16 de octubre de 2017

LyD alerta sobre 10 temas debatibles en el Presupuesto 2018

En medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2018, se han identificado al menos 10 temas que han sido objeto de discusión en las Subcomisiones Especiales Mixtas donde se están analizando cada una de las partidas presupuestarias, así como otras alertas que con seguridad serán fuertemente debatidas en lo que resta de discusión:

 

1 .- EDUCACIÓN: INCUMPLIMIENTO DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN LA LEY DE INCLUSIÓN

La Ley Nº 20.845 “de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, dispuso un Aporte por Gratuidad que se entrega a los establecimientos gratuitos, que estén suscritos a la Subvención Escolar Preferencial y que estén constituidos como persona jurídica sin fines de lucro, cuyo fin fue compensar la caída en los ingresos de los establecimientos que renuncian al financiamiento compartido, esto es, al aporte que hacían los padres.

Dicha Ley estableció que el Aporte por Gratuidad se entregaría de forma gradual hasta llegar al régimen en 2018, de manera que el primer año (2016) ésta ascendería a USE 0.25 mensuales, el segundo año (2017) a USE 0.35 y en 2018 lo que corresponde es que ésta crezca a USE 0.45. La USE (unidad de subvención educacional) equivale a $ 23.980, de manera que el Aporte por Gratuidad a entregarse en 2018 equivaldría a $ 10.791 por alumno.

Sin embargo, el Gobierno en la Ley de Presupuestos para el 2018 propone disminuir los recursos, modificando las condiciones que se establecieron al momento de aprobarse la ley de inclusión, congelando el aporte para 2018, en la misma suma que se contempló el 2017, esto es 0,35 unidades de subvención educacional durante el año 2018, lo que supone la entrega de menos recursos por cada alumno, evadiendo el compromiso legal asumido por el Gobierno.

La reducción equivale a $80.000 millones que por ley le corresponde recibir a los establecimientos que cumplen con las condiciones en las que este gobierno ha insistido, presentándose eventuales vicios de constitucionalidad por afectación de derechos adquiridos.

 

2.- EDUCACIÓN: INCREMENTO EN GRATUIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL 60%

Uno de los principales ejes del Presupuesto 2018 que presentó el Gobierno, es el aumento en cobertura de la política de gratuidad al sexto decil de ingreso.

El presupuesto para gratuidad crece para el 2018 en $225.625 millones, lo que equivale a un aumento real de casi 30%. Al efecto, utilizando el supuesto realizado por el gobierno de que los beneficiarios de esta política el 2018 serán aproximadamente 380.000 estudiantes, el presupuesto por beneficiario alcanzaría los $2.613.087 el próximo año. Esta ampliación implica invertir más en los estudiantes con mejor nivel socioeconómico, porque participan proporcionalmente más de la Educación Superior y los programas a los que éstos acceden son más caros.

Este monto es un 50% superior a lo que recibe un niño que asiste a una sala cuna vía transferencia de la Junji (1.893.672) y más del doble de lo que recibe un niño entre 2 y 3 años que asiste a un jardín infantil vía transferencia de fondos de la Junji (1.225.764).

La extensión de la gratuidad universitaria se realiza a costa de los colegios municipales y particulares subvencionados, quienes ven reducida la subvención esperada para el 2018.

 

3.- SALUD: INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES / DEUDA HOSPITALARIA

A) Cabe recordar que en la presentación del Presupuestos, la Presidenta señaló expresamente que dejará 20 hospitales construidos, 29 en construcción y 18 en diseño, lo cual se presta para confusiones respecto al cumplimiento del compromiso inicial de 2014 del millonario plan de inversiones 2014 – 2018, en donde se prometía para marzo de 2018 una inversión total de US$4.000 millones en 4 años y así contar con 20 hospitales construidos, 20 “en construcción” y 20 “en estudio o licitación”.

Sin embargo, de los 20 hospitales que inicialmente se prometió dejar terminados en marzo de 2018, sólo quedarán construidos 9, los que equivalen a 308 camas de las 2.390 comprometidas (sólo 13% del total). Al efecto, el Gobierno al inicio del periodo comprometió que 2.390 nuevas camas hospitalarias entrarían al sistema público, sin embargo sólo se cumplirá con 700 camas, lo que sin duda demuestra una baja capacidad de gestión.

Si bien este año se aumentan los recursos para inversión de hospitales, la tendencia es que el Ministerio es incapaz de ejecutar esos recursos, por lo que a fin de año son subejecutados, no siendo posible invertirlos en nueva infraestructura sanitaria. El  presupuesto que se destina a iniciativas de inversión en salud (subtítulo 31), muestra un incremento de $85.062 millones con respecto al presupuesto del año 2017 (expresado en $ 2018), lo que equivale a un incremento de 23,7% real.

