Expertos analizan nueva ley que crea Servicio de Biodiversidad

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Un exhaustivo análisis de los pro y contras de la nueva ley de crea el Servicio de Biodiversidad se realizó hoy en el seminario “Áreas Protegidas y  Desarrollo Productivo”, organizado por Libertad y Desarrollo y la SOFOFA.

El evento contó con la participación de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez Presentación   quien partió su presentación haciendo ver que las áreas protegidas en Chile, en relación al resto de Latinoamérica, son altas. Sin embargo, se destina poco como porcentaje del PIB, teniendo una asignación financiera de US$ 1 por hectárea.

En ese sentido  la ministra recalcó que el proyecto de ley ingresado dará más oportunidades en materia de protección de las especies, en generar un marco legal claro y específico, en disminuir la discrecionalidad administrativa y en valorizar las áreas protegidas para fomentar el turismo. “Queremos que la afectación de áreas se inscriba en una política de largo plazo de gestión de biodiversidad, que se objetivicen los criterios para la gestión de especies fuera de las Áreas Protegidas y en categorías de amenaza y que se definan los umbrales de los que se puede y no se puede hacer en ellas, administradas por un servicio único”, señaló.

Por su parte, Leonel Sierralta, Jefe de la División Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente Presentación , detalló el proyecto, el cual aborda 4 áreas fundamentales: la Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; la creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; la regulación de instrumentos para la protección de la biodiversidad y la modificación de leyes sustantivas que regulan la protección.

En ese sentido, destacó las definiciones relevantes que trae consigo, como es las áreas silvestres protegidas de propiedad privada; la creación de un cuerpo de guarda parques y el establecimiento de sitios prioritarios que anteceden las áreas protegidas.  “Debe imaginarse un país donde se apliquen distintas reglas, en que convivan acuerdos de producción limpia, fondos de protección ambiental, áreas protegidas, certificaciones ambientales, sistemas de protección de especie, etc”, aseguró.

LA VISIÓN DE LOS THINK TANKS

A continuación fue el turno de los centros de estudio. En primer lugar, Susana Jiménez, economista senior de LyD Presentación partió su exposición haciendo ver que el desarrollo sustentable no es un llamado a evitar el progreso, sino todo lo contrario, haciendo ver que el crecimiento económico de Chile ha ido de la mano de un reconocido desempeño medioambiental.

En ese sentido, Jiménez señaló que el proyecto de ley es un cambio de paradigma en materia medioambiental, pero no deja claro cómo se van a regular las intervenciones en las áreas protegidas, las cuales son un instrumento fundamental para la protección de la biodiversidad y representan un quinto del territorio nacional.

La experta enumeró una serie de inquietudes en relación con el nuevo proyecto como es la situación de los proyectos que hoy están en el SEIA cuya localización corre riesgo de ser redefinido, el qué pasará si se definen prohibiciones más estrictas en áreas donde ya se han iniciado actividades productivas, o cuál es la situación legal de los sitios prioritarios hasta que son áreas protegidas. Por otro lado, qué tipo de concesiones son factibles en las áreas protegidas, cuáles van a ser los parámetros pare l otorgamiento de concesiones y si es que existen instrumentos de reclamación en caso que las partes no estén de acuerdo.

Aún así, Jiménez destacó que es positivo que la interferencia estatal sea sólo en áreas de propiedad pública, que las funciones de conservación y de fomento estén separadas, que participe en Consejo de Ministros y que se cree un fondo concursable. “El proyecto es bueno pero con riesgo de generar obstáculos que impidan el desarrollo de la actividad productiva en el país”, asegura.

Por su parte, Vivianne  Blanlot, investigadora de Expansiva,  destacó como méritos del proyecto la inclusión de las especies marinas, la separación de los instrumentos de fiscalización y focalización de los recursos.

Por último, Lucas Sierra, investigador del CEP (Presentación 1 , Presentación 2), destacó que el proyecto es un paso adelante en el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental, tarea de por sí difícil, aunque aseguró que el debate legislativo será importante para mejorar el proyecto en materias como la institucionalidad.

Santiago, 18 de marzo de 2011.