13 de abril de 2017

Tarea pendiente: la modernización del Estado

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Esta semana se presentó el cierre fiscal del año 2016 ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En él se informó, entre otras cosas, que la deuda bruta aumentó a 21,3% del PIB, al tiempo que la deuda neta se ubicó en 1% del PIB, lo que significa que en Chile pasamos, después de muchos años, nuevamente a ser deudores. En la exposición, el ministro Valdés fue claro al decir que la deuda estaba creciendo rápido, por lo que había que “cuidar la trayectoria fiscal”, lo que debe hacerse atendiendo con cuidado lo que el gobierno gasta. Más aún en períodos con bajos ingresos como el actual.

Si vemos lo que muestran las cifras (en pesos de 2015), tenemos que desde 1990 a 2016, el gasto total del gobierno central aumentó de $7.336 mil millones a $37.999 mil millones, quintuplicándose en dicho lapso.

Dentro de este gasto, el pago de remuneraciones ocupa un lugar importante, las que han ido creciendo tanto por los reajustes a los funcionarios de gobierno, como por el aumento en la dotación de personal. Así, según lo que establece el Informe de Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2006-2015, la dotación del gobierno central ha aumentado en 64.719 personas, esto, al tiempo que el Índice de Remuneraciones de la Administración Pública del INE se ha visto incrementado en mayor porción que el Índice de Remuneraciones Total durante el período 2009-2017 (64,2% versus 59,2%, comparando las cifras de enero).

Adicionalmente, se ha observado en estos últimos diez años una proliferación de nuevas instituciones públicas, creándose por ley cinco ministerios, 12 subsecretarías, nueve servicios públicos y dos superintendencias. Al respecto, suele ocurrir que existen varios servicios trabajando en un mismo fin y que no actúan de forma coordinada, o que estos se entrampan en burocracia excesiva, perdiéndose el foco de los recursos asignados y no llegando de manera adecuada al beneficiario final. ¿Cuánto podría ahorrarse si se elimina la duplicidad de funciones, por ejemplo?

De esta manera vemos que, junto con el gasto de gobierno, el tamaño del Estado también ha venido creciendo rápido, asumiendo cada vez más carga permanente y no haciéndose, necesariamente, más eficiente. De aquí surge la importancia de revisar la manera en que se van abordando los nuevos problemas y, por tanto, las nuevas necesidades que surgen en el país. ¿Es necesario “institucionalizar” las soluciones? ¿Crear cada vez un nuevo servicio para dar respuestas? Hasta el momento, no hay evidencia de que esto sea lo más efectivo.

De esta manera, sería bueno revisar la institucionalidad para avanzar hacia un Estado más moderno, entendido como uno que se pone metas específicas, que llega a la ciudadanía adecuadamente y que es eficaz, haciendo uso eficiente de los recursos públicos.

No debemos olvidar que el control del gasto fiscal es esencial para una macroeconomía sana, así como lo es la estabilidad de precios. Si para esto último existe una institucionalidad monetaria independiente, el Banco Central de Chile, no habría razón para no establecer una institucionalidad fiscal independiente, que monitoree tanto la trayectoria de las cuentas fiscales y los modelos estadísticos, como el uso eficiente de los recursos. De esta manera, además, se evitaría la creación de muchos otros organismos que no aportan mayormente a nuestra economía, sino que más bien son un gasto evitable.

 

Columna de Carolina Grünwald, economista senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-