23 de abril de 2017

Columna de Susana Jiménez en La Tercera: “322 y contando…”

Son los días que quedan para que termine este período presidencial. Trascurridos más de tres años de la actual administración, el balance resulta ampliamente negativo, pero podría incluso ser peor. Enfrentados a un año electoral, cuando las presiones políticas por aumentar el gasto público e ingresar proyectos de ley de corte populista están a la orden del día, la única esperanza está puesta en que el equipo económico, liderado por el Ministro Valdés, actúe de manera responsable. El problema es que el historial no es bueno y el próximo gobierno deberá aprestarse a recibir un país creciendo poco, endeudado y decepcionado.

Es sabido que la inversión ha caído por tres años consecutivos y las proyecciones para este año hacen prever que el período 2014-2017 cerrará con un magro crecimiento del PIB de 1,8% promedio (versus un 3,3% a nivel mundial de acuerdo al FMI). El menor dinamismo económico naturalmente se ha traducido en un deterioro de la situación laboral. Si bien la tasa de desempleo no ha aumentado significativamente, una serie de indicadores reflejan con claridad lo desmejorado de la situación. La tasa de creación de empleos, incluso incluyendo los empleos ejercidos en la vía pública y aquellos creados por el gobierno, es la más baja que se ha visto desde la crisis financiera internacional. Además, prácticamente la totalidad de los nuevos puestos de trabajo corresponden a cuenta propia y en las últimas mediciones se observan grandes caídas del empleo asalariado, lo que da cuenta del deterioro en la calidad de los trabajos.

¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno en todo esto? Mucha. Si bien el escenario externo tiene alguna responsabilidad en el contexto económico doméstico, ésta es acotada frente al daño que han provocado en las expectativas y en el clima de inversión las malas políticas y reformas de este gobierno, siendo la señal más evidente el que en la actualidad el escenario externo ha mejorado y Chile, en vez de aprovechar este mejor escenario global, continúa por una trayectoria mediocre como lo ha reflejado el FMI con la baja de las perspectivas de Chile para el 2017 y 2018.

Las reformas impulsadas -particular, pero no exclusivamente, la tributaria y laboral – y su discurso anti empresarial han impactado el ambiente de negocios y generado una fuerte incertidumbre para el desarrollo de la actividad productiva. La impronta del gobierno ha sido la de acusar abusos, descalificar el lucro, tipificar delitos, elevar sanciones, reducir la rentabilidad de la actividad privada, privilegiar la intervención estatal y prometer acceso a bienes y servicios “gratuitos” que no cuentan con financiamiento. El resultado, por tanto, no sorprende: se resiente la actividad privada y se exacerba el gasto público.

Es así como el gobierno dejará una herencia poco saludable. La propia DIPRES, en su proyección del escenario fiscal, habla de holguras negativas, lo que significa que los gastos comprometidos superan los ingresos esperados. Los excesos de gasto acumulados en estos años ya han elevado la deuda bruta a 21,3% del PIB -lo que equivale a ser deudores netos en un 1%, algo que no había sucedido en los últimos 12 años- y el déficit efectivo proyectado para el 2017 (de 3,3% del PIB) seguirá deteriorando el escenario al punto de poner en riesgo la clasificación de riesgo soberano.

El desafío para este último año es, por tanto, mayor. Lo primero que cabe esperar es que se cumpla con la regla fiscal. El gobierno se comprometió a reducir cada año en un cuarto de punto el déficit estructural (aunque con una mañosa metodología que la corrige cada año), lo que exige responsabilidad aun frente a eventuales alzas del precio del cobre y evitar que se comprometan mayores gastos para los años venideros. La estrategia de “chutear” gastos bajo la excusa de la gradualidad solo ha servido para disimular los impactos, llevándose el crédito de la promesa, pero endosándole el costo a los gobiernos futuros (la mal llamada “ley de inclusión” es un claro ejemplo de ello).

A nivel sectorial, el Ministro de Hacienda tiene una tarea titánica dados los malos proyectos presentados por sus colegas de gabinete o iniciativas parlamentarias patrocinadas por el Ejecutivo. Modificaciones profundas al SERNAC y al Código de Aguas o las restricciones a la economía colaborativa (Uber) son algunos ejemplos que ameritan un control de daños por parte del Ministro Valdés.

Pero también su cartera ha validado reformas que debieran ser enmendadas antes que termine esta administración. En materia educacional, la promesa de gratuidad establece un compromiso creciente en función de la carga tributaria. Lo anterior equivale a mandatar a los próximos gobiernos respecto del destino de futuras mayores recaudaciones, lo cual no se había visto nunca antes.

Y como todavía hay tiempo para hacer daño, se ha anunciado una reforma de pensiones que menoscaba las bases de un sistema que ha sido aplaudido y replicado en distintos países del mundo. En vez de avanzar en los temas donde hay consenso (elevar la tasa de cotización individual y la edad de jubilación) el Ministro, doblegado por las presiones políticas, ha anunciado un proyecto que repone parcialmente el fracasado sistema de reparto y le entrega el monopolio de la gestión de los nuevos recursos a un ente estatal.

En síntesis, cualquiera que asuma el próximo gobierno tendrá que enfrentar un escenario complejo. Es de esperar que las cosas no empeoren aún más en los 322 días que quedan.

 

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-