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¿SANCIONANDO EL LUCRO O LIMITANDO EL PROGRESO?

Chile B

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Chile B.

Uno de los cambios más relevantes del proyecto de reforma al sistema escolar que se tramita en el Senado, es que establece que todo recurso con que cuente un establecimiento educacional deberá usarse en los ítems enumerados en una lista (los fines educativos). Así, cualquier gasto que el fiscalizador estime que no califica dentro de esa lista, será rechazado.

Disconformes, parlamentarios oficialistas buscan sacar adelante una indicación que agregue pena de cárcel para aquellos sostenedores que incumplan con los llamados “fines educativos”. Según el Senador Fulvio Rossi, si un sostenedor “utiliza recursos destinados a la educación para su beneficio personal, entonces debe recibir una amonestación”.

Presumir que lo que no aparece en esta lista de “fines educativos” es un retiro en beneficio del sostenedor es equivocado. Seguro de salud para profesores, talleres extra programáticos, incluso la adquisición de nuevos materiales para facilitar los aprendizajes; cualquier innovación no contemplada en la ley, aun beneficiosa para los alumnos o la comunidad escolar, podrá ser penalizada. Así, lo que se castigará con la indicación propuesta no es el lucro entendido como retiro de excedentes, sino cualquier gasto distinto a lo que mandate la ley.

La definición de “fines educativos” y la sanción que se pretende imponer, implica una concepción de la educación como un proceso estándar y estático, que el Estado puede dirigir a través de una simple receta. Muy lejos de la realidad. Para que nuestro sistema escolar progrese, se requiere atraer más y mejores profesionales al sector; ellos necesitan espacio para la introducción de mejores y más efectivas prácticas educativas. Sin embargo, lo que hace este proyecto es cerrar esos espacios, entregándole al Estado, a través de la definición de los “fines educativos” en la ley, la única posibilidad de abrirlos. Personas con buenas ideas ya no tendrán cabida en el sistema escolar chileno; podrían incluso terminar en la cárcel.

Es lamentable que el primer año de Gobierno se haya ido en la discusión de una iniciativa que con altas probabilidades significará un estancamiento de nuestro sistema escolar, y no aborde los verdaderos aspectos que repercuten en la calidad de la enseñanza en la sala de clases. Esperemos que este año 2015 traiga cordura, aún estamos a tiempo.

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