21 de julio de 2014

EL DERECHO DE LOS PADRES ¿A QUÉ?

REPRODUCIMOS LA CARTA DE ALEJANDRA CANDIA, DIRECTORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.

En su reciente columna en Voces LT la economista Claudia Sanhueza cuestiona el derecho de los padres a educar a sus hijos, señalando que la educación de los niños es un problema público, y que sería el Estado el responsable de proteger a los niños de “decisiones a veces erradas que puedan tomar sus padres”. A diferencia de la autora, yo sí creo que los niños son “un problema de la casa, un problema de los padres”, la cual de seguro está lejos de ser una “posición extrema”. Los niños tienen derechos, pero son sus padres y no el Estado los encargados de velar por éstos. No creo que un grupo de burócratas en una oficina sepan cuáles son las decisiones “correctas” o “erradas” para mis hijos, o que puedan decidir mejor que yo por el futuro que anhelo para ellos. ¿Quién puede saber mejor que los padres cuál es establecimiento que mejor potenciará las habilidades y talentos que sus hijos tienen? ¡Nadie!

Esto no significa que el Estado no tiene rol alguno en el proceso educativo de nuestros niños, así como tampoco lo deja de tener en caso de cometer delitos como el maltrato al cual se refiere la autora. Por el contrario, el Estado en materia de educación debe asumir a lo menos tres tareas muy relevantes, todas en pos de la igualdad de oportunidades en materia educacional. La primera, el Estado debe procurar que existan tantos proyectos educativos como tipos de educación quieran escoger los padres. En otras palabras, deben existir colegios tanto para niños que en el futuro quieran ser destacados médicos o físicos nucleares, pero también para los niños que sueñan con ser artistas, seleccionados nacionales en algún deporte, o, por qué no, reconocidos chefs internacionales.

Lo segundo es que el Estado debe procurar que, sin importar el colegio donde las familias decidan educar a sus hijos, éstos enseñen ciertos contenidos mínimos, entreguen ciertos estándares mínimos de calidad y cumplan con la normativa vigente. Para ello, nuestro país cuenta con una institucionalidad pública que vela por el cumplimiento de este objetivo: un Consejo Nacional de Educación que revisa los contenidos que nuestros hijos aprenden; una Agencia de la Calidad de la Educación que evalúa resultados de los establecimientos, informa estos resultados y procura que los colegios que requieren de apoyo salgan adelante; y por último una Superintendencia de Educación que fiscaliza el buen uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa educacional.

Por último, el Estado debe entregar el financiamiento para que todas las familias puedan realmente elegir el establecimiento subvencionado (público o privado) que más les guste para sus hijos. Compartimos que un niño no puede quedar fuera de un establecimiento sólo porque no puede pagar el copago que éste cobra, pero eso no significa que el Estado deba prohibir que un padre que quiera contribuir a modo de compromiso permanente con la educación de sus hijos pueda pagar un copago. El Estado no debe tomar decisiones por las familias. Por esto, y de tal forma de asegurar que el Estado cumpla con el rol aquí señalado, en 2008 se creó la Subvención Escolar Preferencial, la que entrega, adicional a la subvención regular, más recursos a los niños vulnerables, de tal modo de que puedan optar por establecimientos que cobran copago, aunque ellos no puedan pagarlo. Gracias a este instrumento, y también a las becas que entregan los colegios, hoy cerca de 550.000 niños prioritarios asisten a colegios que cobran financiamiento compartido.

Profundizar este tipo de instrumentos y fortalecer la institucionalidad ya existente es la forma en que libertad de elegir e igualdad de oportunidades se transforman en principios complementarios y no contradictorios en nuestro sistema educativo, uno en el cual son las familias las protagonistas y además las que deben velar por el mejor futuro para sus hijos.