Cada año en estas fechas, el Congreso a través de la Ley de Presupuestos se aboca a fiscalizar el gasto público del presente año y discutir el que presenta el Ejecutivo para el año siguiente. Se trata de un trabajo fundamental en que los parlamentarios, con ayuda de asesores y centros de estudio, sacan al pizarrón al Ejecutivo, emplazándolo a fundamentar sus gastos y justificar el destino de casi US$ 70.000 millones del erario público. El proceso, sin embargo, presenta severas falencias en materia de transparencia e incluso, en algunos casos, existe franca desprolijidad. La tramitación del presupuesto 2018 da cuenta de ello.
El incumplimiento de los recursos comprometidos para establecimientos escolares que se adscribieron a la gratuidad tomó ribetes de escándalo, obligando al Gobierno -emplazado por parlamentarios y la opinión pública- a buscar los recursos que permitan reponer los 63.000 millones de pesos adeudados. Otro tema que “no pasó colado” fue que la CORFO intenta resucitar una empresa pública sin operación desde el 2004 y en proceso de liquidación, con un aporte de US$ 260 millones para administrar los sistemas de garantías de la Corporación, pese a que la empresa tiene un giro eminentemente agrícola. Se trata de una manera bastante poco convencional para crear una empresa pública que normalmente habría requerido de ley especial y de quórum. Igualmente sorpresivo es el aumento de atribuciones entregadas al SERVIU Metropolitano vía glosa, lo que estaría ampliando el rol del Estado hacia la gestión inmobiliaria.
Otro “hallazgo” de la Ley de Presupuestos dice relación con la falsa promesa de hospitales construidos; de los 20 anunciados, solo se concretarán 9, lo que equivale a 13% de las camas comprometidas. A ello se suma una sorpresiva austeridad en el lugar equivocado, como la disminución de recursos para el combate a la delincuencia, el bajo financiamiento para organismos colaboradores del SENAME y la disminución de fondos para el Ingreso Ético Familiar. Se trata de temas claves para la ciudadanía que se dejan de lado, sin otra explicación que la obstinación por avanzar en la promesa de educación superior gratuita, cuyo presupuesto adicional solo para el próximo año alcanza US$ 350 millones.
En la tramitación del presupuesto están en juego recursos que son de todos los chilenos, lo que amerita avanzar en varios aspectos. Primero, exigir al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES que entreguen información más detallada y oportuna para un análisis a fondo de sus estimaciones, evitando comprometer gastos que no se puedan financiar y que, por tanto, hipotequen a las generaciones futuras. En particular, el último presupuesto levantó legítimas dudas respecto de una serie de supuestos utilizados, lo que habría llevado a sobreestimar los ingresos tributarios esperados, algo particularmente complejo para quien herede las cuentas fiscales post elecciones. Un segundo tema clave, y relacionado con lo anterior, es la necesidad de fortalecer al Consejo Fiscal Asesor otorgándole atribuciones que le conviertan en contraparte real del Ejecutivo. Por último, y a la luz del debilitamiento que ha sufrido la regla fiscal (con el consecuente mayor endeudamiento), urge consagrar a nivel legal una mayor objetividad en su definición y cumplimiento.
Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-
