26 de marzo de 2017

Columna de Susana Jiménez en La Tercera: “Crecimiento: ¿quién se hace cargo?”

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A días de terminar el verano –casualmente un mismo domingo, pero a través distintos medios- los Ministros Valdés y Eyzaguirre notificaron a los chilenos que la economía del país tenía un problema estructural. En particular, sindicaron la pérdida de dinamismo de las exportaciones, que se evidencia desde hace más de 10 años, como una de las causantes principales del bajo crecimiento de la economía chilena. “Da la impresión de que se nos olvidó inventar nuevos negocios para exportar…”, dijo el Ministro de Hacienda; a lo que se sumó el “necesitamos pasar a una nueva fase exportadora”, del Secretario General de la Presidencia. La seguidilla de cartas, entrevistas y columnas de ex – autoridades, académicos y otros expertos dan cuenta de la batahola que causaron estas declaraciones.

Las cifras revelan que el diagnóstico de los Ministros tenía elementos correctos, pero era incompleto. En efecto, las exportaciones, medidas como porcentaje del PIB, alcanzaron su peak hacia mediados de la década pasada, mostrando una gradual reducción durante los años siguientes. Por cierto, algo similar ocurrió en el resto del mundo: de acuerdo al FMI, el comercio mundial que crecía al doble del ritmo de expansión de PIB entre 1985 y 2007 ha tendido en los últimos años a converger a una misma tasa. El problema es que Chile ha perdido en términos relativos, pues también su participación en las exportaciones globales se ha visto reducida.

La pregunta que cabe es cuáles son las causantes de esta situación. Las cifras comparadas entregan algunos indicios: entre 2004 y 2016 Chile ha retrocedido en el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum del lugar #22 al #33. Las razones apuntan consistentemente hacia temas como la falta de flexibilidad del mercado laboral, el déficit de infraestructura y la dificultad para hacer negocios, entre otros. Algo similar se desprende de otros índices internacionales, como el Doing Business del Banco Mundial, donde Chile cae en los últimos 10 años del lugar #25 al #57.

Pero, tal como lo señalara la propia autoridad, la pérdida de competitividad que ha vivido Chile no es una novedad. Prueba de ello es que desde inicios de esta década se han elaborado sucesivas agendas de trabajo en busca de elevar la productividad e impulsar la competitividad del país. Muchas de las recomendaciones han surgido del diálogo entre el Ejecutivo y los distintos sectores productivos, traduciéndose en la propuesta de más de un centenar de medidas. A ello se sumaron el año pasado las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Productividad y las iniciativas entregadas por la CPC.

Se podría argumentar, entonces, que ha habido un diagnóstico compartido; sin embargo, los avances han sido tímidos, engrosando así la agenda de medidas necesarias pero que, incomprensiblemente, aun siguen pendientes. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué, si el escenario era tan claro, no se empujaron las acciones necesarias para mejorar la productividad, reducir la burocracia, renovar la infraestructura, modernizar los servicios del Estado, y un largo etcétera?

Peor aún, habida cuenta que el país tiene problemas de productividad y competitividad hace casi una década, no se entiende que se priorizara el implementar una reforma tributaria que castiga el ahorro y desincentiva la inversión. Los efectos parecen evidentes si se considera que la tasa de ahorro en 2016 llegó al nivel más bajo desde 1987, y la inversión lleva tres años consecutivos de caída. Tampoco parece razonable haber realizado una reforma laboral que busca ligar las remuneraciones de los trabajadores al poder de presión de los sindicatos, desincentivando el premio al esfuerzo individual y desligando la productividad laboral de las condiciones salariales.

En este contexto, es imposible eludir la discusión sobre el impacto que han tenido las reformas en la desaceleración de la economía, más aún cuando sus posibles efectos fueron advertidos tempranamente durante su tramitación. La autoridad parece además decidida a perseverar con otra reforma, la constitucional, que constituye una nueva amenaza ante un posible debilitamiento de los derechos de propiedad y cambios aun desconocidos en las reglas de juego para la actividad productiva. 

Y no son éstas las únicas iniciativas legislativas que ha patrocinado el Ejecutivo. Éstas van desde modificaciones al Código de Aguas y la incursión del Estado en actividades propias del sector privado (como energía, tarjetas de prepago y AFP), hasta modificaciones regulatorias que limitan las posibilidades de rentabilizar proyectos de inversión (ley de gas de red, estacionamientos, etc.). Todo ello tiene un inevitable efecto en el sector empresarial, que se ha visto reflejado en un índice de confianza de los empresarios y sus expectativas de futuro para la economía relegado al terreno pesimista hace ya 34 meses.

Si de algo ha servido la discusión, es que al menos vuelve a levantar el tema más urgente que debe enfrentar la economía chilena en los próximos años, y que no es otro que elevar el crecimiento. Para ello, será necesario reconocer y corregir los problemas que dejaron las reformas aprobadas, promover políticas que configuren un ambiente más proclive a los negocios y retomar las múltiples agendas pro productividad. Parte de este proceso supone también desregular (algo que suele estar ausente en las agendas del Poder Ejecutivo y Legislativo) y volver a confiar en la capacidad del sector privado, que ante los incentivos correctos, no tarda en reaccionar.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-