Como resultado del reciente rechazo del informe de la Comisión SENAME II, se ha vuelto a hacer evidente la necesidad de concretar prontamente una reforma sustantiva a la institucionalidad pública que vela por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Lamentablemente, en materia legislativa, la discusión se ha centrado en los últimos tres años en la tramitación de una serie de proyectos de ley que no abordan los problemas de fondo de la institucionalidad vigente y que más bien buscan consagrar y darle protagonismo al rol del Estado en materia de cuidado de los niños. Esta activa agenda está compuesta por una “ley marco” de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (la creación de un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez), y proyectos de ley que crean una Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. A esto se suma el reciente ingreso en abril pasado del reemplazo del SENAME por dos organismos especializados: el Servicio de Protección Especializada de Niños y Niñas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Como bien es sabido, este último cambio no es nuevo, puesto que en 2012 ya se había presentado un proyecto ley con el mismo objetivo, el cual no fue considerado por el actual gobierno.

Los testimonios de los últimos días y las conclusiones del informe rechazado la semana pasada nos entregan luces de hacia dónde se debiese avanzar en esta materia. Entregarle el necesario sentido de urgencia al tema resulta clave. No podemos olvidar que el bienestar de los NNA tiene consecuencias no sólo en su desarrollo actual y futuro, sino también en toda la sociedad. Por ello, debiésemos consolidar cuanto antes un acuerdo transversal en materia de infancia, en la línea de lo planteado en estos días tanto por el ex Presidente Sebastián Piñera como por el ex Presidente Ricardo Lagos. El nombramiento de un delegado presidencial que lidere un comité de emergencia  conformado por expertos de todos los sectores y disciplinas que guíen una pronta reforma podría ser de gran utilidad, siempre y cuando su acción no se limite a la elaboración de un nuevo informe, sino que en la materialización de medidas concretas a partir de las recomendaciones de múltiples instancias que en los últimos años han abordado los desafíos del rol de la política social en materia de infancia.

Respecto a acciones específicas, existen una serie de propuestas del informe SENAME II recientemente rechazado que estimamos podrían abordarse. En primer lugar, las políticas públicas relacionadas con la infancia debiesen centrarse no en el niño de manera aislada, sino en la familia. El trabajo y apoyo a ella es fundamental para abordar las razones de fondo de los problemas. Ésta es el núcleo fundamental y medio natural para el crecimiento, bienestar y protección de los NNA, y es en donde en primera instancia debiesen encontrar un ambiente propicio para su desarrollo integral. Reenfocar la intervención a NNA, en especial a aquellos vulnerados, bajo una mirada que entregue herramientas oportunas a su núcleo más cercano y no sólo tratar carencias específicas, permitiría sin duda dar un gran salto en esta materia.

Si bien urgen ciertos cambios institucionales en los que hay un relativo consenso, como el reemplazo del SENAME por dos nuevos servicios especializados (uno en protección y otro en responsabilidad penal), su pronta discusión y eventual aprobación debe acompañarse de una serie de cambios adicionales. Uno de los más relevantes es reformar el sistema de subvenciones. Se debe revisar el valor de los recursos entregados por niño, de tal forma que se logre reflejar el costo asociado a la intervención especializada de NNA vulnerados en sus derechos. Al mismo tiempo, y tal como propone el rechazado informe, se debe reenfocar la subvención a una mirada de logro de objetivos de los planes de atención más que a una donde los recursos se entregan sólo según niño atendido. Con ello, se lograría priorizar su desinstitucionalización y propender a su pleno desarrollo personal de forma integral.

Los mayores recursos debiesen a su vez acompañarse del establecimiento de estándares de calidad claros, para lo cual una Ley Única de Subvenciones (que homogeneíce criterios de rendición y no discrimine según quien provee el servicio) podría ser una gran contribución. El rol de la sociedad civil es clave en esta tarea y debemos potenciar su aporte. Exigir una rendición de cuentas transparente y efectiva, pero a la vez eliminar la burocracia innecesaria permitirá a los organismos colaboradores acreditados centrar su trabajo en la atención de estos niños, niñas y adolescentes.

El aumento de la subvención y su cambio de lógica debiese acompañarse de entregar una adecuada capacitación a los funcionarios que trabajan con NNA vulnerados en sus derechos, en materias como la salud mental, el desarrollo socioemocional, etc. De igual forma, se les debiese exigir la rendición de test psicológicos y de consumo de drogas y alcohol, de modo de asegurar su idoneidad en el desempeño de tan relevantes funciones, además de elevar las exigencias en la selección de personal. La redefinición de perfiles y la adscripción de toda la institucionalidad pública en materia de infancia al Sistema de Alta Dirección Pública hasta el tercer nivel jerárquico también podrían contribuir a garantizar dicho objetivo.

Mayores recursos y funcionarios con las herramientas necesarias y la preparación óptima nos permitirían avanzar en garantizar que tanto los organismos colaboradores como los programas de administración directa puedan otorgar a los NNA una protección efectiva de sus derechos.

Por último, un desafío fundamental en esta materia es avanzar hacia una coordinación real de las diferentes instituciones públicas involucradas para darle a la infancia una mirada multisectorial. Levantar un sistema de alerta temprana resulta clave para detectar a tiempo potenciales vulnerabilidades. Por ejemplo, es fundamental el rol que pueden jugar en el levantamiento de información tanto el Ministerio de Educación a través de lo que ocurre y es posible detectar en salas cunas, jardines infantiles y colegios, y el Ministerio de Salud en los prestadores de distintos niveles. Las alertas también pueden detectarse si se cuenta con información oportuna del entorno y las redes de los NNA. En suma, contar con un sistema de información integrado es prioritario. Asimismo, parece también urgente contar con un sistema de información que permita evaluar oportunamente las intervenciones que reciban los NNA vulnerados, de tal modo de realizar los ajustes necesarios y a tiempo al diseño de programas en materia de infancia.

No desaprovechemos la oportunidad creada por la visibilidad que ha adquirido este tema en la opinión pública por los lamentables hechos conocidos y démosle premura a los cambios que nuestra institucionalidad requiere para entregar atención oportuna y de calidad a los niños de nuestro país.