Ya estamos en septiembre y se acerca la discusión y tramitación de la Ley de Presupuestos del sector público 2018, la que en esta ocasión se enmarca dentro de un año electoral. De esta manera, se abre un nuevo flanco que define aquellos aspectos principales que deberían tomarse en cuenta y, de esta manera, enfocar la discusión presupuestaria.
En primer lugar, deben considerarse las variables macroeconómicas. Lamentablemente, nos encontramos en una posición bastante deteriorada: un crecimiento del PIB que promediará 1,8% estos últimos cuatro años, una inversión que acumula cuatro años de variación negativa (con una proyección de -1,6% para 2017), un balance fiscal efectivo que se hace cada vez más deficitario y una deuda bruta del gobierno central que crece aceleradamente y que se estima este año se situará en torno al 25% del PIB. Todo esto, en un contexto donde se están asumiendo a futuro gastos importantes (provenientes mayormente de las reformas) que no hay seguridad de que se puedan financiar. Así, estamos frente a un escenario fiscal complejo que heredará la próxima administración y deben provisionarse los fondos suficientes de modo de garantizar los recursos en forma consistente con la sostenibilidad y la regla fiscal.
Es así como en segundo lugar debe haber foco en la provisión para financiamientos comprometidos, la provisión para la distribución suplementaria y el gasto en personal. Los financiamientos comprometidos tienen relación con, principalmente, los proyectos de ley en trámite y el reajuste de remuneraciones del sector público. Sólo como referencia: en el Presupuesto del año 2017 se otorgaron $891.472 millones como provisión para financiamientos comprometidos. Al respecto, se estima que un reajuste de remuneraciones del sector público de 3% (similar en estructura al del año previo) costaría algo más que $750.000 millones, lo que sumado al costo del primer año de los principales proyectos de ley en tramitación ($525.000 millones), superarían con creces esta provisión.
Por otra parte, en años electorales, la provisión suplementaria (o fondo de libre disposición) ha estado históricamente en torno al 0,6% del Presupuesto, sumado a un cierto monto como facultad para reasignar. Es así como deberían quedar recursos disponibles por esta vía, necesarios para darle cierta flexibilidad al nuevo Gobierno. Por el lado del gasto en personal, en tanto, este ha registrado incrementos importantes y se pronostica un alza, tanto por proyectos de ley que crean nuevos cargos, como por la existencia de un programa del Gobierno que tiene como finalidad traspasar funcionarios que están a honorarios a contrata, los que llegarían a 14.700 en 2017.
Con todo, llegamos a un tercer punto importante, referente a la eficiencia del gasto, dado que los recursos son evidentemente escasos. Esto consiste en monitorear de cerca el uso de los dineros, de modo que estén en línea con las reales prioridades de las personas y las del próximo Gobierno. Foco especial deberán tener las partidas de salud y educación, que contemplan gran parte del gasto. Al mismo tiempo, habrá que analizar cómo resultan las evaluaciones de programas gubernamentales y de los programas sociales, los que por primera vez deberán entregar resultados antes de comenzar la tramitación de la Ley de Presupuestos, plazo que se cumple este viernes.
Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-
