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Libertad y Desarrollo y Sofofa realizaron el seminario "Cuotas Individuales Transferibles de Pesca", donde se discutió los resultados y la evolución que ha tenido en el país la Ley 19.713  que establece el límite máximo de captura por armador y cuya vigencia se extenderá hasta el 2012.

En la oportunidad, Jaime Dinamarca, de la Sofofa y Tomás Flores, Director de Estudios de LyD abrieron el encuentro, cuyo primer orador fue Jorge Chocair, subsecretario de Pesca.

En su exposición, Chocair destacó que la actual ley  generó las condiciones para un uso más racional de los recursos extractivos, fortaleció la investigación y la fiscalización y administración pesquera y permitió la capacitación y el apoyo social. Sin embargo, no dejó de reflexionar acerca de los costos sociales asociados a la aplicación de la norma - principalmente relacionados con el empleo- y los aumentos en los costos de administración, fiscalización y evaluación de las pesquerías.

Hannes Gussurarson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Islandia se refirió a la experiencia de su país en la materia.

A continuación fue el turno de Julio Peña-Torres, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, quien resaltó que antes de que rigiera la actual institucionalidad, existía una clara sobreexplotación de recursos y una suerte de carrera olímpica. "La nueva regulación ha entregado incentivo para moderar la pesca y aumentar la diversificación de productos hacia aquellos de mayor valor agregado", aseguró.

Entre los beneficios asociados a esta institucionalidad, mencionó los ahorros en los recursos de pesca y en los costos, al poder extraerse básicamente lo mismo, pero con menos naves.

ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES

Los gremios estuvieron representados por Rodrigo Sarquis, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y por Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Confepach) en un panel moderado por Roberto Izquierdo, ex presidente de Sonapesca.

Sarquis destacó que la asociación tiene 59 años de trayectoria y cuenta con una flota de 19 barcos y 43 plantas procesadoras, produciendo anualmente alrededor de US$650 millones.

Para Sarquis, el gran beneficio del Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) ha sido el que ha incentivado la producción de productos de mayor calidad y con mayor valor agregado, con una inversión que ha sido moderada y focalizada.

Por ello, el dirigente gremial solicitó robustecer la institucionalidad pesquera nacional y hacer de la LMCA una institucionalidad de carácter permanente. También señaló como desafíos a futuro, incorporar a la pesca artesanal a las cuotas individuales de pesca y a las normativas pesqueras que rigen a los demás.

Por su parte, Arancibia criticó el papel que el Gobierno ha tenido en relación a los pescadores artesanales, asegurando que no han estado en el debate. En ese sentido, aseguró que por las características del sector artesanal, se requiere que en materia de regulación pesquera se realice una administración más eficiente, a la vez que aseguró que la propiedad sobre los recursos no garantiza  su sustentabilidad. Por ello solicitó un mayor respeto del sector industrial a las áreas de reserva, una reforma a la institucionalidad y normativa pesquera y la posibilidad de gestionar acuerdos y alianzas.

EL EJEMPLO DE ISLANDIA

Como invitado internacional, Hannes Gissurarson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Islandia y autor del libro "The Fish Stocks in Icelandic Waters: The property of the Nation or of the State" se refirió a cómo Islandia llevó a cabo su reforma pesquera.

El experto partió resaltando que el principal problema de la sociedad es que los recursos naturales están apropiados y quienes los tienen, tienen intereses privados para evitar que otros los usen. Por esta razón pasó por el pensamiento de Locke y Hume en torno a la propiedad, concluyendo que por el hecho de que hay pocos recursos, estos deben ser restringidos y transferidos a aquellos que pueden darle un mejor valor.

Gissurarson se refirió a la sobre explotación pesquera que vivió su país potr mucho tiempo y que hizo colapsar muchos de sus recursos, asegurando que ello trajo una pérdida importante de ganancias y de empleos. Hoy, el sistema usado en Islandia es eficiente y barato de monitorear. "Se pasó de 16 barcos a 8 lo cual aumentó la eficiencia ya que con las cuotas, la responsabilidad es individual y no colectiva. En este sistema se dio una situación óptima: nadie cambió pero nadie está mejor", explicó.

En ese sentido, el experto señaló que la asignación de cuotas por parte del gobierno no es lo óptimo, pero sí la asignación de cuotas según lo que se ha estado cosechando.

Como conclusión, el experto señaló que la propiedad no sólo es aplicable a la tierra o al ganado, sino también a otros recursos como la pesca. Puntualizó, eso sí, que los derechos de propiedad no permiten por sí solos resolver los problemas en un contexto en que todos queremos lo mismo.

EXPOSICIONES

Jorge Chocair, subsecretario de Pesca

Julio Peña-Torres, profesor de la Universidad Alberto Hurtado

Rodrigo Sarquis, presidente de Asipes

Hugo Arancibia, presidente de Confepach

Hannes Gissurarson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Islandia

Santiago, 26 de mayo de 2009