20 de Abril de 2017

Columna de Luis Larraín en El Líbero: “¿Impunidad o infamia?”

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El Servicio de Impuestos Internos anunció que llevará a tribunales tributarios 41 casos vinculados a financiamiento de la política, sin ejercer acciones penales contra los involucrados. El Ministerio Público, por su parte, ha declarado que dada esa decisión, en esos casos no persistirá con la persecución penal de posibles involucrados en un delito tributario.

Con esta decisión el Servicio vuelve a su doctrina tradicional, que consiste en girar (cobrar) a contribuyentes que a su juicio no han pagado los impuestos que corresponden, por haber considerado como gastos necesarios para producir la renta ciertos desembolsos que no cumplen los requisitos para ser considerados como tales. El contribuyente podrá pagar esos impuestos o recurrir a los tribunales tributarios y aduaneros. El director del SII ha declarado que esta forma de proceder es la más eficaz para lograr la mayor recaudación fiscal.

Si esto es así, y el director está en lo correcto, la anomalía estaría en los casos en que el Servicio rompió su doctrina tradicional para perseguir penalmente a quienes consideraba no habían pagado los impuestos que correspondían. Ello ocurrió en los casos Penta y SQM, en particular en el primero, donde el mismo día de la formalización de los acusados por parte de la Fiscalía Oriente el SII anunció que ejercería acciones penales, lo que habilitaba a la Fiscalía para seguir con esos procesos penales. El caso SQM seguía ese mismo camino hasta que el Ministerio Público cambió al fiscal a cargo, momento en el cual la persecución penal perdió dinamismo.

Como oportunamente se hiciera ver, el financiamiento irregular de la política no tenía una sanción penal. La estrategia de la Fiscalía entonces, empeñada en castigar a los responsables con una sanción penal, fue acusarlos de delitos tributarios. Pero nuestra legislación entrega al Servicio de Impuestos Internos la calificación de las conductas que merecen sanción penal, de modo que la Fiscalía necesitaba el concurso del SII.

Es de público conocimiento que los propietarios de las empresas Penta eran militantes de la UDI y que sus aportes a políticos se concentraban en personeros de derecha. Los medios de comunicación empezaron a entregar gran cantidad de información, filtrada desde la Fiscalía, con antecedentes acerca de pagos a políticos de derecha. El caso SQM es distinto, porque los aportes de la empresa abarcaban todo el espectro político.

¿Por qué el SII cambió su doctrina de muchos años para perseguir penalmente a los propietarios de Penta y a políticos favorecidos con sus aportes o incluso a quienes actuaron de intermediarios? ¿Por qué esa enérgica actuación de la Fiscalía perdió dinamismo, en el caso SQM, cuando se descubrió que los favorecidos eran políticos de todos los sectores, incluyendo a la actual Presidenta de la República, que financió su precampaña presidencial con esos recursos?

El ex Director del SII, Miguel Jorrat, y su ex Director Jurídico, Cristián Vargas, han hecho públicas declaraciones en que señalan que recibieron presiones desde el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Rodrigo Peñailillo, para que no se presentaran acciones penales contra políticos de la Nueva Mayoría que habían recibido dineros destinados a financiar la política, que incluían no sólo al propio Peñailillo, sino al ministro de Hacienda Alberto Arenas y otros políticos afines al Gobierno, todos los cuales habrían entregado boletas ideológicamente falsas como comprobantes contables de los pagos de las empresas.

Las declaraciones anteriores llevan a una conclusión inequívoca: el Gobierno de Michelle Bachelet decidió utilizar a organismos del Estado, en particular al Servicio de Impuestos Internos, para perseguir a sus adversarios políticos. Cuando el tema se dio vuelta y se vino contra ellos, porque los favorecidos con aportes irregulares de empresas incluían a destacados personeros oficialistas, se presionó desde el Ministerio del Interior para detener el ímpetu persecutorio.

La presión rindió frutos y el increíble resultado es que no se ha formalizado a políticos de la Nueva Mayoría, sino sólo a sus adversarios. Esta es una conducta de la mayor gravedad, más grave que todas las infracciones de financiamiento de la política, porque atenta contra la esencia misma de un Estado de derecho.

Si el director del SII, Fernando Barraza, está equivocado, quiere decir que muchos políticos y empresas quedarán impunes. Si está en lo cierto y sus detractores están equivocados, entonces sus antecesores cometieron una infamia al perseguir penalmente sólo a los propietarios de Penta y los políticos favorecidos por sus aportes.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-