A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE LA INVESTIGADORA DEL PROGRAMA ECONÓMICO, CECILIA CIFUENTES, SOBRE EL PRESUPUESTO 2012, PUBLICADA EN LA SEGUNDA:
En esta época del año la discusión política se centra en la Ley de Presupuestos, en un proceso que suele ser más obstructivo que colaborativo. Esta característica se ha acentuado en los últimos dos años, debido a que el gobierno actual no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que lo obliga a flexibilizar posiciones en pro de lograr acuerdos y aprobar las distintas partidas. En principio, esto podría considerarse positivo, ya que la construcción de consensos debería finalizar con mejores leyes. Pero en la práctica, la discusión presupuestaria se centra en forma demasiado marcada en una discusión de los montos asignados a las distintas partidas y programas, más que en logro de objetivos concretos de éstos. Tenemos entonces que gobierno y oposición terminan anotándose triunfos políticos por el sólo hecho de mostrar cifras mayores de crecimiento de gasto, lo que este año ha sido particularmente patente en el presupuesto de educación. Finalmente, la discusión presupuestaria se traduce en que mientras más se gasta, mejor.
Lo anterior es obviamente contradictorio con la eficiencia, y con la forma como se realiza la discusión de presupuesto de cualquier organización no gubernamental, en que mientras menos se gasta para lograr un objetivo determinado, mejor se evalúa el resultado. Esto no sólo parece razonable, sino también es la forma de lograr eficiencia y eficacia en la asignación de recursos.
En los últimos diez años, el presupuesto de gastos del gobierno central ha pasado de US$ 15.300 millones a US$ 47.700 millones, es decir, se multiplicó por más de tres veces. Efectivamente la cantidad y calidad de servicios públicos en ese período ha mejorado, pero ¿se ha triplicado? Parece urgente dar un mayor énfasis a los temas de eficiencia y gestión en la discusión presupuestaria. Esto requeriría abandonar como criterio de asignación de los recursos la tasa de crecimiento del gasto, y determinar para cada programa, en la medida de lo posible, criterios objetivos de evaluación de resultados. Algo de eso parece empezar a hacerse en algunos programas, como ocurre este año con el SENCE en forma bastante evidente. Aparecen en el presupuesto de este programa ítems que se reducen en forma drástica, mientras otros aumentan en forma significativa, lo que necesariamente implica que se están haciendo evaluaciones de resultado de los mismos. Este enfoque debería generalizarse, partiendo de la base de que cada partida tiene en principio un presupuesto constante, objetivos específicos que lograr en términos de provisión de servicios, haciendo las reasignaciones correspondientes, y sólo cuando las exigencias de calidad y cantidad de servicios aumentan, asignar recursos adicionales.
El enfoque actual termina siendo peligroso en términos de desarrollo económico, ya que como el gasto extra es premiado políticamente, siempre existen justificaciones para gastar más, lo que en un contexto de responsabilidad fiscal, significa recaudar más. Cómo es muy difícil aumentar la recaudación tributaria sin afectar negativamente la asignación de recursos, terminamos en que la política fiscal no genera los beneficios deseados, ya que reduce el crecimiento tendencial de la economía. Es muy importante entonces que la discusión de la Ley de Presupuestos se tienda a parecer más a los procesos presupuestarios que se realizan en la gran mayoría de las organizaciones, dejando de lado la idea que más gasto es siempre mejor.
