19 de septiembre de 2017

Algunos temas que marcarán el Presupuesto 2018

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La discusión del Presupuesto del Sector Público será ardua. Se trata de un proyecto que presentará este Gobierno y ejecutará otro a partir de marzo de 2018, razón por la cual resulta complejo compatibilizar las prioridades. A ello además, debe sumarse que las elecciones son el día 19 de noviembre, cuando solo quedarán 10 días para agotar el plazo constitucional que ésta tiene para ser despachada.

“Sin duda uno de los nudos del debate en torno al presupuesto en año electoral será el crecimiento del gasto, el que como máximo debiese estar en un 3%“, señala Cristina Torres, abogada de Libertad y Desarrollo. En concordancia con esto, deberá revisarse con atención la composición de éste, en relación a los recursos que se destinan a gasto corriente y aquellos que son gasto de capital.

La eficiencia del gasto se torna aun más relevante, y es ahí donde surge la importancia de las evaluaciones a los programas que ejecuta el Gobierno. Al efecto, respecto de aquellas, cada año la Dirección de Presupuestos publica una serie de evaluaciones a Programas Gubernamentales –los llamados EPG– los que se entregan junto con el Informe de Finanzas Públicas. La evaluación del año 2016 arrojó que de las 22 evaluaciones efectuadas, sólo 5 programas tuvieron “Desempeño Suficiente”, mientras que el resto tuvo un “Desempeño Insuficiente”. Dentro de estos últimos se encontraron seis programas evaluados de SENAME.

Lo anterior, motivó que para el presente año, se consignara una glosa presupuestaria en virtud de la cual, la información que recaba dicha Dirección en virtud de las evaluaciones, deberá estar publicada en su página web y ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 15 días antes de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente. Se trata de 23 programas cuyas evaluaciones se tendrán a la vista previamente y permitirán analizar de mejor forma el presupuesto asignado.

En la misma situación se encuentran las evaluaciones de programas sociales que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, las que a contar de este año deberán estar publicadas en el Banco Integrado de Programas Sociales y enviar copia a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 15 días antes de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente.

Otro tema será la Provisión para financiamientos comprometidos, que corresponde a una Asignación en el Tesoro Público, donde se encuentran los recursos para financiar las iniciativas en trámite. Al efecto, el Gobierno debe dejar en ella, el gasto que contemplan las reformas originadas durante este periodo, las que de aprobarse comenzarán a ser ejecutadas como primer año, el 2018.

Una discusión especial es la que se dará en relación con la Provisión para la distribución suplementaria, o llamada fondo de recursos de libre disposición que se deja al próximo gobierno. Esta también es una Asignación en las Operaciones Complementarias de la Partida del Tesoro Público que se ha presentado en el Presupuesto desde el año 2006, y que ha estado en torno a 0,6% del Presupuesto en traspasos anteriores. Si bien un tema será determinar si ésta se definirá en un monto absoluto o como porcentaje del incremento del gasto, se trata de un fondo presente únicamente en años de cambio de gobierno en atención a las prioridades que tiene el Gobierno entrante y la necesidad de financiamiento, las podrían diferir de aquellas que dejó tramitada como ley el Gobierno saliente. A estos recursos además, se suma un cierto monto como facultad para reasignar, que el año 2010 fue de hasta US$150 millones adicionales para los mismos fines, y el 2014, alcanzó los 200 millones de dólares, aproximadamente.

Finalmente, cabe hacer presente que “por primera vez la Ley de Presupuestos 2017 contempló un límite al gasto en publicidad y difusión por Ministerio, el que deberá ser revisado con detalle en atención de ser éste un año electoral”, comenta la abogada de LyD. A ello se debe agregar, en virtud de la austeridad fiscal, el mandato que se consignó en el articulado de la ley, en cuanto a reducir las Comisiones de servicio en el país y en el extranjero a aquellas que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales.