7 de noviembre de 2017

Columna de Luis Larraín en Diario Financiero: “Clase Media Protegida”

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El Programa de Gobierno de Sebastián Piñera incluye un interesante concepto que había estado ausente de la propuesta de la centroderecha, al menos en su formulación actual, y que viene a hacer frente al concepto de derechos universales garantizados que postula la izquierda.

Los derechos universales garantizados pretenden cubrir a toda la población sus necesidades en materias importantes para la gente, como son la educación, la salud, el empleo o la seguridad social. No distinguen entre personas de ingresos bajos o de ingresos medios y altos, por lo cual el Estado gasta por persona lo mismo en gente de muy distinto poder adquisitivo, lo que es injusto y regresivo.

Pero ese no es el único problema de los derechos universales garantizados. Por su efecto nocivo en los incentivos, este tipo de beneficios típicos del Estado de Bienestar presente sobre todo en países europeos, hacen quebrar las cajas fiscales, fenómeno que se ha visto últimamente agravado por la inmigración. La tendencia a garantizar a los inmigrantes los mismos derechos que a los nacionales, en un contexto de Estado de Bienestar lleva a la quiebra segura del Estado, como lo ha señalado el Premio Nobel de Economía, James Buchanan, y lo han experimentado países como Grecia y Portugal.

¿Qué hacer entonces para hacerse cargo de la vulnerabilidad de muchos grupos que sin ser pobres están enfrentados a contingencias que podrían llevarlos a caer en la pobreza? Cuando Chile tenía un 40% de pobres y menos de 4.000 dólares per cápita de ingreso promedio, la prioridad excluyente era ayudarlos a ellos. Cuando tiene menos de 10% de pobres y una clase media que supera ya el 60% de la población, la realidad de la política y lo justo es que el Estado tenga también mecanismos para ayudar a quienes sin ser pobres siguen siendo vulnerables.

¿Por qué vulnerables? Porque un evento no deseado ni previsto, como la pérdida del empleo reduce los recursos para pagar la educación de los hijos o hace caer drásticamente los ingresos al tener que jubilar; o bien una enfermedad grave o prolongada de alto costo descalabra cualquier presupuesto familiar.

El Estado puede hacerse cargo de ayudar a estas familias vulnerables, pero con un tratamiento diferenciado al de los pobres, que deben seguir siendo la prioridad del gasto fiscal. Los mismos beneficiarios de la clase media no son personas que quieran dádivas o regalos del Estado (han alcanzado su posición por el esfuerzo personal y a base de mérito), sino que necesitan ayuda frente a contingencias, que no están siempre presentes pero que pueden presentarse en cualquier momento; vale decir lo que requieren es algún tipo de seguro.

Los equipos programáticos de Sebastián Piñera han desarrollado, bajo esta lógica, una propuesta de red de clase media protegida. ¿Qué contingencias incluye este programa? La primera es el desempleo y allí se activarían un seguro de cesantía, información sobre empleos e intermediación laboral y ayuda en la búsqueda y capacitación laboral entre otras prestaciones.

La segunda contingencia considerada es un evento catastrófico en materia de salud de algún integrante del grupo familiar. Los instrumentos a utilizar son el AUGE, la ley de Urgencias y la Ricarte Soto y seguros de salud para beneficiarios de beneficios no ambulatorios de ISAPRES y FONASA que pongan un tope a los gastos realizados por la familia. Para ello se mejorará el acceso a la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas y también se mejorará el seguro catastrófico de FONASA. Adicionalmente se mejorará el programa AUGE para el adulto mayor.

La tercera necesidad cubierta será el financiamiento a la educación superior, complementando las políticas de gratuidad con sistema de créditos contingentes al ingreso de baja tasa de interés y un aumento importante de la becas.

La cuarta situación de la que la Red de Clase Media Protegida se hace cargo es la longevidad y dependencia, donde destacan las reformas al sistema de pensiones que mejoran los beneficios y la creación de programas de acompañamiento e integración de los adultos mayores.

Por último, la Red se hará cargo de ayudar a las familias que han sido víctimas de delitos violentos con una Defensoría de Víctimas de la Delincuencia que con recursos públicos designará abogados que ayuden a las víctimas.

Un novedoso concepto que viene a complementar la oferta programática de la centroderecha, con soluciones acordes a las necesidades actuales.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-