El ambicioso plan original 20-20-20 que propuso el Gobierno, será una promesa incumplida, dejando a los enfermos sin la atención necesaria, por lo que se requiere conocer comparación en base al número de camas y no de hospitales que a marzo de 2018 se añadirán a la red púbica de atención en salud, y la comparación de este resultado con el plan inicial comprometido por el Gobierno en septiembre de 2014.

B) Este tema se arrastra desde el año 2015. A saber, entre enero y junio de dicho año, la deuda hospitalaria prácticamente se duplicó, aumentando de $106 a $208 mil millones de pesos, superando el umbral de los $200 mil millones. Finalizado el 2015, ésta alcanzó un monto final de $131.476 millones, explicada prácticamente su totalidad por la deuda en bienes y servicios de consumo (subtítulo 22).

Durante dicho año, el Ministerio de Hacienda tuvo que realizar un aportes extraordinarios de $282.356 millones, el que de no existir, hubiese dado como resultado una deuda de $408.786 millones (prácticamente el triple).

En 2016, la deuda volvió a alcanzar un nuevo récord: $191 mil millones, donde también hubo aportes extraordinarios de Hacienda, esta vez de casi $250 mil millones.

Durante 2017 la deuda no ha cedido, más bien sigue creciendo. En abril alcanzaba los $231.466 millones de pesos. La última cifra disponible al 30 de julio de 2017) da cuenta de un monto por pagar por parte de los Servicios de Salud de $258.698 millones.

El Presupuesto 2017 (en ejecución) tiene un presupuesto actualizado para deuda de $214.025 millones (el inicial era de $105.308 en $ 2017), y el Presupuesto 2018 provisionó sólo $154 mil millones para este fin.

Se desconocen estimaciones reales sobre el monto al que llegará la deuda hospitalaria, si se estiman nuevos o se transparente los aportes realizados por el Ministerio de Hacienda durante el año y estrategias para palear déficit, además de sincerar la situación financiera que se heredará a la próxima administración.

 

4.- CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA

El Consejo es “una instancia asesora presidencial que integra los esfuerzos de diversos organismos públicos, coordinando y dirigiendo sus acciones hacia el diseño y establecimiento de un sistema integral de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde el Estado cumpla el rol de garante. Esta asesoría consiste en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local”.

Fue creado por este Gobierno, y su objetivo es promover agenda ideológica del Gobierno, con nulo impacto en infancia y Sename.

De acuerdo a datos recopilados, cuenta con 52 funcionarios y está a cargo de Estela Ortiz, contratada a honorarios por la Segpres, con una remuneración de $7.5 millones mensuales, la que equivale prácticamente a la de un Subsecretario.

Dado que el gobierno termina en marzo, la Ley de Presupuestos reduce los recursos prácticamente a 1/3, lo suficiente para pagar los sueldos hasta esa fecha (de 3.264.550 miles de $ a 1.118.977 miles de $, un 66% menos).

Otro tema es que se constata en el Presupuesto vigente una transferencia de M $400.000 desde el Consejo Nacional de la Infancia que se transfieren a Organismos Internacionales, en este caso, el PNUD (subtítulo 24, ítem 07, asignación 001). Dado el momento de sensibilización con la temática de infancia con posterioridad a la crisis del SENAME, resulta particularmente pertinente transparentar su objetivo.

En la página del PNUD el único proyecto relevante en materia de infancia publicado dice relación con la iniciativa “Yo Opino, es mi derecho”, método para involucrar a niños, niñas y adolescentes en la discusión en torno a cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejorar el planeta.

5.- SERVICIO NACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR

Este servicio incrementa su presupuesto para el 2018 en un 3,0%, explicado básicamente por un aumento en los gastos de personal.

Se reducen en un 35% los recursos destinados al Programa Buen Trato al Adulto Mayor. Se disminuye en un 12% los recursos del Programa  de Centros Diurnos del Adulto Mayor. Finalmente, se reducen los recursos destinados a entregar subsidios a los ELEAM, uno de los programas más relevantes del Senama.

 

6.- TRANSPORTE: RECURSOS DEL TRANSANTIAGO

Los recursos de Transantiago se encuentran en el Programa 06 “Subsidio Nacional al Transporte Público” del Presupuesto del Ministerio de Transporte, los que si bien no presentan a nivel global un gran incremento, sí llama la atención el aumento en un 115% de la asignación “Subsidio Especial Adicional – Transantiago” y la eliminación de la asignación “Reembolso Artículo 3° Transitorio Ley N°20.378”.

Lo anterior se explica producto de la última modificación que sufrió la Ley N° 20.378 que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, que el 2015 a través de la Ley N° 20.877, modificó el subsidio incrementando los recursos y en especial en su artículo tercero transitorio dispuso que se autoriza un aporte especial adicional de hasta $120.000.000 miles el año 2015, 2016, 2017 y de $260.000.000 miles desde el año 2018 hasta el 2022.

De esta manera el subsidio a Transantiago aumentaría en más de 125% en términos reales entre 2013 y 2018. La evasión en los buses de Transantiago se mantiene por sobre el 30%.

