9 de noviembre de 2017

LyD advirtió efectos de la Ley que Introduce Mecanismos de Equidad en las Tarifas Eléctricas

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Como uno de los grandes logros de la agenda de energía del Gobierno, fue celebrada en mayo del 2016, la aprobación del Proyecto de Ley que Introduce Mecanismos de Equidad en las Tarifas Eléctricas, una de sus prioridades del Gobierno en materia eléctrica y que según se dijo en el debate legislativo, iba a beneficiar a más de 2.700.000 de hogares con rebajas en la cuenta de la luz, con un promedio de 14%, que incluso alcanzarían el 50% en algunos casos.

Desde la presentación del Proyecto de Ley, Libertad y Desarrollo discrepó de los beneficios de dicha política pública, la que no es otra cosa que un subsidio cruzado, donde los clientes con menores tarifas son los que subsidian la tarifa de aquellos clientes residenciales con una tarifa mayor. Las empresas distribuidoras no se ven afectas, pues son los mismos clientes los que compensan los ingresos.

Cabe recordar que dicha ley tiene dos ejes, el primero de Reconocimiento a la Generación Local y el segundo, sobre Equidad Tarifaria Residencial, los que se explican a continuación:

Equidad Tarifaria Residencial

Esta medida propone una nivelación de tarifas de distribución para el conjunto de los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 1.500 kilowatts, donde las tarifas máximas que las empresas distribuidoras podrán cobrar por suministro a usuarios residenciales no diferirán en más de un 10% del promedio simple de éstas.

Lo anterior, será financiado por todos los clientes sometidos a regulación de precios, cuyo consumo promedio mensual de energía del año calendario anterior sea menor o igual a 200 kWh. Además, se estableció una contribución progresiva de quienes consuman más de esa cantidad hasta los 240kWh/mes, a partir de lo cual, se contribuye en un 100%.

“Esto no es otra cosa que un subsidio cruzado entre clientes regulados: se recarga el valor agregado de distribución (VAD) de empresas de bajo costo – lo que afecta a todos los clientes regulados de esa empresa, salvo a los residenciales de consumo bajo 200 kWh al mes – y lo recaudado se usa para rebajar las tarifas de todos los residenciales de las empresas de alto costo (respecto del promedio)”, explica Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

De acuerdo a los datos en presentación del proyecto, el 17% de los clientes residenciales, de un universo total de 5.613.772, no verían modificadas sus tarifas; 48% verían reducidas las tarifas en 13,7% promedio ($4.150; en un rango que iría desde el 0,03% al 39,1%); y 35% registrarían alzas promedio de 4,7% ($983; en un rango de 0,8% a 6,7%).

Particularmente en la Región Metropolitana, se registrarán alzas de un 7%, lo que impactará a unos 600 mil hogares, que en definitiva lo que hacen en “contribuir” o más bien subsidiar a otros consumidores”, dice la abogada.

Cabe hacer presente que tanto el componente de generación como transmisión, tienen mecanismos de ecualización, puesto que en el caso de la generación hay compensaciones para que el costo para empresas distribuidoras no presente diferencias superiores al 5% desde Arica a Chiloé. La transmisión, en tanto, representa un porcentaje menor del costo total (10%) y existe un cargo único por transmisión troncal para clientes pequeños, independiente de su ubicación geográfica. La distribución, que tiene precio regulado, varía según la densidad, esto es clientes por km de línea: en las grandes ciudades, los costos se dividen por un mayor número de usuarios, y la tarifa resulta inferior a la de centros urbanos más pequeños o zonas rurales. Hay 6 zonas o “áreas típicas” con costos de distribución dispares, lo que explica la asimetría en las cuentas de la luz.

“La medida propuesta es, sin duda, compleja puesto que obliga a realizar un doble cálculo (remuneración por distribuidora y subsidio cruzado), pero no debiera existir dificultad técnica para hacerla aplicable”, asegura Torres.

Ahora bien, ciertamente la medida introduce mayor equidad en el tratamiento de los clientes residenciales, sin que la distorsión de precios tenga necesariamente efectos en la eficiencia del mercado. En particular, del punto de vista de la demanda, existe una baja elasticidad en el precio del consumo residencial (no cambia mayormente el patrón de consumo) y las tarifas no inciden en la decisión de dónde residir. Por el lado de la oferta, no se altera el ingreso de las distribuidoras (VAD), manteniendo, por tanto, las señales de precio necesarias para la eficiencia de su gestión.

Reconocimiento a la Generación Local

Esta arista del proyecto busca lograr una rebaja de tarifas en las comunas donde existen generadoras de energía eléctrica de más de 200 megawatts de capacidad instalada, en las que se aplicará un descuento en las tarifas reguladas (no solo las residenciales), según un factor de intensidad de cada comuna que determinará descuentos de hasta 50%. Cabe agregar además que en primer trámite legislativo, se incorporó un descuento adicional para comunas en que se emplacen centrales cuya energía eléctrica generable, en su conjunto, sea mayor al 5% de la energía eléctrica generable total del país.

“El costo de la medida será asumido por aquellas comunas que no son consideradas como intensivas en generación, tratándose por tanto, de un subsidio entre comunas”, explica Cristina Torres.

De acuerdo a antecedentes proporcionados por el Ministerio de Energía durante la tramitación de este proyecto, se estima que 63 comunas reducirían su tarifa entre 4,4% y el 50% en el componente de energía. Sin embargo, en las Regiones II, VI y RM, la mayoría de los clientes presentarán alzas de tarifas que se aplicarían gradualmente. A nivel comunal estas alzas irían desde 0,1% hasta 7,3%.

Esta medida nace como consecuencia de una inquietud de las comunidades donde se radican los proyectos de generación de obtener los beneficios de ello, a fin de equiparar los costos locales con los beneficios nacionales que derivan de la mayor oferta de suministro eléctrico; lo que permitiría incentivar el respaldo de las comunidades a la instalación de generación eléctrica en sus comunas, morigerando la creciente oposición ciudadana a estos proyectos de inversión.

“Sin embargo, el mecanismo escogido no parece el más adecuado. La motivación principal del proyecto no debiera ser beneficiar a comunas por concentración histórica de proyectos de generación, sino que motivar la aceptación de nuevos proyectos que hoy se ven enfrentados a una oposición ciudadana creciente”, indica la abogada de LyD.

Un incentivo más correcto, del punto de vista social, es que los recursos recaudados sean destinados a proyectos de mayor beneficio social, estableciendo por ejemplo, un sistema de asociatividad, donde los recursos recaudados sean destinados a proyectos de mayor beneficio social, como financiar escuelas, plazas, seguridad pública, infraestructura, dando a los recursos el mejor uso que la comunidad quiera darle, y que no necesariamente es una rebaja en las cuentas de la luz.