8 de febrero de 2018

Entrevista a Luciano Rivas, Presidente de la Multigremial de La Araucanía: “Esperamos que el próximo gobierno tenga vocación de ejercer el poder sin complejos”

En abril del 2017 Luciano Rivas asumió la presidencia de la Multigremial de La Araucanía, en un año marcado por un recrudecimiento del conflicto en la zona. ¿Cuál es la sensación que se vive hoy en La Araucanía? Para Rivas, la sensación más inmediata es de impunidad, de desamparo e injusticia al ver cómo un grupo minoritario de personas que han optado por la violencia para conseguir sus fines dentro de un Estado democrático, se pasean libres y se burlan en la cara de las víctimas.

“Como sector empresarial y como empresarios vivimos con la esperanza que esto va a cambiar, esperamos que el próximo gobierno tenga vocación de ejercer el poder sin complejos, tal como se está haciendo en Argentina en temas relacionados a la violencia de connotación indígena. Un gobierno que separe las necesidades de los pueblos originarios de la violencia y de quienes la cometen y, que con estos últimos sea implacable. Por años se nos ha prometido soluciones, mesas de diálogo, diagnósticos, etc. pero al final del día, todos los gobiernos han buscado cómo administrar el conflicto sin mucha voluntad política para solucionarlo”, explica, agregando que “cuando se imponga el Estado de derecho como bien fundamental de nuestra democracia y se entienda que con cada acto de violencia se atenta además contra nuestro orden institucional y jurídico, recién ahí se podrá entregar a las policías y los organismos persecutores las herramientas para atacar a los terroristas. Antes de eso, imposible. Y eso es lo que llaman voluntad y respaldo político.

¿A qué atribuye la reticencia del actual gobierno de hablar de terrorismo en la zona?

Creo que es algo más bien semántico en la actualidad. En un principio la Presidenta Bachelet, antes de asumir, aseguró que no aplicaría la Ley Antiterrorista y al tiempo terminó invocándola.

El actual Ministro del Interior reconoció ante todo el Congreso que en La Araucanía hay terrorismo, lo mismo hizo su antecesor. Cuando hay un grupo organizado, jerarquizado, coordinado, financiado y que se reúne para cometer actos de violencia como quema de camiones, iglesias, bosques, siembras, cortes de rutas, etc., es simple lógica. No es un delito común, es terrorismo. Y la organización es terrorista y sus integrantes son terroristas. Y con esto hay que dejar claro que no es criminalizar a los mapuches o que los mapuches sean terroristas, sino que cualquier chileno que cometa ese tipo de delitos y pertenezca a ese tipo de organizaciones, es terrorista.

Pero mientras la Ley Antiterrorista no se reforme, mientras no se valide ante la sociedad, es inútil utilizarla. La experiencia muestra que la mayoría de las veces que se aplica no es efectiva. Y el proyecto de ley que la modifica duerme hace tres años en el Congreso. Esperamos que el nuevo gobierno la reactive tal como se prometió en campaña.

Rivas hace hincapié en que los países desarrollados tienen leyes antiterroristas mucho más duras que la nuestra. “El tema es que hay una marcada victimización por parte de ciertos grupos que no ha permitido a las autoridades instalar el combate al terrorismo con altura de miras y como un tema de seguridad de Estado, sin sesgos”, explica.

¿Qué esperan del nuevo gobierno que asumirá en marzo?

Esperamos que cumpla las promesas de campaña relacionadas con La Araucanía y no cometan los mismos errores que cometieron en el período anterior. Dicen haber aprendido de ello.

Por ello, esperamos voluntad política para combatir el terrorismo, que se ponga fin a la política de compras de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que ha sido gran causante de la violencia en la zona, que se revise la Ley Indígena. Además, al próximo gobierno le tocará denunciar o ratificar el Convenio 169 de la OIT el cual debe ser evaluado en el sentido de si ha traído beneficios o trabas para la inversión. Pero lo principal es que la Conadi  que deje de ser una agencia corredora de propiedades y pase a ser una agencia de desarrollo.

Esperamos que entregando seguridad jurídica y social a La Araucanía, creando climas propicios de paz, podremos traer inversión y desarrollo a nuestra región, mejorar el empleo y en definitiva, salir de los últimos lugares en todos los índices.

¿Cómo se soluciona el problema en La Araucanía: con mayor Estado de Derecho, mayor invocación a la Ley Antiterrorista, mayor negociación con las comunidades indígenas?

Lo primero es decir que no creo que se deba negociar con las comunidades, no hay nada que negociar. Quien comete delito, es delincuente sea quien sea. Igualdad ante la ley.

El problema de violencia, sin duda, se mejora con herramientas policiales, modificación de leyes, mejoramiento de inteligencia, herramientas tecnológicas, modernización, etc. La violencia, a pesar que muchos la justifican diciendo que hay reivindicaciones atrás, creo que sigue siendo y debe ser un tema policial.

