31 de agosto de 2017

Mitos del proyecto del Gobierno de reforma al sistema de pensiones

Hace unas semanas fueron ingresados al Congreso los tres proyectos de ley que conforman la reforma de pensiones del gobierno. El corazón de estas reformas se encuentra en la iniciativa que crea el Nuevo Ahorro Colectivo y en torno al cual las actuales autoridades han creado, al menos, cuatro mitos:

1. ES NECESARIO APROBAR RÁPIDAMENTE EL PROYECTO, PARA QUE EL AUMENTO EN LAS PENSIONES DE 20% SEA INMEDIATO: FALSO

El proyecto propone un aumento en las pensiones de 20% a los pensionados (antiguos y nuevos) de 65 años o más que reciban pensiones de vejez, vejez anticipada e invalidez definitiva no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas por el actual sistema de capitalización individual. Este aumento tendría un tope de $ 120.000.

Esta mejora en las pensiones vigentes, unida a un bono de compensación para las mujeres que se pensionen a partir del pago del beneficio, se financiaría con las cotizaciones de los actuales trabajadores que cotizan, y sólo ocurriría 15 meses después de la publicación de la ley. O sea, si la reforma se aprobara antes de la discusión presupuestaria y se publicara a principios de octubre de este año (como pretende el gobierno), el primer aumento de pensión se entregaría recién a inicios de enero de 2019.

Otro punto importante a destacar es que para los pensionados más vulnerables (los que reciben los beneficios del Pilar Solidario) el aumento no necesariamente será de 20% en su pensión final: de hecho un pensionado que califica al Pilar Solidario y que tiene una pensión autofinanciada de $ 100.000, recibe hoy un APS de $ 70.805. Por ende su pensión mensual es de $ 170.805. De acuerdo a las reglas establecidas en el proyecto de ley del gobierno, el aporte intergeneracional para este pensionado sería de $ 20.000 (20% de $ 100.000), por lo que su pensión final sería de $ 190.805, lo que equivale a un aumento de 12% (y no de 20%) respecto a su pensión final recibida sin proyecto de ley.

 

2. EL 3% DE AUMENTO EN LA COTIZACIÓN IRÁ DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS PERSONALES: NO INMEDIATA NI COMPLETAMENTE

Los 5 puntos de mayor cotización serán en su totalidad administrados monopólicamente por el nuevo ente estatal que se crea: el Consejo de Ahorro Colectivo. En régimen, 3 puntos irán a cuentas personales y 2 puntos al Fondo de Ahorro Colectivo, el cual a su vez financiará tres beneficios en el siguiente orden de prelación: aporte intergeneracional, bono compensatorio para las mujeres y aporte solidario intrageneracional.

Durante la transición, es decir, entre que se publique la ley y los 6 años siguientes, los primeros puntos de cotización se destinarán completamente al Fondo de Ahorro Colectivo y sólo luego de 3 años después de publicada la ley, cuando la cotización supere el 2%, solo lo que sobre se destinará a las cuentas de ahorro personal (0,6% después del tercer año, 1,4% después del cuarto año y 2,2% después del quinto año) para llegar en régimen al  3%, sólo 6 años después de publicada la ley.

Además de no destinarse inmediatamente recursos para suplementar las cuentas personales, será sólo a este 3% al cual se le descontará el monto necesario para financiar, en régimen, el total de gastos mensuales del Consejo de Ahorro Colectivo, lo que reducirá los recursos destinados a la cuenta individual. En conclusión, la propuesta del gobierno no maximiza el aporte que el mayor ahorro puede realizar a las cuentas individuales de los trabajadores (además de obligar que este mayor ahorro sea administrado monopólicamente por el nuevo ente estatal).

 

3. LA REFORMA PROPUESTA AYUDA A LO QUE MÁS LO NECESITAN: FALSO, EL PROYECTO DE LEY ES FUERTEMENTE REGRESIVO

El proyecto de ley enviado al Congreso es altamente regresivo, tanto en la forma en que se financia, como en el diseño de sus beneficios.

Respecto a su forma de financiamiento, el Nuevo Ahorro Colectivo en vez de utilizar las rentas generales, grava a los cerca de 5,2 millones de cotizantes para financiar los beneficios que entrega, que en su mayoría son trabajadores dependientes con un sueldo líquido promedio cercano a los $ 600.000. De hecho, más de la mitad de estos trabajadores recibe menos de $ 430.000 al mes.

Cabe preguntarse entonces si es justo que sea este grupo el que, en vez de aprovechar el aumento en la cotización para un necesario incremento de su ahorro previsional para mejorar sus pensiones, deba traspasar parte de sus ingresos al Nuevo Ahorro Colectivo, y con ello destinar de su bolsillo recursos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados (incluso los de pensiones altas) y también (a través del componente intrageneracional) de los futuros jubilados con mayor número de cotizaciones, sin importar si son más ricos o pobres que ellos.

Respecto de los beneficios que entrega, la regresividad de su diseño se funda en varios argumentos. En primer lugar, resulta que los pensionados de mayores ingresos -en concreto, todo pensionado con una pensión igual o superior a $ 600.000- recibirá un aporte de $ 120.000, mayor al máximo aporte estatal que reciben los pensionados más pobres beneficiados por el Pilar Solidario ($ 104.646, el valor de la PBS vigente).

En el caso del componente intergeneracional, además del hecho que los pensionados del Pilar Solidario (los más vulnerables) recibirán un incremento inferior al 20% prometido en su pensión final, los que más tienen serán los que más recibirán en términos absolutos (por ejemplo, $ 60.000 para el que tiene una pensión de $ 300.000 versus el doble para los que tienen una pensión de $ 600.000).

 

4. LOS EFECTOS SOBRE EL EMPLEO FORMAL SON LOS MISMOS SI ES QUE EL AUMENTO SE DESTINARA A LAS CUENTAS INDIVIDUALES: FALSO

El potencial efecto negativo en el empleo formal de la propuesta del gobierno (estimado por su Informe de Productividad de “entre 2.200 y 394.000 empleos, con efectos intermedios de 60.000 a 124.000 empleos”) depende de la valoración que realicen los trabajadores del beneficio futuro de aumentar hoy la cotización. A menor valoración, mayor impacto negativo.

Respecto a esto, la propuesta del gobierno presenta una gran desventaja: destina parte del mayor ahorro de los trabajadores al financiamiento de otros pensionados (actuales y futuros). En concreto, el gobierno plantea que en principio toda la mayor cotización y en régimen hasta 40% de ésta (2 de los 5 puntos) financie un incremento en las pensiones de otras personas, diferentes de quien aportó. Esto rompe la relación que sí existe cuando la cotización se destina a las cuentas individuales: a mayor ahorro, mayores beneficios futuros.

La menor “apropiabilidad” del mayor ahorro presente en la propuesta del gobierno acentúa la probabilidad que el trabajador no valore el incremento en la cotización y que existan importantes incentivos a la informalidad. En este escenario, los efectos negativos sobre el empleo formal pueden acercarse a los límites máximos establecidos en el Informe de Productividad del gobierno.