IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA VECINAL: VERDADERO MECANISMO DE JUSTICIA “SOCIAL”

Cumpliendo con lo prometido en el programa de gobierno, el Ministerio de Justicia ha iniciado el programa piloto de lo que será la nueva justicia vecinal, la que operará en modo de prueba por 18 meses, para luego implementarse a nivel nacional.

Rodrigo Delaveau, Director del Programa Justicia de LyD, explica que la gran mayoría de los conflictos jurídicos en Chile son de tipo civil, en juicios de poca monta, pero de inmensa trascendencia para el diario vivir de las personas. Este tipo de proyectos es una de las reformas pendientes más esperadas porque constituyen –literalmente hablando- de un mecanismo de verdadera justicia “social”. En efecto, para la gran mayoría de los chilenos, acceder a la justicia para solucionar conflictos cotidianos es algo lejano, difícil y caro.

Es por esa razón que uno de los ejes fundamentales de este programa es contar en primer lugar con un equipo de especialistas y mediadores (abogados, psicólogos, asistentes sociales, etc) que permitan bases de acuerdo entre las partes en conflicto de modo que eviten llegar a instancias jurisdiccionales y ésta sólo tengan que operar como un mecanismo de última instancia, en que se agoten esfuerzos para que las partes lleguen a un acuerdo que les satisfaga y cuenten con buenos incentivos para cumplirlos.

Este sistema ya ha tenido un gran éxito en materia de familia, ya que bajo la modalidad de mediadores, se evita que cerca del 63% de las denuncias escalen a instancias judiciales, lo cual no sólo es un excelente indicador que optimiza los recursos del Estado, dejando sólo los conflictos más complejos a los tribunales, sino que contribuye a una verdadera paz social entre los miembros de la comunidad.

Es de esperar que no sólo se siga el ejemplo de la justicia de familia, licitando el sistema de mediadores entre profesionales calificados, sino que también el de asesoría gratuita (o bajo un sistema de copago para la clase media) prestada por éstos, de modo de optimizar los recursos de todos y no crear más burocracia ni clientismo o dependencia del Estado.

Al cabo de 18 meses ( o antes) se debería contar con un proyecto de ley que tome cuenta lo aprendido en el programa piloto e implemente a nivel nacional este tipo de justicia que hoy no es abordado con propiedad –por diversas razones- por los juzgados de policía local o la justicia civil.