23 de julio de 2017

Columna de Susana Jiménez en La Tercera: “¿Qué esconde la gratuidad?”

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

La gratuidad ha sido una extraordinaria consigna de la Nueva Mayoría. Promete alivio, felicidad y futuro, aun cuando ya está meridianamente claro que es inviable en el corto y mediano plazo. Pero lo verdaderamente impresionante es que bajo esta promesa/aspiración se esconde algo mucho más profundo. Cual iceberg que solo deja ver una décima parte de su fisonomía y sumerge el 90% restante, la gratuidad oculta cambios sustanciales en línea con los tradicionales objetivos de la izquierda: el control estatal y la supresión de la iniciativa privada.

El proyecto de ley original ingresó al Congreso en julio de 2016, siendo objeto de la oposición casi unánime de todos los sectores. Apremiado por destrabar la tramitación del proyecto, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva en abril de 2017, a la vez que comprometió un proyecto de ley que diera un trato preferencial a las instituciones estatales (ingresado en junio), así como la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). La bandera de lucha, sin embargo, no cambió un ápice, cual es refundar completamente el sistema de educación superior y entregarle un fuerte control al Estado. Es tal el voluntarismo por sacar adelante el proyecto, que los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se prestaron para el show de legislar 600 indicaciones y 200 páginas de articulado en una sesión de 23 horas, con el consecuente análisis trasnochado del mismo. El proyecto pasó ahora a segundo trámite en el Senado.

El mayor control estatal trasciende todo el proyecto vía prácticamente todos los ámbitos relacionados con la educación superior. No solo se traduce en una fuerte fiscalización y limitaciones al uso de los recursos, sino más bien en una serie de atribuciones que van en desmedro de la autonomía de las instituciones y la diversidad de los proyectos educativos. Un claro ejemplo es el proceso de acreditación, ahora obligatorio, que tiende a estandarizar el sistema bajo un modelo único.

Pero es la bendita gratuidad la que introduce los mayores riesgos al sistema. La gratuidad es mucho más que financiar la matrícula de los estudiantes a un altísimo costo fiscal (estimado en US$ 4.400 millones). Para que su aplicación sea viable, se imponen una serie de exigencias a nivel de establecimiento, carreras impartidas, precios cobrados, uso de los recursos, etc. En efecto, para poder acotar el gasto que ello importa al fisco, se limitará el crecimiento anual de las vacantes de los establecimientos adscritos a gratuidad y se fijarán los aranceles de cada uno de los más de 12.000 programas académicos existentes.

Cabe señalar que durante la transición hacia la gratuidad universal, el proyecto admite el cobro diferenciado a estudiantes de los percentiles más altos, con techos preestablecidos hasta el decil 9 en función del arancel regulado. Ello reconoce implícitamente que la tarifa regulada siempre estará subestimando los verdaderos costos. Tal como ya se ha visto, ello redunda en un creciente déficit de los establecimientos adscritos, poniendo en riesgo su viabilidad financiera. La alternativa, por cierto, sería bajar la calidad de la enseñanza impartida para reducir los costos, con el consecuente perjuicio para los estudiantes.

La oposición que surge, por tanto, desde distintos sectores respecto de la política de gratuidad no dice relación con ser más o menos solidarios. De hecho, se engañan quienes piensan que esta política está dirigida a los estudiantes vulnerables, pues en realidad es solo para algunos: la política de gratuidad, tal como está planteada, discrimina en forma arbitraria hacia estudiantes de igual condición socioeconómica dependiendo del establecimiento educacional donde deciden estudiar. Así, en vez de poner en el centro al estudiante, privilegia cierto tipo de instituciones, como es el caso de las universidades estatales.

Hay otros elementos que además la hacen injusta: para alcanzar la gratuidad universal se tendría que entregar una enorme cantidad de recursos a personas de mayores ingresos (que tienen una mayor presencia en la educación superior), recursos que bien podrían utilizarse en otras necesidades mucho más urgentes del país.

Pero lo más grave, de mi punto de vista, es que la gratuidad esconde intenciones muy distintas a la que se ha pretendido, las que dicen relación con una evidente desconfianza hacia la provisión mixta de educación y el rechazo al despliegue de proyectos diversos, no necesariamente sintonizados con los que querrían privilegiar los burócratas de turno.

Así como está, el proyecto va camino a convertirse en un nuevo Transantiago, tristemente conocido por su mal diseño y peor implementación. El daño será más lento, pero igualmente doloroso, con costos de largo plazo que probablemente hoy son difíciles de cuantificar. De no ser por el sesgo ideológico que lo ha impulsado, se podría haber logrado el mismo objetivo -no dejar ningún estudiante sin acceso a educación superior por razones económicas- pero con mecanismos mejores, como un sistema de becas y créditos diferenciados por realidad socioeconómica y bajo condiciones favorables. Ello permitiría no sólo entregar mayores oportunidades a los estudiantes de educación superior, sino además liberar parte de los recursos comprometidos para financiar las múltiples necesidades que hoy existentes en educación preescolar y escolar, que son las que verdaderamente igualan la cancha para todos.

 

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-