 

 7.- MINERÍA Y ENERGÍA: SUBSIDIO AL GAS EN MAGALLANES

Para el próximo año, habría una reducción de las transferencias a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de un 12,3%. Esta transferencia corresponde al aporte compensatorio para que ENAP pueda vender el gas en la región de Magallanes a un precio que es menor (cerca de un 50%) de su costo.

Las razones que dio el Ministro para reducir este aporte son 3:

  • 2% se reduciría por un efecto del tipo de cambio (para 2017 era $700 y para 2018 sería $650).
  • 2,2% se reduciría por el ingreso del Parque Eólico Cabo Negro.
  • 2,9% restante se daría por una mayor eficiencia de ENAP, que tendría menores costos unitarios de producción de gas.

Es importante ahondar más en el tema debido a que imprevistos como alzas en el valor del dólar, problemas con el parque eólico u otras factores obligarían a un mayor desembolso que el presupuestado para que se mantenga el subsidio.

 

8.- FONDO DE SUSTENTACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE PARA LA PEQUEÑA MINERÍA

Históricamente, para suavizar el ciclo del precio del dólar que sufre la pequeña minería, la ENAMI ha administrado este fondo que funciona como un crédito en torno al precio del metal.

Sin embargo, a fines de 2016 el Gobierno ingresó un Proyecto de Ley para que este fondo sea una ley permanente y no tenga que aprobarse y competir año a año con otros recursos del presupuesto. Dado esto, se eliminó el monto correspondiente al fondo en la ley de presupuestos para el próximo año, lo que explica la reducción del 34,6% real que sufre el Ministerio de Minería.

El problema es que se eliminó este fondo del Presupuesto 2018, pese a que aún no se encuentra aprobada la ley (Segundo Trámite, en el Senado), de manera que se actuó bajo el supuesto de que este año si o si se aprobaría el fondo y se desconoce dónde se encuentran tales recursos.

 

9.-  MÁS BUROCRACIA Y EMPLEOS PÚBLICOS

Para el 2018 se incrementa la dotación de personal en 13.374 cupos, esto es más de un 5,6% más de funcionarios públicos que el 2017.

Parte del incremento, se explica, de acuerdo a los datos del Gobierno, por el programa de traspaso de honorarios a contrata que se está implementando por parte del Ejecutivo y además, por un incremento en el personal relacionado con nuevos Jardines Infantiles, que asciende a 2.544 personas.

Para analizar lo anterior, cabe recordar que esta Administración, puso en marcha a partir del 2015 un plan de traspaso de 14.000 personas que prestan servicios a honorarios a la contrata. Para ello, a contar del 2016 se estableció en la Ley de Presupuestos, un número máximo de personas que pueden ser contratadas a honorarios en cada uno de los Servicios. Para efectuar los traspasos, los Servicios deben modificar límite máximo de la dotación de personal fijada en glosas, con una correspondiente reducción en el número de personas contratadas a honorarios. En particular para el 2017, la Ley de Presupuestos contempló expresamente 8.000 cupos para el presente año.

Pese a ello, cuando se suma el traspaso antes señalado, en el entendido que todos los cupos hayan sido transferidos, más el personal de Jardines Infantiles, el incremento en personal es mayor, dejando de manifiesto que el Ejecutivo no tiene dentro de sus prioridades la disminución de este tipo de gastos. Lo anterior, se funda en virtud de la trayectoria del gasto en personal del Gobierno.

Aunque para el 2018 se disminuyan los recursos destinados a contratar personal a honorarios en 17,8%, dicha reducción no debe mirarse aisladamente. Esta administración, en los años previos incluso llevando a cabo el plan de traspaso de honorarios detallado previamente, cuyo fin es disminuir este tipo de contrataciones, presenta a partir del 2014 aumentos en este ítem.

A lo anterior, debe agregarse que no se conoce el estado actual de los traspasos del presente año, y el Ejecutivo insiste para el 2018 en considerar nuevamente a través del Artículo 24 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2018, 8.000 nuevos cupos para ser traspasados.

Se suma a lo anterior, el incremento en los gastos en viáticos en un 6,8%, pese a las normas de austeridad en cuanto a que las comisiones de servicio en el país y en el extranjero deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero.

 

10.- REACTIVACIÓN DE UNA EMPRESA PÚBLICA

La Empresa Pública SACOR SpA., fue creada por CORFO en el año 1964, para la explotación y administración de predios rústicos de cualquier clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario.

Desde el año 2004 que no se encontraba en operaciones, razón por la cual, el 2012 el Comité Sistema de Empresas-SEP recomendó disolverla y CORFO procedió con su liquidación.

Para el 2018, se contempla un aporte a esta empresa por más de $168.200.000 miles, lo que significa reactivar una Empresa Pública que no presentaba movimiento, con todo el costo y burocracia que su nueva puesta en marcha puede implicar.