24 de agosto de 2017

Columna de Luis Larraín en El Líbero: “Cocina constitucional”

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Cuando el Tribunal Constitucional decidió que quien presidiría la sala al momento de votar el proyecto de aborto en tres causales sería Carlos Carmona, y no Iván Aróstica —quien ya fue elegido por sus pares como próximo presidente—, intuí que el fallo sería favorable al proyecto del Gobierno.

La razón es muy simple: Carlos Carmona, como presidente del Tribunal Constitucional, ha dirimido veintiocho empates en veintiuna sentencias. Lo anterior excede la cantidad total de votos dirimentes utilizados por todos sus predecesores juntos, que son para estos efectos cuatro, y que suman diecisiete votos. Este dato, que nace de un estudio del nuevo instituto llamado observatoriojudicial.org, me reveló que los ministros del tribunal estaban aceptando, anticipadamente, que Carmona, que ha sido un fiel defensor de las posiciones del Gobierno de Michelle Bachelet, dirimiera la que se anticipaba como una decisión estrecha.

El voto a favor de las tres causales de María Luisa Brahm hizo innecesaria la actuación dirimente de Carmona. Pero el “seguro” que proveía la última instancia que tenía él como presidente del Tribunal en su postrera actuación como tal, daba las seguridades que el Gobierno requería de que uno de sus proyectos más emblemáticos sería aprobado.

La “cocina”, utilizando el término que acuñara el senador Andrés Zaldívar con ocasión de la reforma a la reforma tributaria, también se extiende entonces a materias constitucionales, incluso a materias de la carga emocional y valórica del aborto; por desilusionante que ello pueda parecerles a los grupos de personas, mayoritariamente mujeres, que en las afueras del Tribunal manifestaban sus posiciones, a favor o en contra del proyecto, de manera histriónica y a veces dramática.

De hecho, el discutido procedimiento de audiencias que decidió el TC —que permitió a gran cantidad de personas e instituciones exponer sus puntos de vista acerca del controvertido proyecto— actuó, junto a las manifestaciones de esas mismas personas, como una suerte de catarsis colectiva. Como señalara Carlos Peña, en estricto rigor no tenía sentido que el Tribunal escuchara estas intervenciones, pues lo que sus integrantes debían hacer era pronunciarse acerca de la compatibilidad de las disposiciones del proyecto con nuestra Constitución Política, cuestión que no tenía relación alguna con las convicciones, creencias o reivindicaciones de quienes exponían frente a los ministros.

Pero cuando ellos decidieron este sistema de audiencias, no estaban pensando en un procedimiento que contribuyera a iluminar sus votos, sino en una forma de cubrir este proceso con un manto de legitimidad ciudadana por la apariencia de participación. Aunque esto no es tarea del Tribunal, como lo consignara Peña, sino del Congreso.

Pese a ser impropias en lo formal, las audiencias fueron quizás la única forma en que una decisión de tanta carga valórica como lo es la disposición de una vida por parte de un tercero, pudiera revestirse de la legitimidad social que se requería.

Porque en definitiva, más allá de consideraciones jurídicas que están fuera de mi alcance, de eso se trata la controversia de fondo sobre el aborto en las dos causales que son de verdad discutibles, pues la primera, que se relaciona con la sobrevivencia de la madre, está ya resuelta por la medicina. ¿Puede una madre decidir acerca de la vida del ser humano que lleva en su vientre, atendiendo a las condiciones en que éste fue concebido, o a sus posibilidades de sobrevivencia? ¿O la sociedad debe proteger esa vida, independientemente de la opinión de la mujer? El Congreso y el Tribunal Constitucional se decidieron por la primera opción.

El argumento de que no puede exigirse a la mujer un comportamiento supererogatorio o heroico, que parece haber pesado en las decisiones de parlamentarios y ministros del TC, discurre sobre la base de que hay solamente un ser, la madre, que tiene dignidad y posee derechos. Así, las difíciles circunstancias que vive una mujer embarazada por una de estas causales ameritarían el aborto. Uno puede entender ese punto de vista, pero también razonar en el sentido que hasta aquí todo es sobre la mujer.

El otro ser vivo en cuestión no sería una persona y por lo tanto carecería de derechos, incluso el de vivir. Hacia allá ha evolucionado la discusión sobre el aborto.

Una sociedad requiere de mecanismos de contención para tomar una decisión de esa dureza. Que en las convenciones que se empiezan a imponer en la sociedad sea inaceptable maltratar las costillas de un animal con la práctica del rodeo, y sea en cambio aceptable triturar el cráneo ya formado de un ser humano, no deja de ser impactante. Para tolerar eso, es imprescindible invisibilizar por completo al que está por nacer y a eso lleva justamente el que toda la discusión se centre sobre los derechos de la mujer.

Por eso en Chile hemos discutido acerca de la “interrupción del embarazo” y no sobre el aborto, y se ha rotulado el proyecto como “despenalización” de la interrupción del embarazo y no legalización del aborto en tres causales, que es lo que es, ignorando el aforismo que dice que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son.

Es la decisión que ha tomado nuestro país, y la mayoría del mundo por lo demás; pero no necesariamente la mejor decisión.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-