La reforma previsional del gobierno ingresada en agosto pasado estaba conformada por tres proyectos de ley: una reforma constitucional para crear en la Carta Fundamental el Consejo de Ahorro Colectivo, otro con cambios regulatorios a la industria previsional y por último aquel proyecto de ley que, entre otros cambios, buscaba crear el Nuevo Ahorro Colectivo (NAC). Este último siempre fue considerado el corazón de la reforma, puesto que creaba el NAC sobre la base de 5 puntos adicionales de cotización, los cuales, a diferencia de los 10 puntos de cotización obligatorios, serían administrados monopólicamente por el nuevo ente estatal, y en parte solidarizados para mejorar pensiones tanto de los actuales como de los futuros jubilados. "Con ellos se buscaba instalar un componente de reparto en nuestro sistema, amenazando su sostenibilidad y la formalidad de nuestro mercado laboral", sostiene Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.
Finalmente, tras cinco meses de discusión en el Congreso, al momento de su votación en la sala de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas en general casi la totalidad de las normas que requerían quórum, siendo aprobadas en general y particular únicamente dos disposiciones transitorias[1].
"Mientras la oposición consideraba que no destinar el mayor ahorro a las cuentas individuales podría tener consecuencias nefastas para nuestra economía, el Gobierno no pudo conseguir que sus parlamentarios concurrieran a dar los votos necesarios a la emblemática propuesta de la Presidenta Bachelet, aún cuando actualmente cuentan con un número de diputados que les permitía aprobar sin problemas la iniciativa", explica Francisco López. Por su parte, parlamentarios del Frente Amplio decidieron rechazar porque su postura es impulsar la propuesta de No + AFP, que básicamente busca volver por completo a un sistema de reparto.
La aprobación de solo dos artículos transitorios, que no subsisten sin las normas permanentes dada su directa vinculación con ellos -una de las disposiciones se refiere a la dieta de los consejeros de un Consejo que fue rechazado y la segunda al efecto diferido de normas desechadas por el Congreso-, implica que la iniciativa fue rechazada en su totalidad[2].
En la práctica, el rechazo en particular del proyecto de ley del 5% implica que será el próximo gobierno el encargado de resolver cómo modificar nuestro sistema de pensiones.
Durante la campaña el Presidente electo dio a conocer su propuesta en esta materia. "En simple, se propone aumentar en 4% el ahorro previsional de los trabajadores (con cargo al empleador) en un período de 8 años", explica Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD. El resto de la propuesta del Presidente Piñera consiste en:
Lo clave de esta propuesta es que, a diferencia de la reforma presentada por el gobierno, se mantiene el derecho de propiedad de los trabajadores sobre su ahorro, así como también la relación 'mayor ahorro – mayor pensión' que caracteriza a nuestro sistema previsional. "Esto minimiza los potenciales efectos negativos sobre el ahorro y el empleo formal que pueden tener una mayor cotización para pensiones", señala Alejandra Candia. Otro aspecto positivo es que la propuesta sí mejora las pensiones de quienes hoy, estando fuera del pilar solidario, no llegan a un nivel determinado de ingresos, no obstante haber cotizado durante muchos años. Todo lo anterior se realiza con rentas generales, por ende, sin distorsionar el mercado laboral.
"El rechazo al corazón de la reforma previsional del gobierno es una buena noticia. Resulta del todo deseable que el próximo gobierno no postergue la discusión y presente prontamente las propuestas legales pertinentes, de tal modo de realizar aquellos cambios que nuestro sistema requiere", añade López.
[1] Se rechazaron todos sus artículos, excepto los artículos 13° y 20° transitorios.
[2] Artículo 30° Ley orgánica del Congreso Nacional.
