A pesar del gran consenso sobre la necesidad de generar medidas apropiadas para proteger de manera efectiva a los niños, el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso perpetúa las diferencias entre los menores que son atendidos por los centros de administración directa del Sename y los que son atendidos por instituciones colaboradoras privadas.

La semana pasada comenzó la tramitación de los proyectos de ley que separan el Sename en dos servicios: el de Protección Especializada de Niños y Niñas, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Con esto, el Servicio de Protección Especializada asumiría el rol de la generación de políticas sociales para aquellos niños que han sido vulnerados, y el de Reinserción tendría la responsabilidad de coordinar los programas del sistema de ejecución de sanciones y el proceso de reinserción social para los adolescentes que hayan infringido la ley.

Debemos recordar que la idea de separar la institucionalidad del actual Sename no es nueva. En 2012 el Gobierno anterior presentó un proyecto de ley que proponía una división similar del servicio, sin embargo, no se discute desde el 7 de abril de 2014.

Lamentablemente, este cambio institucional no significa necesariamente mejoras en la calidad en los programas. Tal como se observa al evaluar la iniciativa del Servicio Especializado, no se asignan mayores recursos a los programas de reparación ni tampoco se evidencia un cambio sustancial en cómo se procede con los niños.

La separación que se propone ya existe en la práctica, lo que no obsta que debiese reforzarse. A pesar de que el Sename era responsable tanto de los niños que requerían protección como de los infractores, éstos estaban divididos en tres áreas: protección, justicia juvenil y adopción, con centros de internación y centros residenciales distintos.

Pese a que casi de la totalidad de las atenciones (un 98%) son realizadas por  las instituciones privadas que colaboran, la nueva iniciativa que se propone genera mayores restricciones para la sociedad civil. En la práctica, el proyecto plantea una serie de sanciones para las instituciones privadas que vulneren la atención de los niños, sin embargo, no queda estipulado que éstas se apliquen a las instituciones administradas directamente por este Servicio. Al respecto, recordemos que las dos muertes que ocurrieron en 2016 fueron en centros administrados directamente por el Sename.

En cuanto al financiamiento, sólo se aumenta el límite máximo de la subvención que pueden recibir los centros residenciales administrados por entidades acreditadas y no se asignan mayores recursos a otro tipo de programas que permiten tratar y recuperar a los niños. Se debe tener en cuenta que, en promedio, una institución privada que tiene un niño en su centro de residencia recibe aproximadamente más de $260 mil mensuales por cada menor, mientras que un centro de administración directa más que triplica esa suma.

Existe un gran consenso sobre la necesidad de generar medidas apropiadas para proteger mejor a los niños. Sin embargo, nos preocupa que el foco nuevamente se ponga en proteger la intervención que realiza el Estado, en desmedro del importante rol que cumple la sociedad civil para el sistema de protección de la infancia. En la práctica, esto último genera una de las mayores injusticias, al discriminar tanto en los recursos como en la preocupación que reciben los niños que son asignados a las entidades acreditadas, en relación a los que asisten a los programas administrados directamente por el Estado.

Columna de Paulina Henoch, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-