28 de septiembre de 2017

Columna de Luis Larraín en El Líbero: “Red de protección a terroristas”

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Según el testimonio de José Peralino —imputado por el crimen de los ancianos Werner Luchsinger y Vivianne  Mackay—, la madrugada del 3 de enero de 2013 pasada la medianoche tres camionetas salen de la casa de la Machi Francisca Linconao, en la región de La Araucanía y se dirigen a la vivienda del matrimonio al interior de su fundo, ubicado en la comuna de Vilcún. Al llegar disparan contra la vivienda, desde la que se responde al fuego. Luego, el grupo de cerca de veinte personas la asalta y finalmente la queman, provocando la muerte de los dos ancianos. El primer imputado en la causa fue Celestino Córdova, quien fue encontrado herido a bala a 1.750 metros del lugar esa misma noche.

El 30 de marzo de 2016 se detiene a otras 11 personas, entre ellas la Machi Francisca Linconao, acusadas de haber participado en el asalto a la casa de los Luchsinger. El Tribunal de Garantía decreta prisión preventiva para los imputados. A partir de allí comienza a funcionar una vasta red de protección a los imputados por este crimen. La medida cautelar de prisión preventiva es cambiada por el tribunal por la de arresto domiciliario, lo que provoca que al menos dos de ellos se den a la fuga. La Machi Linconao es ayudada por instituciones públicas chilenas e internacionales en su afán de rebajar las medidas cautelares. El Instituto de Derechos Humanos aboga por la reducción de sus medidas cautelares y su directora viaja a la zona para presionar, sin tener en consideración, al parecer, los derechos humanos de los ancianos quemados vivos por el grupo de activistas, quienes según el testimonio de Peralino se juntaron en la casa de Linconao a planear el crimen y salieron desde allí a cometerlo.

Varias ONG ligadas a causas mapuches también intervienen a favor de Linconao y, en lo que ya es insólito, el querellante contra ella y otros 10 imputados —la Intendencia de la Región de La Araucanía— aboga también por la rebaja de las medidas cautelares, sentándose en la audiencia al lado de sus abogados defensores. Estas gestiones tienen éxito. El Tribunal de Garantía sigue hasta la fecha conociendo este caso, sin que aún haya sentencia para los 11 imputados. Este trabajo del tribunal se desarrolla en un ambiente de gran presión a favor de los imputados.

Otros casos de violencia terrorista asolan La Araucanía durante estos años. Varios camiones son quemados en distintas asonadas protagonizadas por grupos extremistas; algunas de ellas coinciden con las fechas en que hay audiencias relacionadas al caso Luchsinger Mackay y claramente representan medidas de presión al tribunal respecto de las resoluciones del caso.

Una iglesia evangélica es quemada durante un oficio religioso en La Araucanía y se hacen disparos. En este último caso se detiene a 11 personas que quedan en prisión preventiva, y cuatro de ellas inician una huelga de hambre que se mantiene hasta hoy y acapara la atención de la prensa. Organismos como Amnistía Internacional abogan por una reducción de las medidas cautelares de arresto domiciliario, nuevamente se esgrimen razones humanitarias.

El domingo recién pasado ocho personas son detenidas acusadas de participar en los asaltos y quema de camiones. Encabeza el grupo Héctor Llaitul, procesado y condenado por varios delitos violentos e integrante de grupos terroristas. Los antecedentes exhibidos por la Fiscalía para justificar estas detenciones incluyen conversaciones telefónicas y comunicaciones vía Whatsapp en que Llaitul aparece asegurando financiamiento para las operaciones de quema de camiones, identificando a una empresa que luego sería asaltada, estableciendo metas cuantitativas de camiones a ser quemados y por último, en lo que parece más grave, entregando antecedentes acerca de envío de armas desde Argentina para ser usadas en estos asaltos.

Durante todo este período el Gobierno ha sido ambiguo en la calificación como terrorista de estos hechos. Políticos de izquierda, por su parte, han apoyado abiertamente a los imputados. El diputado Gabriel Boric ha hablado de detenciones ilegales, en circunstancias que éstas fueron efectuadas por los organismos competentes y haciendo uso de las atribuciones que la ley les entrega. La diputada Karol Cariola también ha apoyado a los imputados. La candidata presidencial Beatriz Sánchez ha manifestado, en el caso de quienes mantienen una huelga de hambre, que sería aterrador si una persona muere. El sacerdote Felipe Berríos se ha reunido con los huelguistas y ha apoyado sus reivindicaciones.

Hasta antes de la detención de Llaitul por el caso de la quema de camiones se argumentaba —por quienes justifican la falta de acción de la Justicia y del Gobierno en su labor de resguardar la vida y la seguridad de las personas— que aquí había falta de labor de inteligencia policial y mala gestión de las Fiscalías para probar los delitos. Ahora ha quedado demostrado, como varios hemos afirmado, que esa información existe y que se trata de falta de voluntad política del Gobierno, pues el veto de la izquierda a la acción policial determina sus actuaciones.

Miles de personas han sido afectadas por hechos de violencia en La Araucanía. Algunas han perdido la vida en circunstancias horribles. Otras han perdido sus casas, campos o vehículos, afectando su patrimonio y sus fuentes de trabajo. Pese a ello, una izquierda ciega e insensible continúa protegiendo a elementos extremistas que causan daño y terror a sus compatriotas.

Los imputados por actos violentos y crímenes realizan una presión indebida sobre las autoridades a través de huelgas de hambre, y cuentan con una red de protección que les permite eludir la acción de la justicia. Es imperdonable que se sigan mezclando causas de reivindicación y demandas de población mapuche, muchas de las cuales pueden ser legítimas, con actos terroristas y violentistas. Los mapuches son los mayores afectados por la violencia, que condena a la región donde viven muchos de ellos a la pobreza y el atraso.

 

Compartimos la columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-