Las lluvias de la semana pasada ponen sobre la mesa un debate que se escucha desde hace un tiempo, y no por los eventos de las naturaleza, sino por la turbiedad de las reformas en materia de aguas, que han debilitado derechos y dejan escurrir grandes corrientes de incertidumbre.

El anuncio del viernes pasado y, en algunas partes del gran Santiago el efectivo corte del suministro de agua potable, abre sensibilidades y genera debate en todas las corrientes de opinión de nuestra sociedad.

Mientras algunos se concentran en criticar la decisión de la autoridad, quien por motivos de sanidad suspendió las clases en los colegios de las comunas afectadas; otros, de corte medio ambientalista, culpan a las obras cercanas al Río Maipo, atribuyendo infundadamente responsabilidades que poco y nada tienen que ver con la lluvia; otros, con profunda sinceridad, se cuestionan cuál es la regulación adecuada en este tipo de mercados regulados, de modo tal de incentivar la construcción de infraestructura necesaria, sin impactar los precios de los usuarios; y finalmente, están aquellos -los más escuchados- los que gritan con toda fuerza que es responsabilidad del sistema, de la privatización de las aguas, del mercado y de la forma en que nuestro ordenamiento jurídico trata los derechos de aprovechamiento de las aguas.

Es que las aguas, están turbias hace demasiado tiempo, y no es culpa, como diría un sureño cualquiera criticando al exagerado Santiaguino, de las escuálidas gotas del jueves pasado. Los fundamentos son otros, pues se trata de la temida ideología, esa que ha remecido los cimientos del crecimiento, y que ha ensanchado el cauce de la incertidumbre. Esa ideología que contamina el pensar y el sentir, esa que habla de fuerza voraz que dilapida nuestros recursos, como diría un candidato.

La turbiedad la vemos en la Reforma al Código de Aguas que impulsó el Gobierno. Una iniciativa que debilita la propiedad y crea derechos de primera y segunda categoría, pues de ser aprobada, los derechos de aprovechamiento de las aguas, tendrán una duración como máximo de 30 años, donde no se podrá disponer de ellos y caducarán por no uso en acotados plazos que no miran la realidad de los proyectos que utilizan recursos hídricos. La misma iniciativa, además, afectará derechos adquiridos, esos que ya ingresaron al patrimonio de sus dueños, a través de causales de extinción del derecho, del incremento en el pago de las patentes por no uso, y de excesivas facultades discrecionales de la autoridad.

Se ve también, en la Reforma Constitucional que eleva el carácter de bien nacional de uso público a las aguas, y declara como de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido, pretendiendo autorizar una expropiación en todo momento. A esto, se suma el Proyecto de Ley sobre Protección a Glaciares, donde queda en entredicho la correcta aplicación de la sustentabilidad y existen claros problemas de superposición de funciones entre la DGA y el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, se presenta la Moción que modifica la regulación de los servicios sanitarios, que elimina el piso del 7% en la tasa de costo de capital y la de 3% del premio por riesgo, además de fortalecer el rol del Estado a través de la modificación en la composición de la Comisión de Expertos que dirime controversias. Todos factores esenciales en la fijación de tarifas, que hacen atractivo este mercado y que han permitido que Chile tenga un 99% de cobertura de agua potable urbana.

Lo inquietante entonces, no son los anuncios de corte, es que estas Reformas desviaron el curso de las aguas, y su turbiedad puede ver mermada la cobertura de agua potable urbana y rural, la generación de energía eléctrica, el desarrollo de la agricultura que nos alimenta y de la minería que hace que el país y por ello todos, crezcamos. Lo lamentable, es que la solución para ello, está muy lejos de juntar agua en bidones la noche anterior.

Columna de Cristina Torres Delgado, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.-