El proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior viene a hacerse cargo de la situación de un grupo de personas -estudiantes de 18 a 24 años-, que requieren de un régimen laboral que les permita compatibilizar el trabajo con las obligaciones académicas.
"En general, se trata de una iniciativa positiva, ya que el proyecto persigue un objetivo compartido por toda la ciudadanía: la reducción de las altas tasas de desempleo juvenil", afirma John Henríquez, investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. "En consecuencia, constituye un importante esfuerzo por avanzar en adaptabilidad laboral", agrega.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio del Trabajo[1], sólo un 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años se encuentra actualmente estudiando y trabajando. La actividad del resto de los jóvenes tiene la siguiente composición: un 40% declara que sólo estudia, un 29% declara que sólo trabaja, mientras que un 22% declara que no trabaja ni estudia. Adicionalmente, resulta de especial preocupación que Chile tenga una tasa de desempleo juvenil tres puntos más alta que la de los países desarrollados y una tasa de participación laboral (de personas entre los 18 y 24 años de edad) casi 13 puntos porcentuales más baja que la del promedio de la OCDE.
Se debe tener en consideración que LyD[2] señaló que el promedio de la tasa de desocupación para el periodo 2010-2017 correspondiente al grupo de personas 20 y 24 años fue de 15%, cifra ampliamente superior al 6,9% correspondiente al promedio nacional.
"Este impulso al trabajo formal a temprana edad trae consecuencias positivas de la mayor relevancia, tales como el aumento del monto de las pensiones futuras de los trabajadores", dice Henríquez. Además, al facilitar la compatibilización de trabajo y estudio, se pretende incentivar el ingreso a la educación superior de los jóvenes que aún no se encuentran en ella.
"El estatuto está pensado como una primera medida para aproximar la formación profesional de los estudiantes al mercado laboral, a fin de facilitar la posterior contratación indefinida y a jornada completa", explica el investigador de LyD. El proyecto busca hacerse cargo de la “experiencia requerida” frecuentemente exigida por los empleadores para optar a determinadas funciones, aumentando consecuencialmente las posibilidades de progreso de la población joven en sus trabajos.
Respecto a las cotizaciones previsionales, el proyecto contempla el caso del trabajador que es carga médica o es causante de asignación familiar. En ambas hipótesis el trabajador estudiante podrá optar por no cotizar para salud.
Finalmente, se debe tener en consideración que los ingresos que perciba el trabajador no se considerarán renta, para efectos de la determinación de la situación socioeconómica del estudiante respecto de la obtención de becas, créditos y demás beneficios que le correspondan en su calidad de tal. "De este modo, el estudiante podrá obtener su remuneración, absorbiendo gastos asociados con su mantención y educación, sin perder los beneficios obtenidos", señala Henríquez.
"Se trata de una iniciativa en la que debiera avanzarse, aprobando la idea de legislar", apunta el investigador de LyD.
Leer la minuta completa sobre este proyecto de ley
[1] Cifras del INE, a febrero del 2018.
[2] Carolina Grünwald, Economista Senior de LyD, en columna de opinión en Pulso (16/04/2018).
[3] Diferentes instituciones han manifestado la necesidad de ampliar la edad límite. Dicha situación ha sido acogida por el Ejecutivo y por los parlamentarios oficialistas.
