El Ministerio de Hacienda presentó hace solo unos días un nuevo mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería.

A grandes rasgos, este nuevo mecanismo, al igual que aquel hoy en funcionamiento y que reemplaza, operaría a través de ENAMI y buscaría disminuir, aunque no eliminar, la volatilidad de precios que enfrentan los pequeños productores, quienes –de acuerdo a las declaraciones del Ministro Valdés- no serían capaces de acceder al mercado de capitales en busca de protección frente a la volatilidad de precios, y por lo tanto se verían imposibilitados de desarrollar proyectos de inversión.

Ahora, antes de entrar en el detalle del reciente proyecto (boletín 10995-08), es indispensable preguntarse si es razonable que estos mecanismos de estabilización, como por ejemplo el de los combustibles (MEPCO), existan. Después de todo, ¿no es parte del verdadero costo de utilizar un insumo como la gasolina o de participar de un negocio como el del cobre el verse enfrentado a la volatilidad?

Se equivocan o pecan de ingenuos quienes dicen que finalmente –tanto para los combustibles como en el cobre- son los usuarios quienes finalmente cargan con el costo de estos “seguros obligatorios” entregado por el Estado, y que, por lo tanto, no gravan al resto de la sociedad, argumentando que por su diseño cuando el precio del petróleo baja  se aumenta el impuesto especifico en el caso del MEPCO, y cuando el cobre está alto se le pagaría menos a los productores (o se les pedía devolver prestamos), lo que finalmente internaliza el costo del seguro. Lamentablemente, lo anterior es solo en el papel. Bien sabemos que la operación de estos mecanismos nunca es simétrica ante alzas y bajas y que a la larga, terminan convirtiéndose, en el mejor de los casos en seguros de precio pagados por el resto de los chilenos a pequeños mineros y automovilistas, y en el peor de los casos, subsidios permanentes a estos grupos.

Volviendo al nuevo proyecto, se crea un Fondo de Estabilización administrado por ENAMI de US$50 millones y se establecen bandas de precio que permitirán ser comparadas con el precio internacional del cobre (BML) cuando se les pagará más o menos a los productores con cargo (o en beneficio) del mencionado Fondo.

Y es aquí cuando empiezan a surgir dudas adicionales, como, por ejemplo, que según el proyecto la operación del mecanismo en la práctica queda sujeto a un reglamento de Hacienda, siendo éste quien determine las reglas y  la real operación de las bandas y los parámetros de las mismas. No es lo mismo una banda más “ancha” que una más “delgada”, en términos de riesgo, y como hemos aprendido del MEPCO (y sus antepasados FEPCO y SIPCO), tampoco es lo mismo en términos de discrecionalidad cuan seguido se actualicen o qué valores puedan eventualmente tomar los parámetros que determinan las bandas. Un abogado diría que delegar todas estas atribuciones a un reglamento es, al menos, un ejemplo de mala técnica legislativa.

Pero hay más preguntas, ¿qué asegura que los productores vendan a ENAMI cuando los precios internacionales sean considerablemente superiores a los pagados por ENAMI con el nuevo sistema?, ¿qué pasará si se agota el Fondo?, ¿simplemente verteremos más recurso?, ¿cómo determinaremos quienes son pequeños?, ¿solo por las toneladas que mensuales de venta como estipula el proyecto?, ¿un próximo gobierno irresponsable  podría simplemente gastarlo como subsidio a los pequeños productores?

Problemas –o al menos preguntas- de fondo y forma que exigen respuestas durante la discusión legislativa de esta nueva iniciativa del gobierno.

Columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, publicada en Pulso.-