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El Programa

La Tercera

Recuerdo muy bien, hace casi 4 años, cuando ante un selecto grupo de personas -que yo calificaría como “bien informados”- comenté lo grave que me parecían las propuestas que planteaba el programa de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet. Buena parte de este grupo reconoció no haberlo leído, mientras el resto (que probablemente tampoco lo había hecho) le restó importancia aduciendo que no era más que una sarta de promesas que no se cumplirían. El tiempo probó lo equivocados que estaban: el programa se transformaría en una suerte de Biblia, supuestamente legitimada por la mayoría electoral de una ciudadanía igual de “bien informada”.

Los negativos efectos resultantes de la aplicación de estas propuestas y el mayoritario rechazo manifestado ante las correspondientes reformas, debieran llevar a pensar que esta vez la gente sí prestará atención a los programas, al menos de los candidatos mejor posicionados. Ante la duda, sin embargo, quisiera advertir algunas “joyitas” que trae el programa del candidato Guillier, dado que sería él quien, de acuerdo a las encuestas actuales, pasaría a segunda vuelta detrás del candidato Piñera.

Guillier ya ha expresado su plena identificación con el gobierno de la Nueva Mayoría y sus reformas, señalando que “no retrocederá un metro”. Es así como abraza la idea de una nueva Constitución, la gratuidad universal en la educación superior, la creación de un canal cultural estatal, entre tantas otras. Pero ojo que no se trata de un mero continuismo, sino de avanzar mucho más allá.

Respecto de la nueva Constitución, propone establecer derechos fundamentales tan amplios como el derecho a la vivienda adecuada y a la cultura, como si bastara dejarlo por escrito para que fueran satisfechos. Así lo entendieron también en Ecuador, Bolivia y Venezuela, cuyas constituciones compiten en generosidad, pero no brillan por su efectividad.

Entre las ideas “estrella” del programa está también el eliminar el Tribunal Constitucional, institución que no hace otra cosa que fortalecer la democracia al ejercer un control judicial sobre las decisiones del Congreso (atribución que por lo demás se consagra en un centenar de constituciones en el mundo). Y ni hablar de la propuesta de derogación popular de la ley y del referéndum revocatorio; esta última permitiría destituir del cargo a funcionarios electos (¡incluido el Presidente!) mediante votación directa. Un verdadero hit populista.

En materia indígena, el programa de Guillier propone un Estado multicultural y plurinacional, con representación parlamentaria. La mera conceptualización de Chile como Estado plurinacional remite al hecho de que existe más de una nación en nuestro territorio. Se trata, entonces, de un golpe a la noción de Estado unitario, que podría derivar en la coexistencia de facto de un Estado dentro de otro Estado. La reserva de escaños parlamentarios, en tanto, opera sobre un supuesto de representación no por ideas, sino que por adscripción a una condición particular (en este caso, étnica), siendo que actualidad no hay ningún impedimento para que los representantes de pueblos originarios constituyan un partido político y compitan en igualdad de condiciones con el resto de la población.

La mirada en materia económica se resume bien en una frase: “Se requiere dejar atrás la absurda idea neoliberal del Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado activo y con iniciativa estratégica para el desarrollo de Chile”. El Estado planificador y empresario, de hecho, cruza todo el programa.

En lo tributario, se propone estudiar la desintegración total, además de reformar los impuestos a la extracción de recursos naturales (royalty), dando cuenta que no ha bastado con la mala experiencia del actual gobierno, quien por elevar significativamente la carga tributaria contribuyó a ahuyentar la inversión y a frenar la economía.

En materia laboral, el desenfreno es total. Se propone profundizar y ampliar los márgenes de la actividad sindical, con titularidad en la negociación colectiva y su existencia vinculante a todo nivel. Una reforma como la propuesta estaría cambiando el titular de derechos de las personas a entes colectivos especiales, que en este caso corresponde a los sindicatos, transformándolos en la única entidad capaz de relacionarse en una negociación colectiva con los empleadores. Además, ampliar la existencia vinculante de negociaciones en todos los niveles no es más que consagrar la negociación interempresa (varias empresas de distintos rubros), la negociación ramal (las empresas del mismo rubro) e incluso no descarta incluir negociaciones nacionales. Esta medida no solo va en la línea opuesta a las legislaciones modernas, en que la práctica ha ido atomizando las negociaciones a la empresa, sino además constituye una seria amenaza para las empresas, especialmente las de menor tamaño.

Por supuesto, no podía faltar la idea de construir un nuevo sistema de pensiones, introduciendo transformaciones profundas a la estructura existente, “cuyo horizonte es terminar con la primacía en el modelo actual de seguridad privada”. Otro intento reformador del tipo retroexcavadora.

Hay muchas otras propuestas que comentar, pero imposible no aludir a la idea de terminar con la flotación cambiaria, que se habría “colado por error” en el programa. Preocupa que esto se discuta siquiera, pero sobre todo, da cuenta de un rasgo más de continuidad con la actual administración: la improvisación y la desprolijidad.

Moraleja: los programas importan. No lo olvide al momento de votar.

 

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.- 

 

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