Ayer se aprobó en general el proyecto de ley que reforma nuestro sistema de educación superior en la Comisión de Educación del Senado. No obstante, para lograr este hito el Ejecutivo tuvo que comprometerse a realizar una serie de modificaciones al proyecto, las que fueron plasmadas en una minuta presentada a los senadores antes de la votación.

"Si bien los principales problemas del proyecto se mantienen, la minuta da cuenta de modificaciones que podrían amilanar sus consecuencias", explica Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Ejemplos de estos cambios son la entrega de mayor injerencia a las instituciones de educación superior en el Sistema Único de Admisión y la eliminación de la obligación de acreditarse en el área de “generación de conocimiento, creación y/o innovación”, lo que permite la convivencia de instituciones complejas con otras que estén avocadas a la docencia.

Otro cambio relevante anunciado en la minuta, es la flexibilización de la regulación que hace el proyecto a las operaciones con relacionados. La restricción de este tipo de operaciones es especialmente compleja en el ámbito de la educación superior, ya que éste requiere de constante colaboración entre distintas instituciones para llevar a cabo su misión, por ejemplo a través de convenios para que sus alumnos accedan a la infraestructura necesaria, intercambio de profesores, desarrollo de tecnologías, etc.

"Estos y otros cambios, devuelven a las instituciones de educación superior algo de la autonomía que la iniciativa original les quitaba, pero el proyecto sigue siendo un retroceso en este aspecto", señala Tupper. El Estado sigue teniendo control sobre el crecimiento de la matrícula, los aranceles, los proyectos educativos, los sistemas de selección y la forma de organización de las instituciones.

"En vez de entregarle al Estado las herramientas para fiscalizar adecuadamente el funcionamiento del sistema, el proyecto le entrega control sobre aspectos que son claves para que éste se adapte adecuadamente a los cambios relevantes, como -por ejemplo- los cambios en las necesidades de los estudiantes, en la tecnología y evidencia disponible y en el mercado laboral, entre otros", asegura la investigadora.

Finalmente, se tiene que el proyecto mantiene la cobertura universal de la gratuidad en educación superior, lo que sigue siendo una iniciativa que no nos parece del todo justa. "Su costo se ha estimado en $US 4.400 millones anuales, de los cuales parte importante iría a financiar los estudios de personas que tienen una buena situación económica, o que bien se espera que la tengan en el futuro gracias a sus estudios superiores. En una sociedad que todavía tiene múltiples necesidades urgentes y recursos escasos, este mayor gasto es simplemente un lujo que no nos podemos dar", dice Tupper.