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Libertad y Desarrollo realizó el seminario "Comisión de Valores: Una nueva institucionalidad para la entidad supervisora del mercado de capitales”.

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, abrió el evento, destacando que esta iniciativa resulta valiosa en el contexto que nos lleva a reflexionar sobre la arquitectura regulatoria y de supervisión del mercado de valores y de los mercados regulados en general, expresando asimismo que debe ser debatida ampliamente para evitar costos derivados de la sobre regulación, la que puede traer aparejadas situaciones de riesgo moral e inhibir la innovación.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, (VER PRESENTACIÓN)fue el encargado de repasar los principales aspectos del proyecto de ley, el cual señaló es un tremendo avance en el sentido de que se pasa de un organismo unipersonal a uno colegiado y que da más espacio normativo, fortalece la autonomía y da mayor continuidad y eficiencia a las políticas de gestión interna, a la vez que adopta las mejores prácticas sugerida por la OCDE, IOSCO, IAIS y FMI.

Felipe Larraín destacó además 3 puntos importantes:

- Se mejora el proceso sancionatorio: actualmente la tarea de formular cargos y dictar resoluciones sancionatorias recaen sobre el Superintendente. Con el proyecto se separan ambas dimensiones, creándose la figura del fiscal, que investiga y levantará cargos, elegido por el Consejo a través del sistema de Alta Dirección Pública por un plazo de 6 años.

- Mejoras en proceso de regulación: mayores facultades y atribuciones normativas, acompañadas del deber de generar, ex ante, una evaluación de impacto de las normas; cuenta pública anual y evaluación de las necesidades presupuestarias para lograr el adecuado funcionamiento.

COMISIÓN DESORMEAUX

Por su parte, Arturo Cifuentes, (VER PRESENTACIÓN)quien integró la Comisión Desormeaux, compartió con la audiencia las conclusiones y recomendaciones de la entidad. En su intervención, partió asegurando que en las últimas décadas, el mercado financiero ha sufrido grandes transformaciones como la desregulación y globalización; desaparición de límites claros entre funciones tradicionales; aparición de instrumentos financieros más innovadores y complejos; creciente importancia de conglomerados, etc.

En ese sentido, la Comisión que se creó en 2010 elaboró una serie de recomendaciones:

- Introduce la idea de regulación por objetivos.

- Se inspra en arquitectura "twin peaks" (que separa solvencia y conducta de mercado).

-  Propone una estructura en torno a Comisión de Solvencia y Comisión de Conducta de Mercado y Protección del Consumidor.

- Creación del Consejo de Estabilidad Financiera.

- Necesidad de reformar el gobierno corporativo de los supervisores para pasar a un modelo de gobierno colegiado.

Cifuentes destacó el hecho de que el PDL captó la idea de un gobierno colegiado, de que mejora el proceso sancionatorio y resalta la importancia de la investigación, pero a su juicio, tiene una serie de elementos perfectibles, como la independencia presupuestaria; el vínculo existente entre el Presidente de la Comisión y el Presidente de la República; cambiar el régimen post empleo y nivelar sueldos de Presidente y de los Comisionados.

DEBATE

A continuación un panel comentó la nueva institucionalidad y el nuevo procedimiento normativo y sancionatorio contemplado en la iniciativa legal. Este panel estuvo integrado por Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros; el diputado Jorge Burgos, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados; el diputado Ernesto Silva, miembro de la Comisión de Hacienda; y Alberto Etchegaray, ex Superintendente de Valores y Seguros y actual miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

Fernando Coloma destacó que la SVS se siente plenamente identificada con el PDL, ya que permite avanzar en un tema que como país es importante y destacó como aspectos positivos el hecho de que el proceso de elección de los 4 comisionados se dará en forma independiente al ciclo político dando mayor autonomía.  Enfatizó en que permitirá dar más confianza al Parlamento para entregar a la Comisión atribuciones para elaborar normas sin tener que pasar por ley. Además, resaltó la separación de funciones en el proceso sancionatorio con la creación de la figura del fiscal.

Jorge Burgos, por su parte, recordó que ya en 2008 la SVS así como también el Ministerio de Hacienda transmitieron la necesidad de modernizar la estructura de la entidad desde un organismo unipersonal a uno colegiado. Por eso, señaló que valora y comparte el PDL, a pesar de tener algunas consideraciones como el haber aprovechado la instancia para hacer una reforma más completa, de haberse metido en temas como la débil sanción al uso de información privilegiada y abrirse a cambios como el hecho de que los comisionados no tengan dedicación exclusiva.

Ernesto Silva destacó el funcionamiento actual de nuestra institucionalidad, valorando no obstante la iniciativa al avanzar en la dirección correcta en diversos aspectos. Sin embargo invitó a una reflexión sobre el modelo regulatorio a seguir para el resto de las entidades supervisoras, en este y otros mercados, de manera de identificar las razones y objetivos, de haberlos, que justificarían que hoy se legisle proponiendo un gobierno colegiado para la entidad supervisora del mercado de valores, pero no para otras entidades supervisoras de mercados diferentes, como el de telecomunicaciones, por ejemplo. Valoró a su vez la obligación que se impone a la Comisión de efectuar un análisis del impacto regulatorio de las normas a ser emitidas por la Comisión, lo que contribuye a la calidad de la regulación. Sin embargo, criticó la figura del fiscal que se propone, que sólo acusa y no sanciona, ya que a su juicio, puede generar incentivos incorrectos, si no tiene asociado un adecuado nivel de responsabilidad en su actuar y contrapesos suficientes.

Por último, Alberto Etchegaray, junto con destacar la iniciativa, planteó sus dudas respecto a que el Presidente de la nueva CVS pueda ser removido por el Presidente de la República, al ámbito presupuestario y de financiamiento de la nueva institucionalidad y enfatizo 2 inquietudes adicionales: la obligación del secreto en la formulación de cargos, la que debería tener un carácter público y cómo generar mayores incentivos en materia de delación compensada y denuncias, toda vez que resulta en una poderosa herramienta de fiscalización y control de la autoridad supervisora.