A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El primer proyecto que se envió en materia de educación escolar –fin del lucro, selección y copago- dejó afuera el principal problema que tenemos hoy en el país: cómo mejorar la calidad de la educación pública municipal,de manera de hacerla atractiva para las familias que durante las últimas décadas la han ido abandonando.

En este contexto, el Ministro de Educación tuvo que salir al paso de las críticas y comprometió medidas concretas para fortalecer la educación municipal. Estas fueron anunciadas ayer por la Presidenta Bachelet.

En primer lugar, señaló que se incrementarán en $ 20 mil millones los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (hoy existen dos fondos que totalizan $ 131 mil millones a gastar durante el 2014). Cabe mencionar que hasta el último informe de ejecución presupuestaria –para el mes de abril- no se había ejecutado ni siquiera un peso de estos recursos, por lo que antes de incrementarlos, sería necesario revisar los motivos de este retraso.

El 2013 un alumno de una escuela o liceo municipal recibió en promedio $ 1,5 millones anuales desde el Estado, mientras que un alumno promedio del sector particular subvencionado recibió financiamiento público para su educación de apenas $ 910 mil. A pesar de esta gran diferencia en el apoyo del Estado, que ni siquiera logra ser compensada por el financiamiento compartido que realizan los padres, son estos últimos los que muestran mejores resultados (Drago y Paredes, 2011).Tiene que haber un problema de fondo en la forma de gestionar los recursos que se debiera resolver antes de seguir aumentando el dinero para un sector municipal que año a año está siendo dejado por las familias chilenas. Es bastante decepcionante que la Presidenta haya anunciado sólo un incremento de recursos como la gran solución que se estaba guardando para este sector.

Asimismo, es poco probable que la solución pase por entregar tablets a los niños de mil establecimientos de enseñanza parvularia y básica, o el programa de infraestructura para 2 mil escuelas y liceos que comprometió la Presidenta. Sobre la incorporación de nuevas tecnologías, existe evidencia que muestra que no basta con entregar computadores a los estudiantes y capacitar a sus profesores en su utilización, pues se requiere que los docentes los incorporen en sus prácticas de enseñanza, lo que no se logra tan fácilmente (Barrera-Osorio, J. y L.Linden, 2009)1. Respecto a la infraestructura, el ítem de la ley de presupuestos para este año, que considera $ 10.300 millones, tampoco ha sido ejecutado según la última información de la DIPRES, por lo que cabe preguntarse si este anuncio no es más que la ejecución de recursos que ya habían sido comprometidos en la ley de presupuestos.

El Panel de Expertos para una Educación de Calidad identificó en su Informe para el Fortalecimiento de la Educación Pública (año 2011), que el principal problema de la educación municipal es que carece de una estructura institucional que le permita responder con agilidad a los cambios que afectan la demanda por educación. Asimismo, en su Informe para Fortalecer la Profesión Docente, el panel planteó la necesidad de dotar a los sostenedores y directores de mayor autonomía en la gestión técnico-pedagógica. Al parecer tendremos que seguir esperando, pues por ahora la Presidenta sólo mencionó la ampliación de programas de capacitación ya existentes, que ni siquiera han sido evaluados respecto a su efectividad, y que por cierto la literatura muestra que no suelen tener impacto en el mejoramiento escolar2.