Hace algunos días el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley, comprometido en el programa de gobierno de la Presidenta, relativo al fortalecimiento de la Dirección del Trabajo.
Este servicio cuenta con una regulación que data de 1967, y donde hace mucho se hacía necesario contar con una reforma tanto orgánica como funcional del mismo, habida cuenta de la importancia que tiene su labor en el mundo del trabajo, atendidas sus funciones interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras en materia laboral.
Efectivamente, se contemplan una serie de normas que modernizan algunas actuaciones y trámites realizadas por y ante la Dirección del Trabajo que permitirán que éstas no sólo puedan hacerse de manera presencial, sino que además por instrumentos digitales, lo cual permitirá una gestión más certera y eficiente.
"Sin embargo, al revisar el proyecto de ley es posible percatarse que gran parte de los cambios son relativos al personal, centrándose en temas propios del estatuto administrativo y asignaciones especiales por desempeño del servicio, sin que se aprecien aquellas disposiciones que hoy se requieren para avanzar en capacitación y tecnificación de los funcionarios que ejercen funciones fiscalizadoras y normativas", señala Sergio Morales, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.
Con la reforma laboral, constituye un hecho público y notorio, las dificultades que el Servicio ha tenido en la determinación de los servicios mínimos y los equipos de emergencia, en que se aprecian la preeminencia de razones políticas y no técnicas en los distintos pronunciamientos.
Asimismo, "en muchas ocasiones la jurisprudencia administrativa ha sido oscilante o incluso ha ido más allá de la ley, provocado serios problemas en el mercado laboral como sucede con aquel dictamen que descarta la posibilidad de pactar trabajo por hora", explica Morales.
Claramente, hoy casi no existen planes de fiscalización focalizados, sino que la actividad de la Dirección del Trabajo opera de manera reactiva ante denuncias, lo cual provoca que muchas de las leyes laborales sean letra muerta. "Es preciso hoy apuntar a sistemas de autodenuncias por parte de los empleadores y por sobre todo avanzar en educación en materia laboral, principalmente para las empresas de menor tamaño en que se concentran las principales infracciones a la normativa laboral, fundamentalmente por falta de recursos y desconocimiento de la normativa laboral vigente", asegura el abogado.
Finalmente, un punto que queda pendiente en este proyecto de ley dice relación con la separación de funciones al interior de la Dirección del Trabajo, donde, siguiendo la tendencia en materia tributaria, se separen las funciones fiscalizadoras de las sancionadoras, de modo tal de asegurar garantías del debido proceso a empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales que sean sindicadas como responsables de alguna infracción a la normativa laboral.
Sin duda, este proyecto sí constituye un avance, mas pareciera no abordar de manera integral los grandes desafíos en materia laboral, donde se precisa una Dirección del Trabajo más moderna, colaborativa y con cada vez más técnico y menos político.
