Dos años de tramitación lleva en el Congreso el proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Un mensaje de la Presidenta de la República que estuvo motivado, entre otras, por recomendaciones que en materia de concesiones hiciere la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocida como “Comisión Engel”.

La iniciativa, que está siendo discutida en la comisión de Obras Públicas del Senado, contiene un auspicioso mensaje que reconoce cómo la asociación público-privada ha contribuido a disminuir significativamente la brecha existente entre necesidades y disponibilidad de infraestructura. "Más aun, señala que este sistema ha logrado una fuerte inversión nacional y extranjera, y que pasó a constituir una política de Estado avalada transversalmente, la que ha contado con un marco legal que se ha ido perfeccionando en el tiempo", aclara Cristina Torres, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

Si este mecanismo es tan positivo como se conoce y se consagra además, en dicho texto, ¿qué es lo nuevo que considera el proyecto de ley?

Al efecto, éste señala que la Ley de Concesiones no regula los aspectos orgánicos relativos al marco institucional del servicio encargado de desarrollar el sistema de concesiones. De hecho, ha sido la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, una unidad administrativa funcional dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la que se ha encargado de implementar el programa, haciéndose por tanto necesario contar con una nueva institucionalidad que facilite enfrentar desafíos más ambiciosos a mediano y largo plazo y, de esta manera, potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones.

El proyecto de ley crea la mencionada dirección como servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, a cargo de un Director General, y cuyo personal se regirá por la legislación a aplicable a los funcionarios públicos, esto es, estatuto administrativo y escala única de sueldos.

"Ésta tendrá como objeto la ejecución, reparación, mantención y explotación de obras públicas fiscales, y la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, como también la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y administrativas aplicables a los contratos de concesión, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes", explica la abogada.

Pese a lo interesante y necesario que es la importancia de la gestión en concesiones, el proyecto en sí no se ha concentrado en ello pues, como se verá, la discusión sólo ha versado sobre aspectos relacionados con la remuneración de los funcionarios de la Dirección, viéndose entrampada en su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, ante peticiones del personal que será traspasado al nuevo servicio.

El proyecto crea una nueva planta de personal, e incrementa la dotación del Servicio. Luego de más de un año de discusión y firma de un protocolo de acuerdo entre el MOP, DIPRES y la Asociación de Trabajadores de la Coordinación de Concesiones, el 27 de enero del presente año, se acordó el traspaso de la mayoría de los trabajadores que hoy se encuentran a horarios en la Coordinación a la nueva Dirección, donde estarán adscritos a la escala única de sueldos, al Sistema de Alta Dirección Pública en caso de ser Directivos. Junto con ello, se crea una “asignación especial” con un máximo de 72 cupos, sumado a 35 nuevos cupos para recibir la asignación por desempeño de funciones críticas  y reconocimiento del tiempo servido a honorarios para en la Coordinación para la aplicación de incentivos al retiro.

De esta forma, se considera un gasto fiscal de $ 650 millones para incrementar la dotación, un monto de $545 millones para financiar la asignación especial que se crea, y $717 millones para los efectos del pago de la asignación de funciones críticas. "Es decir, la nueva Dirección hará lo mismo de antes, pero a un mayor costo fiscal, siendo los únicos beneficiados directos los funcionarios públicos", asegura Cristina Torres.

Si bien en lo organizacional del servicio se rescata el hecho que se incentiven concursos y valore la experiencia, en lo estrictamente presupuestario no parece un momento adecuado para crear nuevos cargos en Administración del Estado e incrementar el gasto en personal. "Más aun tratándose de un año de elecciones, donde el proyecto ha tomado mayor premura en su discusión y ahora se tramita con urgencia. Esto, pues no hay garantías de una mejor gestión, o que la creación de esta institucionalidad ayude a lograr una planificación permanente con horizonte a mediano y largo plazo, y que disminuya la brecha para  dar efectivo cumplimiento a la agenda de proyectos de infraestructura", agrega la abogada.

Finalmente, cabe recordar que las concesiones se encuentran trabadas por una discusión ideológica y la falta de capacidad de gestión que ha tenido el Gobierno en llevar a cabo una cartera de proyectos, donde esta iniciativa poco ayuda. Para Torres, "hubiese sido esperable que se presentase un proyecto que tuviera como foco promover la inversión e incentivar el mecanismo de concesiones, pero el resultado es un proyecto ad hoc a los requerimientos de los funcionarios, y que no se ve como impulsará la concreción de los desafíos pendientes que en infraestructura tiene el país".