El Ministro de Hacienda invitó a su oficina a un grupo de economistas para que le dieran ideas sobre cómo generar mayor crecimiento en el país. Claro, es para preocuparse que el IMACEC de enero sea 0,3% y casi para ponerse a llorar que algunos celebren porque las expectativas eran que fuera negativo. Con un país creciendo cero y una inflación que se empina cerca del 5% anual, las perspectivas para la calidad de vida de los chilenos son francamente malas y se entiende que el Ministro de Hacienda esté preocupado.

A mí se me ocurrió, como a varios más supongo, que la mejor idea para lograr lo que quiere el Ministro era que el Gobierno moderara la reforma laboral. Aunque entiendo que pudo ser un poco odioso plantearle eso en esta ocasión, estoy convencido de que era la mejor idea.

De hecho si hacemos memoria, cuando Valdés llegó al Gabinete como Ministro de Hacienda junto a Jorge Burgos en Interior, grandes expectativas se cifraron en el rol que él pudiera jugar en la moderación de esa reforma, que ya provocaba diferencias al interior de la Nueva Mayoría.

Desgraciadamente, escuchando a la Ministra del Trabajo Ximena Rincón y examinando las disposiciones del proyecto tenemos que concluir que Rodrigo Valdés no logró prácticamente nada. El proyecto que se está aprobando es incluso más radical que el que contenía el Programa de Michelle Bachelet, ya que incluye la obligación del empleador de negociar con sindicatos interempresas.

Se elimina el reemplazo de trabajadores durante la huelga, lo que significa que el sindicato (que ahora tendrá el monopolio de la negociación) podrá paralizar una empresa. De nada sirvieron las opiniones de varios ex ministros y economistas de la Concertación y Nueva Mayoría que abogaron públicamente por que al menos se permitiera el llamado reemplazo interno, que consiste en que trabajadores de la misma empresa que no están en huelga, que en su contrato de trabajo tenían especificadas labores similares a los huelguistas pudieran ocupar los lugares de trabajo de estos últimos durante el conflicto. A favor del reemplazo interno se manifestaron los ex Ministros Cortázar, Arellano, Mariana Aylwin, Manuel Marfán, Genaro Arriagada entre otros y los economistas Eduardo Engel, Andrea Repetto, Alejandra Mizala, Joe Ramos, Dante Contreras y Alejandra Mizala. Todos ellos concordaban en que se estaba dando un poder excesivo al sindicato en estas circunstancias. Recordemos que en la huelga, por la vía de privar a la empresa de sus servicios, los trabajadores en huelga están demostrando cuál es su productividad, que se supone mayor a la de otros trabajadores que no tienen la destreza específica que ellos poseen. Pues bien, sin ningún tipo de reemplazo, ya no es esa demostración de productividad que merece mejores salarios lo que está en juego, sino la propiedad de la empresa, pues su dueño no puede disponer de su capital cuya disposición y uso está secuestrada por los huelguistas. La mención a “adecuaciones necesarias” que hace al proyecto es un saludo a la bandera pues la ley es clara en que no permite el reemplazo interno y en cualquier caso llevaría a una judicialización de las negociaciones.

La reforma también prohíbe que los trabajadores puedan formar grupos negociadores al margen del sindicato para iniciar un proceso de negociación con la empresa. Es decir resta libertades a los trabajadores. No contentos con ello, se modifican las normas sobre extensión de beneficios. Hoy día el empleador puede extender los beneficios logrados por el sindicato en una negociación al resto de los trabajadores, que deben pagar al sindicato una fracción de la cuota sindical por ello. Esto cambia y sólo se podrán extender los beneficios a terceros si el sindicato acepta hacerlo. De nuevo se está privando al empleador del derecho a establecer políticas de personal y remuneraciones según su visión de cómo debe conducirse el negocio, entregando todo el poder al sindicato. En la práctica lo que se está empujando es una afiliación obligatoria al sindicato, lo que atenta contra la libertad de los trabajadores.

En definitiva, si la reforma laboral era una prueba para evaluar la capacidad del Ministro Valdés para influir en que el gobierno adopte políticas favorables al crecimiento, la prueba no fue superada.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-