11 de junio de 2018

Transparencia de fondos ad portas de elecciones en regiones

El año 2020 se elegirán democráticamente a los gobernadores regionales. Ello no sólo impone nuevos desafíos en materia de atribuciones y gestión en el ámbito regional, sino que también en materia de transparencia de los recursos administrados. Desde la creación de los gobiernos regionales en 1993, el volumen de recursos ha crecido en forma importante, alcanzando para este año unos $1.260 mil millones. Estos fondos en gran medida son ejecutados a partir de la postulación para financiamiento de distintos proyectos por parte de ministerios, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil.

En el caso de los fondos concursables resulta clave la transparencia del proceso, no sólo necesaria para reforzar el control ciudadano en cuanto a evaluar la efectividad y eficiencia del gasto público, sino que también para cerrar espacios de potencial corrupción. Si la sociedad civil percibe que los procesos de postulación y adjudicación de fondos públicos no son competitivos y que su asignación responde a “cercanías” con la autoridad de turno, se debilita la confianza en las instituciones públicas.

Un estudio de LyD concluyó que los gobiernos regionales están al debe en cuanto a asegurar un proceso competitivo y transparente en la postulación de fondos. Ello luego de revisar las bases de los concursos y la información que se encuentra disponible en las páginas web de los 15 gobiernos regionales relativos a los proceso de postulación a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para actividades culturales, deportivas, de seguridad ciudadana, de carácter social y de prevención y rehabilitación de drogas, de protección del medio ambiente y educación ambiental.

Pese a que en términos generales los gobiernos regionales cumplen con la exigencia legal de publicar en su página web los plazos de la convocatoria, criterios, indicadores y ponderaciones para la evaluación, no se cuenta con toda la información necesaria para poder ejercer un adecuado control ciudadano. 

Si bien entre los anuncios de la cuenta pública del 1 de junio se planteó el compromiso de fortalecer los mecanismos de transparencia, participación, responsabilidad y probidad de los gobiernos regionales y comunales, aun no se conocen mayores detalles al respecto. Es de esperar que se avance en esa línea antes del año 2020. Contar con autoridades electas sin que ellas deban rendir cuentas y entregar información detallada del destino de los recursos que administran no ayuda a que se maximice la rentabilidad social de los proyectos financiados. 

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en medios regionales de El Mercurio.-