El problema de pobreza, de reivindicaciones indígenas por la vía democrática se soluciona con mayor diálogo, mejor diseño de políticas públicas, terminando con el clientelismo político y con la discriminación positiva y aspirando a una mayor integración. Creo que el mapuche en general quiere surgir, tiene las mismas aspiraciones que la mayoría de los chilenos, se siente igual y es igual de chileno que todos nosotros. Los demás temas que profesan ciertas elites intelectuales, que además en la última elección quedó demostrado que no representan ni a una minoría dentro de una minoría, da la impresión que no son los temas que les interesan a la generalidad. Incluso le interesa más a algunos santiaguinos que sentados detrás de sus grandes escritorios hablan de ministerios de pueblos, cuotas parlamentarias, etc., y no logran ver lo que verdad quiere la gente. Lo bueno de esta última elección es que fue clarificadora en eso.

¿Qué medidas actuales debieran ser reformuladas para lograr la paz social en La Araucanía?

Hay que revisar el funcionamiento y los protocolos policiales. Mucho se dice del sistema garantista que tenemos en Chile, pero eso es un problema a nivel nacional. Cuando llevas a alguien a juicio con buenas y contundentes pruebas, por más garantista que sea el sistema, esa persona será condenada. Cuando ves que se queman más de 20 iglesias en sectores rurales de una región, cuando se han quemado cerca de 300 camiones, cuando en un par de comunas y en sectores determinados se cometen siempre ciertos actos o atentados, ¿cómo no llega el punto en que eres capaz de prevenir esto o anticiparte policialmente? En La Araucanía todos nos preguntamos, ¿cómo no los encuentran? Y cuando los encuentran, la prueba que logran recabar es mala y terminan absolviendo.

Creo que es momento de pedir cuenta a las policías, y esto con un ánimo súper constructivo. Valoramos lo que hacen pero es tiempo de modernizar y hacer efectivos los procedimientos y  que la inteligencia policial sea una herramienta útil para prevenir y luego para recabar pruebas.

¿Qué nuevas medidas que se hayan realizado en otros países pueden ser aplicadas a Chile para mejorar las políticas indígenas?

Creo que son culturas muy distintas y no comparto mucho la opinión de aquellos que llegan con grandes ideas de Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Sí es valorable que esos países con leyes indígenas de principios de los ’90, hayan sido capaces de solucionar el problema. Pero lo anterior es por un tema de Estado, donde se ha permitido involucrar a los indígenas o se les da la opción de insertarse en el sistema productivo, proyectos de asociatividad entre otros. Acá la ley es tan proteccionista que los deja fuera de todo y sin poder hacer nada. A eso hay que sumar además el asistencialismo.

En relación a los grupos que existen en La Araucanía y sus alrededores, como la CAM y la WAM, ¿Han radicalizado su discurso?

Creo que no. Siempre han sido igual de violentas. Lo que sí es que se han hecho más visibles por todo el tema mediático que se generó tras la captura de ciertos líderes, por eso en muchas partes supieron de estas organizaciones que llevan muchos años actuando y que tanto hemos denunciado.

EL SELLO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

Como nuevo presidente de la Multrigremial, ¿Qué sello busca imprimirle a su gestión? ¿Qué papel debiera tener la Multigremial en la solución del conflicto y dónde buscarán apoyo?

La región tiene grandes necesidades que van más allá del conflicto por lo que espero durante este período poder contribuir a atraer inversiones, buscar buenas alianzas público-privadas para incentivar inversiones locales, encadenamientos productivos que vayan en apoyo directo a los pequeños agricultores, sin importar el origen, y trabajar para solucionar los grandes problemas de pobreza rural existentes. Queremos darle un foco productivo y de inversiones pero sin perder de vista el tema de la violencia que aqueja tan fuertemente a empresarios y habitantes de nuestra Araucanía.

Ya se cumplieron 5 años del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. ¿Qué le parece que los 11 imputados del caso hayan sido absueltos en octubre pasado y que se haya ordenado un nuevo juicio?

El resultado de este juicio resume un poco lo que traté de explicar en las preguntas anteriores al referirme a las policías, a la sensación que se vive en la región, a la aplicación de la ley antiterrorista. Frustrante, desesperanzador, injusto por decirlo menos. Hemos acompañado de cerca a la familia Luchsinger y compartimos y entendemos el anhelo de justicia. Lamentablemente el Estado ha fallado. Los jueces de este caso cometieron infracciones en el proceso que llevaron a la anulación y a un nuevo juicio, lo que es muy esperanzador pero también agotador para esta familia que tanto ha tenido que sufrir por esta horrible atentado terrorista. Esperamos que esta vez se entregue justicia.

 

Fuente: Revista LyD.-