Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

¿Cómo se evalúa el cumplimiento de la regla fiscal?

Pulso

Históricamente, Chile ha sido mundialmente reconocido por sus favorables resultados económicos: buenos niveles de crecimiento, inflación controlada y credibilidad, entre otros atributos que dan cuenta de su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, estos logros no están garantizados y es que más allá de la incidencia que en el crecimiento económico tenga el entorno internacional, los buenos resultados también dependen de la aplicación de políticas internas adecuadas que respeten equilibrios y normas básicas.

Parte importante de estas políticas es la fiscal, la cual debe ser necesariamente responsable y balanceada para que, de esta manera, se asegure la solvencia con niveles bajos de deuda pública, de modo de mantener una clasificación de riesgo lo más alta posible.

Es en este espíritu que se instauró en Chile desde el año 2001 una regla de balance estructural, que actualmente se conoce como balance cíclicamente ajustado (BCA). Lo que se busca con ese mecanismo es obtener un enfoque de mediano plazo de la situación fiscal, de modo de despejar aquellos elementos más bien coyunturales del balance efectivo del gobierno, alineando los gastos con la realidad más permanente del país. Así, lo que se hace es estimar los ingresos del gobierno central y ajustarlos por el ciclo económico. Sobre la base de este valor y de la regla fiscal vigente, se determina el gasto público, consistente con dichos ingresos.

Durante la actual administración, el decreto que establece las bases de la política fiscal fue modificado en octubre de 2015. Esto se hizo dado que la situación macroeconómica chilena se vio expuesta a una desaceleración mucho más profunda que lo previsto y a una baja importante del precio del cobre, afectando de esta manera los ingresos estructurales.

Así, se migró de un decreto que establecía como meta fiscal “converger gradualmente a una situación de balance estructural en el año 2018, equivalente a un cero por ciento del Producto Interno Bruto anual” a “reducir el déficit estructural en aproximadamente un cuarto de punto porcentual del Producto Interno Bruto cada año, medido este último con parámetros estructurales comparables de un año a otro”.

Además, en esta oportunidad se modificaron los parámetros determinados por el Comité de Expertos para el cálculo del balance estructural: el Producto Interno Bruto Tendencial y el precio de referencia del cobre. De esta manera, para ese año el BCA pasó de estimarse en 0,5% del PIB a -1,6% del PIB.

Es así como a partir de 2015 se abre paso a una “doble lectura” del BCA donde los parámetros incorporados en el cálculo del balance estructural comenzaron a corregirse año a año respecto de lo estimado al momento de determinar el gasto, dificultando su seguimiento. ¿Cómo comparamos entonces la evolución del balance? ¿Cómo medimos si se ha cumplido con la regla establecida? El no contar con una medida clara (y única) que establezca un número específico para el déficit estructural, estaría generando espacios para más expansividad fiscal en un ciclo deficitario, aun cumpliendo con la regla, puesto que el cálculo de este BCA es ahora “condicional” a la corrección que se haga de los parámetros estructurales.

Así, sería conveniente despejar el mecanismo mediante el cual opera la regla, en lugar de complicarlo, puesto que mientras mejor y más ampliamente sea comprendida, se convierte en una herramienta más efectiva desde el punto de vista de “ancla fiscal” que debería tener.

Columna de Carolina Grunwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-

Tags:

otras publicaciones