14 de Abril de 2017

Rebaja de jornada laboral: seamos responsables

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Luego que la mesa de la Cámara de Diputados declarara inadmisible el proyecto de ley impulsado por el Partido Comunista que rebaja la jornada ordinaria máxima de trabajo de 45 a 40 horas semanales, a través de una votación en sala se admitió a tramitación esta iniciativa, rechazando así su inconstitucionalidad.

Si bien Chile es el quinto país de la OCDE que registra mayor cantidad de horas trabajadas, con un promedio al año de 1.990 horas, el mismo organismo nos posiciona como el segundo país con menos productividad, lo cual nos habla de un problema en nuestro mercado del trabajo respecto del cual es imperioso hacerse cargo.

Muchos países han rebajado la jornada de trabajo de manera paulatina, pero no por simples razones de populismo, sino más bien a raíz de aumentos de productividad, avance en el desarrollo tecnológico y la existencia de mayor flexibilidad en sus mercados laborales.

En Chile, durante las últimas décadas también se ha rebajado la jornada de trabajo máxima de 48 a 45 horas y la cantidad de horas promedio trabajadas también ha disminuido, sin embargo, seguimos al debe en materia de productividad.

Este proyecto en su fundamentación compara a Chile con Holanda, señalando que en nuestro país se trabaja 45 horas a la semana mientras que en Holanda el máximo de horas por contrato es de 29. No obstante, llama la atención que los autores del proyecto no se hagan cargo de la razón por la que en Holanda el PIB es más de 3 veces superior al de Chile y que en aquel país existe mayor generalización de trabajo a distancia, contratación part time y trabajadores freelance.

Es tarea de todos avanzar en generar políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las personas, pero avanzar hacia una rebaja de jornada por ley merece considerar los efectos que esto pudiera generar en el mercado laboral, principalmente en materia de precarización, informalidad laboral, nuevos empleos y remuneraciones para los contratos futuros.

Sin duda, teniendo un buen sistema de capacitación y de flexibilidad laboral pactada, la rebaja responsable de jornada debiera darse por defecto, aumentando la productividad sin afectar negativamente los sueldos y la creación de puestos de trabajo.

Por otra parte, vemos como nuevamente el Poder Legislativo se irroga potestades del Ejecutivo en lo que se refiere a materias de iniciativa exclusiva como lo es la determinación de las bases de cálculo del ingreso mínimo, cuestión que según la ley vigente depende del total de horas trabajadas.

Independientemente de la reciente votación de admisibilidad, el problema de constitucionalidad de la moción parlamentaria persiste y en tanto no sea patrocinado por el Ejecutivo –que de acuerdo a las últimas declaraciones está muy lejos de hacer- este proyecto corre el riesgo de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucionalidad.

Esta iniciativa legal, lejos de ser una buena noticia, debe ser un llamado de alerta para que en la discusión se ponderen de manera seria y responsable los efectos que pudiera generar en el empleo y en el complicado escenario económico nacional.

 

Columna de Sergio Morales, abogado del programa Legislativo de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-