JOANNA DAVIDOVICH: “URGEN MEJORAS REALES DE PRODUCTIVIDAD PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO”

La ex Directora de la Oficina de Competitividad del Ministerio de Economía analizó las principales medidas presentadas por el Ejecutivo que, a su juicio, buscan un rol muy activo del Estado y ponen en duda el conocimiento de los emprendedores.

La Presidenta Michelle Bachelet ya presentó la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, un anuncio esperado por la economista Joanna Davidovich, pues participó arduamente en esta materia durante gran parte de la Administración de Sebastián Piñera como Directora de la Oficina de Competitividad.

¿Cuáles son los puntos que rescataría de la agenda presentada por el Ejecutivo?

Creo que es una muy buena señal que se priorice la productividad y se elaboren planes de trabajo para mejorarla sistemáticamente. Hemos visto una caída muy significativa en la inversión y una desaceleración del crecimiento. Sabemos que necesitamos mejoras permanentes de la productividad para mantener la capacidad productiva de la economía a buen ritmo y dar mayores oportunidades de progreso. Esto cobra mayor relevancia para reducir en algo el costo en inversión, crecimiento y empleo del proyecto de reforma tributaria que está en discusión en el Congreso.

¿Qué área es la gran ausente en la agenda desde su punto de vista?

En general, comparto las intenciones de mejores mercados y más competencia y la importancia de la innovación y el emprendimiento como motores de la economía. Sin embargo, en los instrumentos para lograrlos tengo diferencias.

Básicamente hay tres temas que me preocupan. El primero -muy de fondo- es la visión y la política de clusters, que no comparto. Es riesgoso que el Estado defina qué sector debe desarrollarse a priori y que restrinja los esfuerzos a sectores preseleccionados. Creo que es deseable el desarrollo de nuevos sectores productivos, pero el Estado debe enfocar sus esfuerzos en eliminar barreras regulatorias o burocráticas de manera transversal, generar mayor competencia y dejar que los emprendedores desplieguen sus talentos.

El segundo, es la falta de estudio de regulación sectorial y de eliminación, por ende de burocracia y de mejoras regulatorias específicas a cada sector. Muchas de las reformas de la Agenda de Impulso Competitivo son cambios legales o regulatorios en sectores específicos que detectamos estudiando diversos rankings internacionales que comparan a Chile con otros países –el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF) ó el ranking Doing Business del Banco Mundial‑ y en las que estábamos en peor situación comparativamente. No veo en esta agenda un foco equivalente.

En tercer lugar, me preocupa la creación de múltiples fondos, sin claro destino y con definición de “estratégicos” como solución a problemas planteados sin tener claros los instrumentos específicos a implementar con ellos. Las mejoras en productividad no se solucionan sólo con recursos. Un ejemplo de ello es la capitalización del Banco Estado, sin tener claro el instrumento con definiciones precisas que se va a utilizar para mejorar las garantías y el acceso al financiamiento de las PYMEs.

Respecto al tema de los clusters, ¿cómo evitar que se dupliquen las instituciones ya creadas?

La visión planteada en esta agenda es de un Estado muy activo en la definición de sectores “ganadores”, y creo que eso tiene riesgos importantes. El Estado no tiene cómo saber de mejor manera que los emprendedores a qué sectores apostar. Esto puede causar errores relevantes en la asignación de recursos, riesgos de captura y señales erróneas para el desarrollo del resto de los sectores. Éste debería enfocarse en eliminar obstáculos y crear las condiciones para que el sector privado emprenda y sea el mercado el que determine los sectores a desarrollar.

 

Tampoco se anunció alguna medida que reduzca la barrera de entrada a mercados y reducción de burocracia. En ese sentido, ¿cómo podría avanzarse sobre todo en proyectos energéticos y mineros?

En grandes proyectos de inversión como los mineros o energéticos, el problema más importante es la dificultad de concretar éstos por los largos plazos de trámites que requieren, la oposición de las comunidades donde se emplazan y la falta de certeza jurídica. Algunos de estos temas están abordándose en la Agenda de Energía. Los plazos de trámites los abordamos en la Agenda Pro Inversión que elaboramos en el Gobierno anterior, ojalá esa iniciativa que se encuentra en el Congreso se saque adelante. Y aquella de aportes a regiones donde se emplazan los proyectos sería una herramienta clave para mitigar la oposición a los proyectos. No veo en la agenda la intención de modernizar los servicios para eliminar la burocracia y hacer más eficiente el Estado que es parte de los problemas para los proyectos de inversión.

¿Va a tener efectos esta agenda en la productividad de la economía?

Es importante que se entregue más detalle de cuál es el instrumento específico que se va a usar para lograr el objetivo planteado en cada medida, cuánto cuesta cada una, y en qué plazo va a estar operando para lograr ver las consecuencias. Ojalá, además, se reimpulse lo de la Agenda Impulso Competitivo para potenciar los efectos.

¿Cuál es la medida que encuentra más valiosa o relevante en términos de mejorar la productividad?

Creo que lo más destacable es la visión de una institucionalidad permanente, independiente, público privada, que vele por agendas continuas de competitividad. Con esa visión creamos la Oficina de Competitividad –que fue eliminada en este Gobierno- que hacía de canal entre el sector público y privado y buscaba las mejores soluciones de políticas públicas. Hace sentido crear una institucionalidad más fuerte e independiente, que no esté sujeta al ciclo político, que haga monitoreo y evaluación de impacto y que tenga accountability, rindiendo cuentas cada cierto tiempo de los avances. Sin embargo, es relevante ver cómo operaría para no duplicar esfuerzos y gastos con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

¿Existen iniciativas del Gobierno anterior que debieran potenciarse? ¿Cuáles son éstas?

La Agenda de Productividad debería construirse sobre lo que ya se avanzó, no reemplazarlo. Existen muchos estudios y trabajos serios que aprovechar, es lo natural en agendas de mediano plazo. Hay temas planteados como relevantes en que no se mencionan las iniciativas que están ya elaboradas, ojalá las hagan suyas y las potencien.

De la Agenda Impulso Competitivo hay más de 15 proyectos relevantes en el Congreso con muy lento avance, que el Gobierno y parlamentarios deberían reimpulsar con un decidido compromiso. Están iniciativas como la reforma a notarios y conservadores, el de mayor competencia en medios de pago electrónicos, la masificación de la firma electrónica, la apertura del cabotaje, el proyecto pro inversión, adaptabilidad de horarios para trabajo de jóvenes estudiantes y para sectores que tienen particularidades como el agro y el turismo.

¿Cuál es su opinión de la inclusión del estado en este denominado “joint venture público-privado” en las áreas que el Gobierno estima como prioritarias?

La agenda que planteó La Moneda habla de una asociación público-privada como visión, y eso me parece correcto.  La interacción de los que elaboran políticas públicas y los sectores productivos es fundamental. Las trabas deben salir de los propios actores, para detectar realmente los obstáculos que perciben para emprender y que encarecen artificialmente su operación. Así se elaboró la Agenda de Impulso Competitivo. Ojalá en la definición más específica de cada medida sí incluyan participación de expertos y de los sectores productivos.
¿Dónde está la clave para crear una eficiente Agenda Pro Competitividad?

En una sumatoria de temas. En primer lugar, la clave está en escuchar a los emprendedores para conocer las barreras que enfrentan como fuente principal de información. En segundo lugar, en estudiar las trabas burocráticas y regulatorias específicas que enfrenta cada sector para eliminarlas y, por último, en mantener una política pro competitividad permanente que vaya estudiando y elaborando sistemáticamente agendas independientes del ciclo político.