Cada cuatro años, cuando asume un nuevo gobierno, se pone a prueba el sistema de la Alta Dirección Pública (ADP).
Desde que se implementó este sistema el año 2004, paulatinamente un mayor número de cargos de jefes de servicios son nombrados por el Presidente de la República, luego de un proceso de selección sobre la base del mérito conducido por la Alta Dirección Pública. Si bien la selección de los potenciales postulantes a estos cargos se realiza sobre la base del mérito, siguen siendo cargos de exclusiva confianza del Presidente, pudiendo ser removidos en cualquier momento. Así, el sistema de Alta Dirección Pública en Chile es un sistema mixto que se basa en dos principios: el mérito y la confianza.
Se debe tener presente, que al hablar de confianza, ello no es necesariamente sinónimo de confianza política, sino que se debe entender en un sentido más amplio. ¿Desarrollará el alto directivo con fuerza, convicción y entusiasmo las políticas públicas que el nuevo gobierno impulsará si, por ejemplo, políticamente adhiere abiertamente a una corriente distinta a la del nuevo Ejecutivo?
El actual sistema nace el año 2003, luego de un acuerdo político para impulsar una agenda de modernización del Estado. Ello debido a sucesivos acontecimientos que evidenciaban, entre otros, la captura del Estado por parte de “operadores políticos”, que no necesariamente contaban con el conocimiento y expertise técnico para las instituciones que dirigían. La creación de la ADP, se enmarca en una reforma más amplia del Estado, la que finalmente llevó a una reducción importante de los cargos de exclusiva confianza nombrados libremente por la autoridad presidencial. Hoy, al asumir debe nombrar 741 cargos de exclusiva sin necesidad de concurso, a los que se suman los 1.092 cargos que son también de exclusiva confianza pero que son nombrados luego de un proceso de selección sobre la base del mérito por la ADP[i].
Los cargos que hoy se rigen por el sistema de ADP en su mayoría corresponden a jefes de servicio (cargos de I nivel) y cargos de segundo nivel jerárquico de los mismos (cargos de II nivel).
La decisión de implementar el sistema de ADP en los servicios públicos se debe a que precisamente son estas entidades las responsables de llevar a cabo las tareas ejecutivas de las decisiones políticas tomadas por los ministerios y subsecretarías. Es decir, la ejecución de las políticas públicas del gobierno de turno, lo que implica contar con personas idóneas en materia de gestión.
Con el tiempo la ADP también se ha ido ampliando a otros cargos más allá de los servicios públicos, tales como Directores de Codelco y Enap, Panel de Concesiones, tribunales ambientales, etc. Estos son los llamados cargos no adscritos que corresponden a alrededor de 362 cargos. A ello se suma que el año 2011 a partir de la reforma educacional la ADP participa en los concursos para los directores de establecimientos de educación municipales que ascienden a 3.172 cargos y a 294 jefes de departamento de municipal.
Con todo, el sistema de la ADP está presente en el concurso de casi 5.000 cargos.
Al asumir el nuevo gobierno en marzo próximo, habrán 119 cargos de I nivel adscritos a la ADP. De estos, 7 corresponden a jefaturas de servicio que ingresan por primera vez al sistema[i]. De los restantes 112 cargos de I nivel adscritos a la ADP, hoy en día 100 cuentan con profesionales en calidad de titulares en el cargo. Los 12 restantes, 7 están ocupados por subrogantes y 5 por personas en calidad de TyP (nombrados en tal calidad previo a la reforma del 2016).
De los 100 cargos ocupados por titulares, 9 fueron nombrados con anterioridad al año 2014, 34 fueron nombrados el año 2014, 30 nombrados el año 2015, 19 nombrados el año 2016 y 8 nombrados este año 2017. Es decir, el gobierno que asuma en marzo del 2018 de los 100 cargos con profesionales titulares en el cargo que heredará, 91 fueron nombrados por el gobierno saliente. De esos 91 titulares nombrados durante los años 2014 al 2017, 57 corresponden a profesionales que inicialmente ocuparon el cargo como TyP y luego fueron nombrados titulares en el cargo después del concurso vía ADP.
En este contexto, es esperable que cuando asuman las nuevas autoridades en marzo próximo haya una tasa de desvinculación más alta a la que se esperaba luego de la reforma legal. Esta debiese estabilizarse en una tasa más baja a partir del cambio de gobierno del año 2022, ya que esa nueva administración no heredará en calidad de titular a profesionales que en sus inicios se designó a dedo por la autoridad presidencial.
Ver informe completo ADP: ¿CON QUÉ SE ENCONTRARÁ EL PRÓXIMO GOBIERNO?
