Estamos ad portas de que el Gobierno envíe su proyecto de reforma laboral, a pesar de que no sería un elemento que contribuiría a la necesaria mejoría de las expectativas. Esto ya nos dice que algo anda mal con el proyecto, ya que sin duda existen materias laborales que permitirían avanzar simultáneamente en equidad y eficiencia. Sin embargo, los aspectos que contendría este proyecto no sólo podrían afectar el crecimiento de tendencia de la economía, sino que tampoco favorecen a los trabajadores más vulnerables.
Una reforma laboral cuyo objetivo es mejorar la situación de los trabajadores, con un énfasis en los de menores ingresos, necesariamente debe enfocarse en los desempleados y los trabajadores informales, tanto aquellos por cuenta propia como los que trabajan bajo dependencia pero sin los beneficios de seguridad laboral que la ley determina. Estamos hablando de alrededor de tres millones de trabajadores en esta situación, a los que se suman un millón que trabaja en empresas de 10 personas o menos. Entonces tenemos que la reforma propuesta no beneficia para nada a cerca de un 50% de la fuerza de trabajo del país y más de un 30% se ve directamente perjudicado, ya que se dificulta su acceso al mercado laboral formal. Pero no se trata sólo de números elevados, son estos grupos los más vulnerables desde el punto de vista social. Es muy improbable entonces que la reforma contribuya a la equidad.
Una reforma que fortalece artificialmente la sindicalización y el poder negociador, efectivamente puede beneficiar a los trabajadores de empresas grandes, pero sólo en el corto plazo. Tal como se ha observado en varios países europeos que impulsaron en décadas anteriores este tipo de reformas, en el mediano plazo la rigidez laboral reduce la demanda por trabajo, lo que lleva a una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Se genera una sustitución de trabajo por otros factores productivos, lo que también reduce el crecimiento de tendencia.
Por otra parte, las encuestas muestran que las demandas de la CUT no representan a la generalidad de los trabajadores. La gran mayoría percibe baja conflictividad laboral, tiene buena opinión de su empresa y valora escasamente el rol de los sindicatos, en un contexto en que, contrario a lo que se dice, la tasa de sindicalización en Chile no difiere significativamente de la observada en la OCDE.
Por último, existe bastante consenso, partiendo por la propia OCDE, en que las reformas necesarias apuntan en la dirección contraria a las propuestas CUT-Gobierno. Los reales desafíos en materia laboral son mejorar el acceso al mercado de jóvenes y mujeres vulnerables, con políticas de flexibilidad, incentivos a la formalidad, capacitación y apoyo en la compatibilización trabajo-familia. Se suma también el que los indicadores de competitividad, que en general sitúan a nuestro país en una buena posición, señalen al aspecto laboral como uno de nuestros principales rezagos en esta materia.
En definitiva, la propuesta laboral del Gobierno está partiendo de un diagnóstico errado, por lo que sus efectos terminarían siendo perjudiciales para los propios trabajadores.
