En columnas anteriores he manifestado mi rechazo al proyecto de ley con que el Gobierno busca, entre otras cosas, quitar la subvención de escolaridad a alumnos de colegios con fines de lucro, prohibir la obligatoriedad del financiamiento compartido y sustituir los actuales sistemas de admisión por uno centralizado. Creo que éste se construyó sobre un diagnóstico equivocado, y por lo tanto no aborda los verdaderos problemas de nuestro sistema escolar. A continuación explico por qué la publicación de los resultados de la PSU nos entrega una nueva razón para reafirmar esta opinión.
Uno de los cambios que introduce el proyecto que se tramita ya en el Senado, es la nueva restricción a la entrada de establecimientos subvencionados, al entregar al Ministerio de Educación la facultad de decidir, según las vacantes que queden en los establecimientos ya existentes en un territorio, si otorga o no el permiso de ingresar a un nuevo colegio. Esto podrá significar que haya zonas con cupos en establecimientos de muy mala calidad, y sin embargo no se puedan instalar otros nuevos para intentar mejorar las alternativas para las familias que ahí habitan.
Pues bien, los resultados de la PSU muestran que, de los 100 establecimientos que alcanzaron los mejores promedios a nivel nacional, 67 están en la Región Metropolitana, y de estos, 56 se encuentran en las comunas de Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Santiago y Vitacura. Dado que la gran mayoría (96 de entre los 100 establecimientos) son Particulares Pagados, vale la pena echar un vistazo a lo que ocurre entre los liceos Municipales, que son la referencia más cercana al proyecto educativo que podrá ofrecer el Estado luego del proyecto de ley en discusión.
De los 25 establecimientos Municipales con mejor promedio PSU,tenemos que 21 están ubicados en sólo 10 comunas de la Región Metropolitana. Hay municipios que, a pesar del estatuto docente y las rigideces propias de este sector, logran tener buenos establecimientos educacionales, sin embargo, la mayoría son excepciones (como los Liceos Emblemáticos y Bicentenario).
Así, los resultados de la PSU dan cuenta de una situación preocupante: la mayoría de las comunas del país carece de una oferta de educación Municipal capaz de
INSERTar a sus alumnos en la educación superior. En este contexto, la restricción a la entrada de nuevos establecimientos subvencionados en zonas donde aún haya vacantes será sumamente dañina. En lugar de contribuir con la equidad, perjudicará justamente aquellas zonas donde la oferta sea de peor calidad y las familias tengan por lo tanto, menos opciones.
Y como si esto fuera poco, hay otras iniciativas que dan cuenta de cómo el Gobierno equivoca su norte: la ley que crea universidades estatales en las regiones de OHiggins y Aysén, y el proyecto que establece la creación de 15 centros de formación técnica en cada una de las regiones del país. ¿No debió empezar por mejorar la calidad de sus establecimientos de educación escolar? ¿De qué servirá crear nuevas instituciones de educación superior en regiones, mientras la educación escolar no esté a la altura?
La prioridad debió ser mejorar la Educación Municipal (profesores, gestión, descentralización), de manera que en cada comuna del país hubiera establecimientos de calidad formando jóvenes preparados para estudiar en la educación superior. Ni la prohibición del lucro, ni la restricción a la entrada de nuevos establecimientos subvencionados, y menos la creación de nuevas instituciones estatales de educación superior contribuirán con ese objetivo; por ahora, tendremos que seguir esperando.
