A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.

La semana pasada la Nueva Mayoría abrió un nuevo flanco de reformas; esta vez fue el turno del sistema electoral. Se plantea la alternativa de ir hacia un sistema estrictamente proporcional, con la elección de hasta 8 representantes por unidad electoral para el caso de la elección de diputados y de 7 en el caso del Senado, así la nueva Cámara de Diputados quedaría compuesta por 155 representantes y el Senado por 50.

En el oficialismo han intentado instalar el falso dilema “quien se opone a la fórmula propuesta, se opone a cambiar el binominal”. Pero la verdad es que temas tan sensibles y complejos como una reforma que determinará el modo a partir del cual nuestras preferencias políticas serán canalizadas, merece ser abordado con mayor seriedad y altura de miras.

Las objeciones a la propuesta surgen en primer lugar a partir de un enfoque sistémico de las instituciones políticas. No hay nada en contra los sistemas estrictamente proporcionales per se, pero éstos se adaptan mejor a sistemas parlamentarios que presidenciales, basta mirar la experiencia comparada. Los sistemas presidenciales tienden a generar sinergia positiva con sistemas mayoritarios o mixtos. Es más, experiencias de presidencialismo y sistemas proporcionales han sido catalogadas por algunos autores como S. Mainwaring como casos de “difícil combinación”, o siendo más categóricos, de “tóxica combinación” a juicio de B. Ackerman.

Se podría buscar alternativas de propuestas de proporcionalidad más moderada, cuestión importante si se considera que existe evidencia como la ofrecida por J. Carey y S. Hix que constata que la reducción significativa de desproporcionalidad se da principalmente hasta el aumento del quinto escaño. Lo anterior se ratifica a la hora de simular la propuesta en cuestión con los datos de elecciones anteriores.  Aunque esto sólo da cuenta de la dimensión mecánica producida por el sistema, y no se hace cargo del efecto comportamiento que impone la regla electoral, se observa que la representatividad alcanzada por el sistema no es esencialmente distinta de la existente.

A lo anterior se suma que los distritos excesivamente grandes encarecerán las campañas, dificultarán el vínculo territorial –ya deteriorado- y podrían afectar la rendición de cuentas.

Los defensores de la propuesta señalan que ya es posible observar muchas de los potenciales efectos negativos del sistema propuesto, como la emergente fragmentación o el debilitamiento partidario, por lo tanto, no serían razón de peso. Sin embargo,  porque precisamente se espera que la propuesta electoral no sea un catalizador de efectos negativos sino más bien un dispositivo institucional orientado a la consecución de un mejor sistema político, es que se plantean estas objeciones.

Finalmente, la propuesta no ofrece criterios claros en materia de asignación de escaños. Hay distritos como el caso del nuevo distrito de Copiapó, que con menos electores, se le asignan más diputados que los distritos de San Fernando, San Javier, y Osorno. Siendo todos de regiones.

Por supuesto que es posible cambiar el ya desgastado binominal por uno mejor, sin embargo, para esto sería prudente que el Ejecutivo entienda que este debate no sólo se debe realizar entre mítines partidarios, sino que de cara a la ciudadanía y considerando también la visión de los expertos.