota esta semana en la Sala del Senado.
Una de las novedades que se introdujeron en este proyecto, luego de su tramitación en las Comisiones de Educación y Hacienda unidas, es la creación de un Fondo de $ 250.000 millones anuales para los años 2016 a 2019, el que se destinará a la recuperación y fortalecimiento de la Educación Pública que proveen los establecimientos Municipales.
Escapando a las ideas matrices del proyecto, este fondo surgió de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, como una forma de responder a las críticas referentes a las prioridades que escogió el Gobierno para su primer proyecto en materia de educación escolar: en lugar de hacerse cargo de la alicaída educación municipal y de la situación de los docentes, que resultan ser el único factor que ha demostrado ser relevante para mejorar la calidad de un sistema educativo, decidieron partir –tal como lo manifestara el Ministro de Educación- por “bajar de los patines” a la educación particular subvencionada.
Ahora bien, nos parece que la creación de este Fondo de apoyo a la educación municipal es una medida improvisada y que, dada la experiencia de los recientes fondos que se han creado con el mismo fin, no pareciera ser lo que se requiere para hacer frente a los problemas de la educación municipal.
Primero, en el proyecto de ley se establece que será un Decreto del MINEDUC el que definirá los mecanismos de distribución, los usos específicos, y las formas de entrega y rendición de cuentas referentes a este fondo. Es decir, no sabemos cómo se gastarán estos recursos, ni de qué forma serán asignados.
Los expertos han identificado el excesivo centralismo de las decisiones técnico-pedagógicas como uno de los problemas de la educación municipal[1], es decir, que la atribución para tomar las decisiones referentes a las mejoras en la calidad de la educación no las tienen los mismos colegios. En este contexto, el aumento de los dineros antes de resolver este problema, se asimila a tratar de llenar un saco roto.
Dada la experiencia del antiguo FAGEM, que cambió su nombre a Fondo de Apoyo a la Educación Pública, hemos sido testigos de la ineficiencia en la asignación de estos recursos, que a diferencia de la subvención, no llegan de forma oportuna a las escuelas. Esto queda de manifiesto en el Gráfico N° 1, que muestra la evolución que experimentó este programa y cómo se fueron ejecutando los recursos el año 2014. Hasta el mes de agosto la ejecución de estos recursos fue nula; y recién en octubre se ejecutó el 80% de ellos, cuando ya casi finalizaba el año escolar.
Sería importante que el Gobierno, antes de replicar este tipo de fondos, transparentara la forma en que fueron utilizados los recursos, y diera a conocer una evaluación que justificara no sólo su continuidad, sino también el aumento de los recursos que se entregarán por una vía de tan lenta ejecución.
En segundo lugar, con este fondo se radicaliza aún más la discriminación injusta del Estado hacia un mismo alumno según el tipo de establecimiento que escoge para educarse.
El año 2015, dada la Ley de Presupuestos ya aprobada (y suponiendo que la matrícula no varíe considerablemente respecto al 2014), tendremos que el Estado entregará $ 315 mil más por cada alumno del sector municipal, por sobre lo que entregará a cada alumno del sector particular subvencionado. Es decir, un mismo alumno que opta por cambiarse de un colegio municipal a uno particular subvencionado recibirá el equivalente a $ 26 mil pesos mensuales menos al mes, que si se mantuviera en el mismo colegio, sin importar su condición socioeconómica. En otras palabras, no serán sus necesidades, sino sólo su decisión de a qué establecimiento asistir, lo que determinará el nivel de recursos que este niño recibirá del Estado.
Esta discriminación ya es injusta e inexplicable, sin embargo, con la creación de este nuevo fondo, ésta se vuelve todavía más aberrante, casi duplicándose. El año 2016, si todo lo demás permanece constante, tendremos que cada alumno del sector municipal recibirá en promedio $ 506 mil más de recursos públicos que cada alumno promedio del sector particular subvencionado.
Con esto, incluyendo el Fondo que estría ad portas de aprobarse durante esta semana, tal como muestra el Gráfico N° 2, los recursos totales por alumno del sector municipal el año 2016 alcanzarían un promedio de $ 1,8 millones anuales, muy por sobre los $ 1,1 millones que reciben en promedio los establecimientos particulares subvencionados por cada uno de sus alumnos (incluyendo el financiamiento compartido que hacen los padres).
A pesar de esta clara discriminación en la entrega de recursos por parte del Estado, las familias han preferido cada vez más la educación particular subvencionada, que en la última década ha aumentado sus matrículas en más de un 30%, mientras que la municipal la ha disminuido en casi ese mismo porcentaje. Esta tendencia en las preferencias, que contrasta con el aumento en el financiamiento público de los últimos años, da cuenta de que hay algo más que hacer para mejorar la calidad de la educación municipal; no basta con aumentar los recursos, especialmente a través de este tipo de Fondos de dudosa eficiencia. Mientras no se haga algo por mejorar la gestión de estos recursos, no se logrará un mejoramiento de la calidad que permita revertir esta tendencia negativa.
[1] Informe del Comité de Expertos del año 2010.
