6 de septiembre de 2017

Paro de Taxis y Regulación de economías colaborativas en el transporte privado

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A raíz de la protesta no autorizada de taxistas en el aeropuerto de Santiago de este lunes contra Uber y Cabify, que terminó con graves alteraciones en el funcionamiento del terminal, e incluso con la muerte de un turista, se ha puesto nuevamente la atención en la regulación que deben tener las plataformas tecnológicas para compartir vehículos particulares.

En este sentido, ha tomado visibilidad la existencia de un proyecto de Ley del Ejecutivo, que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados, que pretende regular las economías colaborativas en transportes. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el contenido del proyecto introducido por el Ejecutivo.

“El proyecto de Ley enviado por el Gobierno al Congreso para regular el funcionamiento de las economías colaborativas en el transporte privado podría limitar seriamente los potenciales beneficios que estas nuevas tecnologías están entregando a sus participantes”, asegura el investigador de LyD, Rodrigo Troncoso. El proyecto de Ley carece de fundamentos técnicos y obedece a motivaciones más bien políticas. Por ejemplo, la introducción de un impuesto por kilómetro para transferir recursos desde las plataformas tecnológicas, que tienen menores externalidades por congestión, a los taxistas tradicionales, que son un grupo de presión.

Además, el proyecto deja en manos de la burocracia estatal, no sólo el cálculo del impuesto por kilómetro, sino también la fijación de la tarifa misma. El Panel de Expertos para el Transporte Público definirá arbitrariamente los parámetros para fijar las tarifas de los servicios ofrecidos a través de plataformas tecnológicas.

El proyecto también introduce la obligación a las plataformas tecnológicas para el transporte privado de entregar toda su información a las autoridades. “Incluida información sensible para los usuarios de la plataforma, como origen y destino, así como cuánto pagaron, o las rutas que hicieron. Esta disposición, así como el impuesto por kilómetros podrían estar en conflicto con la Constitución“, dice Troncoso.

En distintas ciudades congestionadas del mundo, los reguladores han creado carteles regulados de taxistas. Esto debido a la externalidad por congestión que produciría la libre entrada y la capacidad limitada de elección del usuario, al no poder evaluar ex ante la calidad del servicio que se va a contratar. Según Tronocoso, las tecnologías que usan empresas como Uber o Cabify resuelven buena parte de estos problemas, haciendo innecesaria la existencia de un cartel regulado en este mercado.

Las nuevas tecnologías constantemente introducen nuevos desafíos a los reguladores. En cualquier caso, la nueva regulación debe pensarse en favor de las personas y no de los intereses de un cartel que teme que entre competencia a su mercado.